Category: Sepur Zarco

Después de llevarse a cabo la audiencia de Reparación Digna para las sobrevivientes de Sepur Zarco, tomando como base los Convenios y Tratados sobre Derechos Humanos, La Constitución Política de la República de Guatemala y el contenido del artículo 124 del Código Procesal Penal el cual establece Derecho a la reparación digna.

El Tribunal presidido por la Jueza  Iris Yassmin Barrios,  tomando en cuenta los dictámenes periciales y prueba producida en el debate, por unanimidad declara con lugar la petición de reparación digna solicitada por las víctimas a través de las instituciones que actúan como Querellantes Adhesivas, en la siguiente forma:

En reparación individual  a las Mujereas Víctimas, el Tribunal fija la cantidad de Quinientos mil quetzales, para cada una de las víctimas (en total 11 mujeres q´eqchis) dicha cantidad la deberá pagar el acusado Esteelmer Francisco Reyes Girón en concepto de daños y perjuicios a las víctimas.

En relación a la reparación individual a las víctimas de desapariciones forzadas, el Tribunal fija la cantidad de doscientos cincuenta mil quetzales para cada una de las víctimas (en total 7 hombres), el total lo deberá pagar el acusado Heriberto Valdez Asig, en concepto de daños y perjuicios a los familiares de las víctimas objeto de desaparición. 

Asimismo el tribunal  ordenó al Ministerio Público que continúe con la investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y comunidades vecinas, lo que deberá realizarse con la colaboración de los familiares de las víctimas.

Ordenó al Ministerio de Salud Pública para que a mediano plazo construya e instale un Centro de Salud tipo “A” En la comunidad Sepur Zarco con todas las medicinas necesarias

Asimismo ordenó al Ministerio de Educación que se mejore la infraestructura de las  escuelas de educación primaria de las comunidades San Marcos, Poonbaac,  La Esperanza y Sepur Zarco. También ordenó que se instale un establecimiento de Educación Media Bilingüe  que garantice el derecho a la educación de niñas adolescentes y mujeres, asimismo que otorgue becas de estudio en los tres niveles de educación para la población de Sepur Zarco.

También al Ministerio de Educación el Tribunal ordena que en los programas de estudio y libros de texto se incluya lo relacionado al caso de las Mujeres de Sepur Zarco.

Al Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura el Tribunal ordena la elaboración de un documental que se refiera al caso de las  Mujeres de Sepur Zarco. También ordena a ambos ministerios que la sentencia del caso de Sepur Zarco sea traducida a los veinticuatro  Idiomas mayenses.

Y al Ministerio de Cultura y Deportes ordena realice proyectos culturales dirigidos  a las mujeres de Sepur Zarco.

Que a través de los Comités de  Desarrollo de Sepur Zarco, San Marcos, La Esperanza y Poonbaac, se realicen las gestiones necesarias para  dotación  de servicios básicos en las comunidades y en las viviendas de las víctimas

El Tribunal ordena que las instituciones que actúan como Querellantes Adhesivas, inicien el trámite ante las autoridades respectivas, para que se reconozca el día veintiséis de febrero como Día de las Víctimas de  Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica. Asimismo les ordena que  realicen las gestiones necesarias ante el Congreso de la República, en relación a la Ley de Desaparición Forzada.

Se ordena a la Municipalidad de El Estor,  que en el plazo de un año, se construya un monumento que represente la búsqueda de justicia de las Mujeres de Sepur Zarco

El Tribunal ordena al Ministerio de la Defensa Nacional que en los cursos de formación militar, se incluyan  cursos de derechos humanos de las Mujeres y legislación de prevención de la Violencia contra la Mujer.

Se ordena al Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación, que se coordine lo relativo a la seguridad de las  integrantes de las organizaciones Querellantes, Equipo legal, las víctimas y sus familiares, debiendo enviarse los oficios correspondientes.

