POR CLAUDIA PALACIOS
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Una propuesta de la diputada Sandra Morán, del partido Convergencia, llamó la atención debido a que trata un tema polémico: el aborto. Sin embargo, el espíritu de la iniciativa no es la despenalización de la interrupción del embarazo, sino generar una discusión para desarrollar una política pública de reparación digna y transformadora para víctimas de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada en niñas y adolescentes.
Un informe presentado esta semana por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre la atención a víctimas de violencia sexual y maltrato reveló que los embarazos en menores de 14 años casi se duplicaron de 2011 a 2015.
El año pasado se registraron un total de mil 271 embarazos de menores de 14 años, lo que supone un 89 por ciento más que en 2011. En tanto, en lo que va del año son ya 878 los registrados.
El marco legal del país tipifica como “estupro mediante inexperiencia o confianza” sostener relaciones sexuales con niñas menores de 14 años y establece penas de meses a dos años para los agresores.
El año pasado se intentó reformar el Código Penal para incrementar la edad a 16 años y subir la pena hasta 12 años de prisión, pero el Congreso rechazó la modificación.
La cultura de la violencia sexual en Guatemala se extiende a todas las edades. Tan solo en los primeros cinco meses del año en curso se denunciaron ante el Ministerio Público (MP) 2 mil 337 casos de delitos sexuales contra mujeres, sector que concentra el 88 por ciento de las agresiones.
El informe de la PDH da cuenta de grandes debilidades en la atención estatal a las víctimas de agresiones sexuales, entre ellas la falta de cobertura por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), atribuida a problemas presupuestarios, en el acompañamiento a las víctimas menores de edad a lo largo del proceso judicial.
LA PROPUESTA DE DIÁLOGO
En ese contexto, Mujeres Transformando al Mundo (MTM), una organización que acompaña a mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de otros tipos de violencia, se alió con la diputada Sandra Morán para generar una propuesta de política pública de reparación digna y transformadora para víctimas de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada en niñas y adolescentes,
“En principio es una alianza con MTM, que son abogadas que litigan casos de violencia sexual en niñas y adolescentes. Con base en esta experiencia y a la problemática que ellas conocen de primera mano, empezamos a pensar en la necesidad de encontrar un camino que permita que el Estado genere acciones a favor de la vida de estas niñas, porque el Estado no ha tenido la capacidad de protegerlas en primera instancia”, señala Morán.
Por el momento la iniciativa continúa en fase de construcción y diálogo con las instancias que tienen interés en el tema. “Estamos invitando a distintas organizaciones sociales de mujeres u organizaciones sociales en su conjunto. Yo estoy convocando a la institucionalidad del Estado que tiene que ver con, que tendrá, en algún momento, que hacer algo con respecto a la niña o a las niñas. Está el Organismo Judicial, el Ministerio Público, está la Procuraduría General de la Nación, está Derechos Humanos, está el Ejecutivo y está el Congreso”, aseguró la diputada.
El pasado 28 de julio se instaló la primera mesa de discusión y en agosto se realizó la segunda. De acuerdo con Morán, una tercera reunión se celebrará en septiembre y una cuarta en octubre. “Para entonces ya tendremos muchísimo más claras las distintas acciones que hay que tomar”, explicó.
ENFOQUE REPARADOR Y TRANSFORMADOR
Un diagnóstico de MTM realizado en 2015 sobre la reparación en casos de violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres constató que a la fecha no se ha logrado ejecutar ninguna sentencia sobre reparación a mujeres sobrevivientes de violencia.
La reparación es el último eslabón en la cadena de la justicia. La Ley contra el Femicidio establece que después de una sentencia condenatoria debe establecerse un resarcimiento a la víctima, el cual se entiende como “el conjunto de medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo”.
“El resarcimiento deberá caracterizarse por su integralidad y comprende además de indemnizaciones de carácter económico, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social”, indica la normativa.
