“El por qué de la violencia, fue la reacción de la élite terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses, ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras”, concluyó el experto en sociología política y militar, Héctor Rosada Granados, en su dictamen pericial que presentó en la novena jornada de audiencias del caso Sepur Zarco.
Rosada Granados fue propuesto como perito por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, por medio de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, del Ministerio Público (MP). El experto, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la institución militar en Guatemala y América Latina, ofreció las conclusiones de su peritaje sobre el contexto sociológico-militar de 1982 y 1983, años en que se cometieron delitos de lesa humanidad contra 11 mujeres q’eqchís. (Catalogados como crímenes de guerra y elemento constitutivo de genocidio)
El experto también testificó que en la comunidad de Sepur Zarco, ubicada en El Estor Izabal, no hubo actividad guerrillera durante el conflicto armado. Según dijo, su afirmación se sustenta en las consultas que hizo a “los dos bandos”. Rosada Granados posee amplia experiencia y antiguas relaciones con excomandantes guerrilleros y altos mandos del ejército, debido a su trabajo como negociador de los Acuerdos de Paz y por las investigaciones que ha realizado durante su carrera como investigador social.
“Altos mandos de la guerrilla me garantizaron que no hubo acercamiento a ese lugar (Sepur Zarco”, expresó Rosada, en relación a la tesis que afirma que los destacamentos militares se ubicaron en zonas donde la guerrilla tenía presencia y actividades de coordinación con poblaciones locales.
El “Modus operandi”
Rosada también explicó al tribunal que los operativos tácticos usados en Sepur Zarco fueron parte de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecutó el ejército durante el enfrentamiento armado en Guatemala.
En su dictamen, Rosada narró cómo se desarrollaba dicho plan táctico militar en áreas consideradas por el ejército “en conflicto interno”, como lo fue Sepur Zarco. Tal situación derivaba, de acuerdo con el perito, de la denuncia que alguien de la comunidad hacía sobre la presunta presencia guerrillera. En este caso “el conflicto generó diferencias entre la élite y campesinos”, dijo.
Luego de la denuncia, el ejército se ubicaba el lugar, se establecía el operativo militar para el control, que implicaba el seguimiento y captura del sujeto implicado; en este caso, los campesinos que gestionaban la titulación de la tierra, de acuerdo con Rosada.
“Había torturas públicas para implantar el terror”, además de observación y patrullajes permanentes en el lugar, como ocurrió en varias comunidades de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, donde se ubicaron varios destacamentos militares que cumplieron dichas funciones.
“Se capturaba a pobladores con violencia, preferentemente a las mujeres. Las llegaban a buscar cuando los esposos ya no estaban (porque los había detenido), y (los soldados) se imponían como los esposos. Así se da el proceso de esclavitud sexual”, explicó el perito.
En Sepur Zarco, además de ser violadas sexualmente y esclavizadas sexual y laboralmente, las mujeres fueron obligadas a lavar la ropa y cocinar la comida de la tropa. También fueron forzadas “a bailar para los soldados para destruir el contexto de la comunidad”.
Los perpetradores de la violencia sistemática contra las mujeres q’eqchís fueron los militares, pero también “los miembros del equipo de los perpetradores: comisionados militares y sus colaboradores, jefes de patrulla y patrulleros”, concluyó el perito.
Por Equipo de Comunicación