Tomando en cuenta que el peritaje histórico registral aporta información que existen los expedientes tramitados ante el Instituto de Transformación Agraria -INTA-, que fueron iniciados por las personas desaparecidas, el Tribunal ordena que se continúe con su trámite ante la institución estatal que actualmente corresponde.

La resolución del Tribunal en la audiencia de Reparación Digna, se da después de haber finalizado el juicio Sepur Zarco en donde se condenó a 120 años de prisión inconmutables al coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón por los Delitos contra los Deberes de la Humanidad y asesinato, y a 240 años de prisión inconmutables al comisionado Heriberto Valdez Asig por los delitos de Desaparición Forzada y Delitos de Deberes contra la Humanidad.

Paula Barrios de la coordinación general de Mujeres Transformando el Mundo -MTM-mostró satisfacción por la resolución del Tribunal lo cual  catalogó como relevante ya que garantiza el cambio de vida de las niñas y adolescentes de las comunidades aledañas a Sepur Zarco,  “con las medidas de reparación acogidas por el tribunal se está garantizando que esas circunstancias cambien  y que las mujeres tengan acceso a educación vivienda y salud lo cual  abrirá muchas puertas para el futuro de Sepur Zarco y para Guatemala”, refirió Barrios. 

Por Comunicación/Mujeres Transformando el Mundo

 

Los testimonios ofrecidos por varios testigos en el cuarto día de audiencias por el caso Sepur Zarco, corroboraron que en varias comunidades de  El Estor, Izabal, hubo, al menos, tres destacamentos militares, en donde se cometieron crímenes de guerra contra mujeres y hombres q’eqchís, entre l982 y 1983.

 Las y los testigos que el Tribunal de Mayor Riesgo A escuchó este jueves 4 de febrero, dijeron haber estado detenidos en los destacamentos conocidos como Tinajas, Pataxte y Sepur Zarco.

 El ejército había negado la existencia de estos lugares, sin embargo, las mujeres y hombres que contaron su historia en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmaron que  hubo destacamentos en donde los hombres de varias comunidades fueron detenidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente, mientras otros obligados a trabajar y las mujeres violadas y esclavizadas sexualmente.

 Muchas otras mujeres fueron desparecidas y también ejecutadas extrajudicialmente, como es el caso de Dominga Coc, junto con sus hijas de 3 y 2 años, en 1982, en el destacamento de Sepur Zarco.

 “Mi yerno me contó que les hicieron mucho daño. A ella la lastimaron en su cuerpo porque la violaron”, contó doña Julia Coc, su madre al tribunal. “Vengo a decir la verdad, no a mentir. Vengo a declarar  sobre la ejecución de mi hija y de mis nietas, porque fue grande el sufrimiento de mi hija cuando estuvo en el destacamento”, aseguró la valiente testigo que cuidó a su yerno enfermo, luego de que éste escapara del destacamento de Pataxte, donde también estuvo detenida su hija.

 Dominga fue ejecutada a la orilla de un riachuelo cercano al destacamento militar, según el relato de doña Julia. Un excomisionado militar, de nombre Miguel Maas  -ya fallecido-, le confesó a la madre de Julia, que su hija fue llevada al río por los soldados y, a la orilla del río la obligaron a cavar una fosa que sirvió como su tumba y la de sus hijas.

 Doña Julia presenció la exhumación de las osamentas de su hija y nietas y reconoció los cabellos y la ropa. “Dentro de la fosa estaban sus huesos y su cabello y un rollo de hilo, que era de su ropa. Ahí encontraron los calzoncitos de mis nietas”, narró la sobreviviente.

 En el cuarto día de audiencias el tribunal escuchó los relatos de cuatro testigos hombres, además de doña Julia. Todos fueron obligados por los soldados a realizar trabajos de patrullaje, en supuesto búsqueda de “delincuentes”. Los testigos aseguraron que “nunca” vieron a quienes los militares consideraban los delincuentes.

 “Estuve mucho tiempo en Tinajas, después me llevaron a Sepur Zarco, ahí nos obligaron a trabajar”, dijo don Marcos Tut, de 76 años. Durante el tiempo en que realizó trabajos forzados, don Marcos dijo: “Nosotros estábamos en las garitas, hacíamos turnos en las entradas para que no entraran los guerrilleros. Ahí mirábamos cuando entraban y salían las mujeres a las que les hicieron daño”.

Las historias de don Domingo Tzup, Domingo Choc, Vicente Choc y Domingo Coc, son desgarradoras. Todos aseguraron haber sido obligados a trabajar en el destacamento de Sepur Zarco. Todos fueron testigos de la detención de sus familiares: suegros, padres, hermanos, vecinas y otros civiles de comunidades aledañas.

 Todos los testigos tienen en común haber pertenecido a una de las familias que realizaban gestiones para la titulación de la tierra en que vivían desde hacía mucho tiempo. Además, las tierras en que habitaban se ubicaban en el Valle del Polochic, una zona rica naturalmente, donde la represión fue brutal.

 De acuerdo con Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), las autoridades locales fueron cómplices del despojo de tierra que también sufrieron las poblaciones q’eqchís de la región. “Estos hechos se enmarcan en una región donde muchos terratenientes se fueron apropiando de grandes cantidades de tierra que la municipalidad de Panzós, Alta Verapaz, les facilitaba”.

 La querellante asegura que el caso de Sepur Zarco es evidencia de que la represión contra las comunidades del Valle del Polochic, fue una estrategia que el ejército desarrolló en complicidad con finqueros y autoridades locales, ya que los esposos de las 11 mujeres sobrevivientes, eran parte del grupo de comunitarios que gestionaba la titulación de sus tierras en el desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agrícola, (INTA).

 De la sobrevivencia a la ciudadanía

 “Las voces de las mujeres testigas tienen mucha más fuerza. Si el caso Sepur Zarco demuestra algo es la valentía de las mujeres, no solo de las que denuncian, sino de todas las que acompañan el proceso”, comentó Ada Valenzuela, representante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, organización querellante.

 La activista considera que el caso de Sepur Zarco es una oportunidad para que toda la sociedad aprenda. En especial, afirma, para que la juventud se forme.

 Las mujeres rompieron el silencio después de más de 30 años de haber sufrido todo tipo de violación a su dignidad y humanidad. Todavía la herida sigue viva y entre sollozos y lágrimas las y los testigos cuentan su verdad, con valentía recuerdan a toda una sociedad y al mundo, que el dolor y el horror provocado por la guerra no deben ser olvidados.

 “Todos los testigos han narrado hechos que cazan. Es difícil que alguien luego de escucharlo no se conmueva o dude de la verdad de los sobrevivientes”, dijo la querellante.

 Barrios consideró que: “Para los testigos no es fácil hablar de tanto dolor que han vivido. Pero es un momento importante para que se escuche su verdad desde su propia voz. Es trascendental que vengan ante un tribunal y expongan desde su propia voz lo que les pasó. Es un acto de dignidad para las mujeres y los hombres”, señaló.

 Antes y después de las declaraciones las y los testigos tienen acompañamiento y atención psicosocial. “Creo que también la sociedad guatemalteca debe responder a los testimonios, porque si no nos afecta lo que estas personas narran, con tanto dolor que marcó la guerra también necesitamos ese acompañamiento. No puede ser que no nos sorprendamos y que seamos indiferentes”, dijo Barrios.

 Las querellantes consideran que el juicio de Sepur Zarco también permite conocer una verdad que ha estado ahí siempre. Las organizaciones que acompañan a las sobrevivientes consideran que para sanar “debemos saber lo que pasó y buscar los mecanismos para resarcir a las víctimas y para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en ningún contexto con la niñez y adolescencia de este país”.

 Finalmente, Barrios explicó que las mujeres sobrevivientes tienen la oportunidad de formarse como ciudadanas. “En ese transcurrir, las mujeres se han formado en el ejercicio de su ciudadanía que es un aspecto importante del acceso a la justicia. Ellas controlan lo que está sucediendo  en esta sala de audiencias. El fin de la justicia es que las víctimas transiten a sobrevivientes y de allí a ser sujetas de derechos”, concluyó.

 Por equipo de Comunicación MTM

“Fui reclutado forzosamente por el ejército en la zona militar de Puerto Barrios, Izabal. Recibí el entrenamiento “Tigre” por 90 días”, así comienza su declaración el primer testigo protegido propuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, en el quinto día de audiencias por el caso de Sepur Zarco.

 El testigo narró que su tropa relevó al pelotón comandado por el entonces subteniente  Esteelmer Francisco Reyes Girón, debido a los abusos que esta cometía contra la población civil. “Cuando llegamos nos enteramos que hubo cambios por el trato que recibía la gente. La tropa había abusado de la gente. A las mujeres las usaban para la servidumbre. Hubo violaciones de las tropas”, declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, por medio de videoconferencia.

 El testigo, un militar retirado, estuvo aproximadamente durante cuatro meses en el destacamento de Sepur Zarco; ahí se enteró de las atrocidades cometidas contra la población civil. “Un día llegan siete mujeres de Semococh a buscar a sus esposos… Habían sido asesinados en Sepur Zarco señalados de ser guerrilleros. El señor Esteelmer los convocó y ya no se supo de ellos”, explicó.

 En su relato, el testigo contó que el destacamento de Sepur Zarco tenía bajo su control al menos a 17 comunidades de El Estor, Izabal, lo que implicaba la presencia militar para patrullaje y búsqueda de combatientes guerrilleros, extremo que nunca confirmaron. “Los militares necesitaban controlar las comunidades, por eso nombraron comisionados”, dijo.

 Reconoció también que los destacamentos de Tinajas, ubicado en la finca del mismo nombre y el de Sepur Zarco, coordinaban acciones, tal como lo indicaron anteriormente la mayoría de testigos escuchados por el tribunal.

 “Hubo violaciones de la tropa del señor Esteelmer”

 En la quinta jornada de audiencias también se escuchó a dos sobrevivientes por medio de video, quienes ofrecieron su declaración en septiembre de 2012, en calidad de anticipo de prueba. Las dos mujeres relataron haber sido víctimas de violencia sexual continuada durante la permanencia de la tropa comandada por Reyes Girón.

 Una de las mujeres sobrevivientes describió al tribunal que cuando su esposo fue detenido ilegalmente  por los militares en el destacamento de Tinajas- en 1982, fue a buscarlo, pero en vez de informarle del paradero del detenido, la obligaron a quedarse en el lugar y la violaron en repetidas ocasiones, sin importarles que estuviera embarazada.

 La sobreviviente también contó que los soldados la violaron en su casa y en los caminos de la comunidad. Además, abusaron de ella cuando iba al río a lavarles la ropa. “Yo tenía mucho miedo… ellos me agarraron por la fuerza y me violaron. No me acuerdo cuantos fueron, quedé muy dañada de mi cuerpo; sangraba mucho”, dijo la testigo

 La narración de las sobrevivientes que han ofrecido su declaración por medio de la prueba anticipada, y de los otros testigos, coinciden con el relato ofrecido por el testigo protegido quien dijo: “Hubo violación sexual y abusos a los derechos de la mujer. Cuando las mujeres iban a lavar al río los soldados las perseguían”. También señaló: “Los vecinos nos manifestaron que los soldados no patrullaban sino que solo andaban acosando a las mujeres y chupando”.

 Hasta el quinto día de audiencias el Tribunal de Mayor Riesgo A, escuchó a 17 testigos de manera presencial y cinco en videoconferencia. El lunes 8 de febrero se reanudará el debate oral y público. Se tiente previsto que la semana del 8 al 12, las y los peritos propuestos por el MP y las querellantes sean escuchados.

 Por Equipo de comunicación MTM

 

“Los relatos tienen credibilidad clínica; son propios de víctimas de tortura y persecución”, concluyó la psiquiatra forense Karen Peña Juárez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), esta mañana en su declaración al Tribunal de Mayor Riesgo A. La experta ofreció en la segunda semana de audiencias por el caso Sepur Zarco, las conclusiones del peritaje que realizó en 2012, a 18 sobrevivientes.

El Caso Sepur Zarco juzga al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig y al coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón, por los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica cometida contra 11 mujeres q’eqchís, entre 1982 y 1983, en El Estor, Izabal.

La experta del Inacif fue contundente cuando dijo al tribunal que “las evaluadas no tienen la capacidad de fabular los hechos”, además, aseveró: “es improbable que exista una ganancia [para las sobrevivientes], porque se enfrentan a sus victimarios y volverán a vivir los hechos”. El tribunal escuchó además, a dos peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que dieron a conocer conclusiones de las investigaciones históricas y antropológicas en relación al caso.

Las secuelas

La experta del Inacif aseguró que “existe relación directa entre el abuso continuado y el deterioro de la calidad de vida” de las sobrevivientes. Las mujeres de Sepur Zarco fueron sometidas a seis y ocho meses de violaciones sexuales sistemáticas y al trabajo forzado, dentro y en los alrededores del destacamento. Otras sufrieron los vejámenes hasta por seis años; una de ellas quedó embarazada y sufrió un aborto.

Una de las sobrevivientes narró que fue violada “un día sí y un día no”, por los mismos cinco soldados durante seis meses. Hechos tuvieron impactos fuertes en la vida de las sobrevivientes y de la comunidad, según explicó la perito. “Sufren de estrés psicológico continuado, hubo ruptura del tejido social y pérdida de familiares”, ilustró al tribunal.

Las y los sobrevivientes también sufrieron lesiones corporales graves que en la actualidad  les provocan molestias. “Padecen hipertensión, osteoartritis, dolores crónicos de espalda, temor, recuerdos constantes de lo vivido, porque la experiencia fue catastrófica y extraordinaria”, dijo la experta.

De acuerdo con la perito, que además de haber entrevistado a los 18 sobrevivientes, realizó exámenes mentales y físicos, “la mayoría de personas que evalué tienen una visión de vida de acuerdo a esa experiencia catastrófica”.

Debido a que la violencia generalizada y sexual sistemática a la que los militares sometieron a las mujeres y hombres de Sepur Zarco, todas las sobrevivientes se sentían decaídas, según la psiquiatra forense. “Cuando las entrevisté [en 2012] las vi bastante desnutridas, su calidad de vida es muy mala”, explicó.

Asimismo, recomendó que las víctimas reciban cuidado integral de su salud, apoyo económico y material para una vida digna.

 

Por Equipo de Comunicación MTM

Las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco, fueron sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica de manera sistemática dentro del destacamento militar, en sus alrededores y dentro de sus propias viviendas. El impacto provocado por esos vejámenes sigue vigente en sus vidas actualmente, según peritajes presentados ante el Tribunal de Mayor Riesgo A contralor del caso.

 En la octava jornada de audiencias, la experta en antropología Social, Mayra Barrios Torres, explicó al tribunal que las 15 mujeres q’eqchís víctimas de violencia sexual por parte de los soldados, nombraron de cuatro formas a la violación sexual, en su propio idioma; el más usado fue Muxuk. El término, según la perito, tiene una significación profunda dentro de la cosmogonía q’eqchi’, que significa: “la mujer fue profanada, traspasada, ensuciada”.

 En un sentido más amplio, según el informe, el término Muxuk puede comprenderse como: “profanar lo sagrado, la profanación del altar o profanar el valor espiritual de algo; infringir (la ley o disposición), pasar por encima de la persona de otros sexo”. Asimismo, Barrios concluyó en su peritaje que: “También indica desmerecer. Este término se le vincula (muchas veces) a las relaciones sexuales y a la abstinencia sexual durante la época de la siembra de maíz”.

 La perito también dijo al tribunal que las mujeres q’eqchís tienen su propia interpretación lingüística de los hechos, por lo que un análisis especializado de sus expresiones verbales en su idioma materno también explica los impactos que las violaciones tuvieron en su vida. Por tal razón, “su mundo social y espiritual quedó destruido, quebrantado en todos los ámbitos de su vida”, puntualizó

 La estigmatización hacia las mujeres sigue vigente

 Las 11 mujeres q’eqchís fueron sometidas a violaciones sexuales, esclavitud sexual y doméstica durante períodos de seis y ochos meses. Algunas de ellas también sufrieron estas acciones que dañaron su integridad, durante seis años, período que permaneció el destacamento ubicado en la aldea del mismo nombre, ubicada en El Estor, Izabal.

 Los principales impactos psicológicos y psicosociales en la vida de las mujeres es el miedo, la vergüenza, evitación social, dificultad para conciliar el sueño y concentrarse, re-experimentación de los hechos traumáticos, susto, duelo alterado y desconfianza en las relaciones sociales, de acuerdo con el peritaje psicosocial que realizó Mónica Esmeralda Pinzón.

 La profesional en Psicología Social, con estudios en género, realizó análisis con enfoques étnico y de género, según dijo, porque era preciso comprender los relatos de las mujeres sin excluir elementos culturales propios de la etnia maya q’eqchí y para que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres fueran también visibilizadas en este caso.

 “Las mujeres llevan en si la sensación de estar manchadas por haber sido violadas”, dijo la experta. Además, señaló que el estigma para las mujeres en su comunidad fue otro de los factores con el que tuvieron que cargar, puesto que fueron señaladas como “mujeres de los soldados”. También se les decía que sus hijos eran “hijos de los soldados”, ya que sus esposos ya no estaban con ellas, porque habían sido detenidos, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.

 La perito explicó al tribunal que el impacto fue “un ataque devastador al cuerpo de las mujeres”, pero también fue una agresión psicológica y social, lo cual “lastimó la cultura, la transmisión y reproducción de la cultura maya”. Hechos indudablemente cargados de racismo, de acuerdo con el análisis de la experta.

 Las mujeres q’eqchís también sufrieron el “susto”, uno de los elementos culturales analizados a la luz del enfoque étnico. Pinzón manifestó que dicha expresión puede comprenderse como síntomas y reacciones permanentes en la mente y reacciones de estrés postraumático debido al duelo alterado”.

 La mayoría de mujeres sufre padecimientos físicos crónicos producto de los vejámenes sufridos. Una de ellas falleció recientemente, pero ofreció su declaración en calidad de prueba anticipada, por lo que su historia será escuchada. Otra de las consecuencias de los crímenes sufridos por las mujeres, es que se niegan a rehacer su vida en pareja, porque sufren el temor de  ser violentadas nuevamente.

 Finalmente, la experta recomendó al Estado que cumpla con el principio de reparación integral adoptado por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que debe haber compensación material, legal, psicológica, individual y colectiva. Debe haber restitución, indemnización y garantías de no repetición de los hechos para las mujeres.

 En la octava jornada de audiencias en la Sala de Vistas, donde se juzga al coronel Esteelmer Francisco  Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig, también acusado de los delitos de desaparición forzada y asesinato, el tribunal escuchó, además de los peritajes de Pinzón y Barrios, dos análisis antropológicos forenses.