Por ello, de acuerdo con Paula Barrios, directora de MTM, la iniciativa para una política a favor de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual busca desarrollar mecanismos para que puedan continuar con sus proyectos de vida.
Aunque, en parte, es el agresor quien debe asumir la reparación, según Barrios el Estado también juega un papel importante. “Las directrices de la ONU para la reparación de violencia sexual en contextos de conflicto y posconflicto establecen cinco principios: restitución, rehabilitación, indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Eso es como un esquema. Dentro de esos principios se encuentra la reparación que le corresponde al Estado, a parte de la reparación que debe cumplir el condenado”, indica.
LA POLÉMICA
Pese a que aún no existe una iniciativa formal de política, ya se han esbozado algunas propuestas de atención al problema.
Una de ellas es dar a las víctimas la posibilidad de interrumpir el embarazo; sin embargo, Barrios aclara que no es uno de los temas centrales, ni el objetivo de la iniciativa.
“Hay medidas inmediatas que se podrían tomar antes de que existiera una sentencia, y ahí es donde nosotros hablamos de la posibilidad de interrumpir el embarazo en casos de violencia sexual. Esto es solo una de las opciones, otra puede ser la adopción y otra puede ser proveerle a esa niña todo lo necesario para la manutención del niño. Lo que sucede es que actualmente esa responsabilidad ha quedado únicamente en atribuir a la niña, como única responsable de ese niño o niña que nace a consecuencia de una violación”, explica.
En cuanto a la polémica desatada, Sandra Morán señala: “Estas niñas no fueron protegidas ni por el Estado, ni por su familia. Al revés, muchos familiares son los que provocan ese estado en el que ellas se encuentran. Resulta que las niñas son forzadas porque no hay otra opción más que tener el bebé, esa es la única opción que tenemos ahorita, son forzadas y resulta que tienen el bebé ¿y qué pasa con ellas? tienen 10 años y tienen un bebé. No estamos hablando del aborto como una única solución, lo que pretendemos en un diálogo para desarrollar un cumulo de acciones reparadoras, donde el Estado en conjunto tiene que actuar, hay toda una cantidad de instituciones que tienen que ver con la vida de esa niña”.
OPOSICIÓN
Sin embargo, algunos sectores religiosos y conservadores ya expresaron su oposición al proyecto propuesto por MTM y Convergencia.
Karly Rodríguez, de La Familia Importa, una de las organizaciones que se ha pronunciado contra la política señala que ya existen las leyes que permiten una atención adecuada a las víctimas de violencia sexual, así como recursos destinados a este fin, “el problema es que no se cumplen”.
“(A la víctima) debe proveérsele apoyo psicológico de inmediato, el Estado podría valerse de los recursos con los que ya cuenta y podría apoyarse para esto en universidades y otras instituciones que ya ayudan en este sentido. La víctima de abuso ha sufrido amenazas, manipulación psicológica, abuso sexual, y el embarazo lo que ha hecho es ponerlo en evidencia. No se le debe tratar por el embarazo, sino por todo lo que ha sufrido antes del embarazo a manos del agresor”, explica.
La principal preocupación de La Familia Importa es la propuesta de interrupción del embarazo. “Se asume que las víctimas desearían naturalmente tener abortos cuando hay estudios que indican lo contrario en un altísimo porcentaje. Hoy día se plantea el ‘Protégeme del embarazo’ cuando a la víctima debemos protegerla del agresor”, señala.
“La Asociación La Familia Importa sirve de plataforma ciudadana para la defensa de los derechos humanos fundamentales, siendo el más fundamental de ellos el derecho a la vida. Trabajamos con otras 42 organizaciones, algunas de ellas que trabajan para ayudar directamente a la mujer con embarazos en una situación de dificultad y sabemos que las mujeres, adolescentes y adultas, salen adelante si se les presta una ayuda adecuada y de acuerdo a su dignidad”, agrega.
“Lo que sucede es que actualmente esa responsabilidad ha quedado únicamente en atribuir a la niña, como única responsable de ese niño o niña que nace a consecuencia de una violación”. Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo