En el marco del 28 de mayo, Día de acción por la salud de las mujeres, La Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, exigimos al Estado la reparación para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia contra la mujer, vulnerando su derecho a la salud física, psicológica y sexual.
La violencia sexual contra sus cuerpos es parte del continuum de la violencia y atenta contra su integridad humana. En el corto plazo las víctimas son vulnerables a sufrir diversas afectaciones a su salud física y reproductiva, aumenta el riesgo de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, y, si a consecuencia de la violencia sufrida, la agraviada debe enfrentar un embarazo forzado, los efectos se prolongan a mediano y largo plazo.
En la niñez y adolescencia, los efectos son más nocivos aún. La maternidad en edades tempranas implica un cambio drástico que irrumpe en su plan de vida, compromete su futuro porque se interrumpe su educación o a menos, la retarda y debe enfrentar, sin redes de apoyo o políticas públicas que la amparen, la crianza de un hijo o hija. El efecto negativo se constata también en sus posibilidades de insertarse en el ambiente laboral, ya que con escasa formación académica tendrá pocas o nulas posibilidades de ingresar al mercado formal de trabajo.
Desde 2009 a la presente fecha, se cuenta con más de 25 mil casos de niñas menores de catorce años que han sido sometidas a un embarazo forzado a consecuencia de una violencia sexual y a una maternidad forzada. El Instituto Nacional de Ciencias forenses (Inacif) realizó 21 mil 232 reconocimientos médicos por delitos sexuales entre el 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2015; de los cuales 18 mil 794 correspondían a mujeres (88.5%), en el mismo período, el Ministerio Público (MP) obtuvo 1 mil 275 sentencias, de esas 974 condenatorias, ante esta problemática ¿Qué respuesta se les da desde el Estado?
Estos daños que se producen en su vida y salud debe tener una respuesta efectiva de parte del Estado que les permita la restitución de sus derechos, disminuidos o negados y se creen las condiciones necesarias para que continúe con su proyecto de vida.
La Constitución Política de la República de Guatemala afirma que es el Estado el encargado de proteger la salud y prestar servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y coordinación, además, debe respetar la salud de la población, no poniéndola en riesgo, sin embargo es visible que nada de esto ha sucedió para las víctimas de violencia sexual.
Guatemala, por ser país signatario de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, está comprometido a adoptar todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para eliminar la discriminación contra las mujeres.
Por todo esto, y en base al incremento de niñas, adolescentes y jóvenes guatemaltecas que son víctimas de violencia sexual, obligadas a ejercer una maternidad y embarazo no deseado, reivindicamos las acciones afirmativas necesarias y las reformas pertinentes al Código Penal para que se promueva la prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual, y contra la mujer, así como los servicios de salud necesarios para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.
De esa forma el Estado estaría contribuyendo efectivamente a la reparación digna que la víctima de violación sexual y de violencia sexual debe recibir, así como en la reconstrucción integral de los proyectos de vida de las sobrevivientes de estos delitos.