Tardó 34 años pero, finalmente, llegó. El mes pasado se hizo justicia para las sobrevivientes de Sepur Zarco, un grupo de 15 mujeres indígenas q’eqchi que fueron abusadas sexualmente y explotadas laboralmente luego de que sus esposos fueran asesinados, durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. El coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez fueron encontrados culpables por los delitos de esclavitud sexual y doméstica, y fueron condenados a 120 y 240 años de prisión respectivamente el pasado 29 de febrero.
La sentencia, además de traer una demorada y necesaria justicia, hizo historia. El caso Sepur Zarco –como fue conocido por el nombre de la base militar donde se cometieron los crímenes– supuso la primera vez en que delitos de violencia sexual cometidos en medio del conflicto armado interno de 36 años se juzgan ante una corte penal guatemalteca. No sólo eso, sino que se dio en un país donde la impunidad es un fantasma constante que impide el avance de otros juicios por violaciones de derechos humanos. Un país donde, además, la violencia de género está naturalizada, donde es cotidiana: Guatemala tiene la tercera tasa más alta de feminicidios del mundo. “En un sistema patriarcal [el abuso sexual] siempre es responsabilidad de las mujeres, porque nosotras lo provocamos o no nos defendimos lo suficiente. Las denunciantes han vivido todos estos años con ese estigma, desde su familia y su comunidad,” explica la abogada Paula Barrios, directora de de Mujeres Transformando el Mundo.
El caso también sentó un precedente a nivel internacional: fue la primera vez en el mundo que el delito de esclavitud sexual durante un conflicto armado fue juzgado en el mismo país donde fue cometido.
El camino recorrido para llegar a este hito en la historia de los derechos humanos –desde que se cometieron los múltiples abusos en 1982 hasta que se condenó a los responsables en 2016– fue largo y difícil.
La violencia
Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un intenso conflicto armado interno: los militares que estaban en el Gobierno buscaban eliminar a las guerrillas de izquierda que desafiaban su poder. En medio de esta cacería indiscriminada, la población civil también se volvió blanco de violencia estatal. Con la excusa de asfixiar a los grupos armados, se cometieron atrocidades contra las poblaciones campesinas, mayoritariamente indígenas, a quienes acusaban de ayudar al “enemigo interno.”
De las estimadas 200.000 personas que murieron, 83% eran de origen maya, de acuerdo al reporte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, liderada por las Naciones Unidas. Incluso se cometió un genocidio contra la población maya ixil en 1982, por el que aún no se logró justicia.
Fue en este contexto en que los militares llegaron a la región de Izabal, entre 1982 y 1983. Allí construyeron el destacamento de Sepur Zarco para resguardar a los adinerados propietarios de las fincas de la región. Los hombres indígenas fueron las primeras víctimas, a varios los hicieron desaparecer o los asesinaron. Luego fueron por las mujeres que quedaron viudas: las llevaron al destacamento donde las mantuvieron como esclavas. Bajo amenazas de muerte, las obligaron a realizar tareas domésticas y las violaron sistemáticamente, por seis meses o más en algunos casos.
Contar la violencia
La violencia sexual cometida durante el conflicto armado interno no fue visibilizada en los reportes de abusos realizados luego de los acuerdos de paz de 1996, y menos aún castigada. “Silenciar la violación sexual que se cometió contra las mujeres, y masivamente contra las mujeres mayas durante el conflicto armado, es hacer que no exista”, escribe Yolanda Aguilar Urízar en “Tejidos que lleva el Alma,” una investigación que compiló estos crímenes.
Para conseguir justicia, las mujeres indígenas primero tuvieron que agruparse, organizarse y animarse a hablar. No fue nada fácil. Para lograrlo, contaron con el apoyo de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y Mujeres Transformando el Mundo (MTM). En 2009, estas tres organizaciones unieron fuerzas para formar la Alianza Rompiendo en Silencio y la Impunidad, un espacio de acompañamiento a las víctimas en el ámbito penal. Era necesario también cambiar la percepción de las comunidades indígenas sobre la violencia de género, desnaturalizarla y hacerles ver la necesidad de buscar justicia.
“Trabajamos durante un año con 100 mujeres de diferentes comunidades para pensar en llevar el caso a la justicia penal formal, [luego de que] estuvimos dos años recogiendo testimonios” cuenta la abogada Barrios a United Explanations via Skype. En marzo de 2010 realizaron un Tribunal de Conciencia, un “juicio simbólico” por la violencia sexual cometida durante la guerra, que sirvió como un “ejercicio pedagógico” sobre cómo juzgar este tipo de delito. El ensayo fue exitoso, y decidieron que había llegado el momento de recurrir a la justicia formal. Como primer caso para impulsar penalmente eligieron el de Sepur Zarco, porque era el que agrupaba a más víctimas: eran 15 las mujeres que tuvieron relación con el destacamento militar.
Los preparativos para la presentación judicial sirvieron también como un espacio de empoderamiento y para darles voz. “Fue un proceso largo para vencer el miedo”, cuenta Barrios. Para brindar apoyo, la UNAMG, MTM y la organización Jalok U (que agrupaba a las supervivientes q’eqchi) se presentaron como querellantes junto a las víctimas. La participación de las sobrevivientes fue fundamental para que avanzara el caso. Fueron ellas quienes intervinieron cuando el Ministerio Público se demoró en detener a los acusados en el caso. “De repente se revirtieron los roles: la víctima termina pidiéndole al Ministerio Público que siga con el caso,” recuerda la abogada. Después de seis años, lograron que el caso llegara a los tribunales. El proceso incluyó la exhumación de los cadáveres de los esposos de las víctimas, pericias, testimonios, investigación de las declaraciones. Durante este tiempo, una de las 15 mujeres falleció por cáncer. La necesidad de obtener justicia se hacía cada vez más urgente para las mujeres, abuelas, de Sepur Zarco.
El juicio
El juicio finalmente comenzó el 1 de febrero de este año. Verlas en el tribunal ya era llamativo. Un grupo de mujeres mayores, indígenas, analfabetas y monolingües (la mayoría habla q’eqchi, no español), condiciones que por lo general implican la exclusión del sistema de justicia, se enfrentaba a quienes por más de 30 años monopolizaron el poder y ejercieron la violencia sin restricciones en Guatemala.
“Este caso rompe con todo eso y genera una expectativa y una posibilidad de lograr justicia. Es un acto de devolverle la vergüenza y el estigma al agresor, y despojarse ellas de eso con que han vivido por tantos años”, reflexiona Barrios.
Para que las mujeres no tuvieran que revivir el trauma sufrido testificando, se reprodujeron los relatos de las víctimas dados como adelantos de prueba durante una audiencia judicial en 2012. El primer testimonio fue el del Felicia Cuc. Contó que en 1982 algunos soldados entraron en su casa en Sepur Zarco y se llevaron su marido a la fuerza. No lo volvió a ver. Él estaba involucrado en los esfuerzos de los campesinos para obtener los títulos legales de las tierras comunitarias, agregó. Después, se la llevaron a ella a la base de Sepur Zarco, donde estuvo detenida por seis meses. Fue forzada a trabajar y violada. “Éramos muchas mujeres … Abusaban de nosotras todo el tiempo. No había forma de decir que no. Si nos resistíamos, nos amenazaban”, contó Cuc.
“Fui violada múltiples veces”, relató Catalina Rax, por oficiales del Ejército que llegaron a su comunidad. Por temor a lo que podría pasarle a sus hijos, decidió esconderse con ellos en la montaña. “Yo pensé que ahí mis hijos se iban a salvar y ¿qué fue lo que pasó?, que allí se murieron de hambre” por la falta de alimentos y refugio, contó Rax, según la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.
A pesar de la crueldad expuesta por los testimonios de las víctimas, el abogado de la defensa sugirió que las mujeres no habían sido violadas, sino que se habían “prostituido.” La jueza, Yasmin Barrios, descartó esta teoría, así como otros intentos de la defensa de obstaculizar el avance del juicio.
Las mujeres fueron violadas y explotadas, las trataron “peor que animales, obligándolas a tener relaciones sexuales de forma violenta, a través de la fuerza, amarrándolas, amenazándolas con armas o indicándoles que las iban a matar si no accedían”, dijo la jueza en la sentencia hecha pública el 29 de febrero. “No contentos con las violaciones a las mujeres, las degradaron con trato humillante, obligándolas a trabajar de forma forzada en la elaboración de alimentos y lavado de ropa sin recibir ningún pago… Este tipo de hechos no deben volver a repetirse”, concluyó.
Reparaciones
Aunque los indígenas representan el 60% de la población de Guatemala, siguen siendo postergados. El 40% de los indígenas viven en extrema pobreza, comparado con el 13% de la población no indígena, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014. La comunidad de Sepur Zarco no escapa a esta situación.
“Aún hay esclavitud en la región; los terratenientes siguen controlando el acceso a la tierra y la explotación de los recursos de la zona; no hay oportunidades para el desarrollos de las niñas y adolescentes”, cuenta Barrios. Es por eso que, a modo de reparación por las violaciones sufridas, las víctimas solicitaron que se concrete el acceso a derechos básicos para su comunidad.
El 7 de marzo, el Tribunal ordenó a los condenados pagar compensaciones a las mujeres que sufrieron abusos y a las víctimas de desapariciones forzadas. Al Ministerio Público le encomendó que continúe con la investigación sobre el paradero de los desaparecidos en Sepur Zarco. Además, decidió que se construyera un centro de salud y que se mejorasen las escuelas de la región. Los militares serán educados en derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres. La sentencia deberá ser traducida a las 24 lenguas mayenses; la lucha de las mujeres de Sepur Zarco se reflejará en libros escolares, documentales y monumentos.
La imagen de las denunciantes con sus cabezas y rostros cubiertos por coloridos perrajes, como son llamadas las mantas de algodón en algunos países centroamericanos, se volvió representativa del juicio. “Usamos el perraje porque estamos buscando la justicia y todavía no hemos conseguido lo que queremos”, explicaba una de las mujeres mientras se desarrollaba el juicio. “Donde vivimos estamos rodeadas de enemigos. Estamos diciendo la verdad, pero muchos de los responsables no aceptan lo que hicieron con nosotras.”
Días después de la sentencia, las mujeres asistieron a un acto por el día de la dignificación de las víctimas en su comunidad. Subieron a una tarima y frente a los asistentes –vecinos, familiares y conocidos– mostraron orgullosamente sus rostros para decir “nosotras fuimos las que llevamos el caso y logramos la sentencia,” contó emocionada la directora de MTM.
Texto tomado de: United Explanations www.unitedexplanations.org