 Ambos peritajes determinaron que, debido a la posición en que fueron encontradas las osamentas, “la inhumación fue realizada por personas no allegadas a las víctimas”. Además, que “las fracturas que afectan … son compatibles con proyectil de arma de fuego”.

  Por Equipo de Comunicación MTM

La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), Mujeres Transformando el Mundo, MTM, Colectiva Jalok U y  Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG, organizaciones querellantes del caso Sepur Zarco presentarán al menos de 26 peritajes, en el  juicio histórico que por primera vez juzga delitos contra los deberes de la humanidad, en las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. El excomisionado militar Heriberto Valdez Asig y el coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón, señalados como responsables de los hechos, también son imputados por los delitos de desaparición forzada y asesinato.

Las pruebas periciales ofrecidas por las querellantes y el MP son fundamentales para que el Tribunal de Mayor Riesgo A conozca el contexto histórico, cultural, social y político que atravesaba Guatemala en los años en los que se cometieron los delitos. Los hechos que juzga el tribunal fueron cometidos entre 1982 y 1983, contra poblaciones indígenas q’eqchís, en varios destacamentos militares asentados en municipios de Izabal y Alta Verapaz.

 Uno de los peritajes principales está a cargo de la doctora en Antropología Social, profesora y autora de varios libros, la argentina Rita Laura Segato. La experta ofrecerá al tribunal su interpretación sobre la victimización de las mujeres desde una perspectiva de género y hermenéutica antropológica.

 Dichos crímenes de guerra son considerados parte de un conjunto de acciones  que ocurrieron por órdenes superiores militares, lo que descarta el argumento sobre el “descontrol o desborde” de la tropa, según la explicación de la experta. La perito expondrá al tribunal sobre los vejámenes cometidos contra las mujeres q’eqchís como estrategias conocidas como las “nuevas formas de guerra en el cuerpo de las mujeres”.

 Otro de los peritajes analizará los crímenes de género ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala. El informe fue elaborado por Paola Soria Montañez, abogada con experiencia en litigios en materia de discriminación por género frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 La experta interpretará los hechos ante el tribunal desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

 Las querellantes y la fiscalía buscan que el tribunal comprenda el impacto cultural que los hechos atroces tuvieron en la vida de las mujeres y hombres q’eqchí de Sepur Zarco. Por tal razón, presentará un análisis a cargo de la antropóloga social guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj

 También fue propuesta para esta etapa procesal la doctora Marta Elena Casaús Arzú quien ofrecerá un peritaje sobre racismo para el caso Sepur Zarco. Uno de los  planteamientos centrales de la experta es que el racismo es un elemento fundamental para comprender la violencia sexual en contra de las mujeres mayas, durante el conflicto armado en Guatemala. La doctora Casaús, fue perito durante el juicio por Genocidio en 2013.

 Las declaraciones de las y los sobrevivientes evidenciaron que la mayoría de las víctimas de Sepur Zarco fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente cuando realizaban trámites para la titulación de la tierra de varias comunidades. Por tal razón, varios peritajes buscan explicar el contexto socio-histórico de los años 1982 y 1983, para que el tribunal comprenda que las acciones militares no fueron estrategias para combatir al enemigo, sino crímenes cometidos contra poblaciones civiles no combatientes.

 Uno de estos peritajes fue elaborado por el doctor Héctor Rosada Granados, politólogo especializado en Sociología Política y licenciado en Antropología Social, quien expondrá su peritaje sobre el contexto sociológico-militar, en el caserío Sepur Zarco, Finca San Miguel, de El Estor Izabal, ente los años 1982 y 1983.

 El peritaje busca confirmar que el temor de los propietarios de las fincas, frente a los reclamos de titulación de tierra de los pobladores organizados en comités protierra, fue el disparador de la violencia que el ejército descargó en su contra.

 Entre las pruebas que se presentarán al Tribunal de Mayor Riesgo A, se encuentran 34 testimoniales, 16 pruebas documentales relacionadas con el coronel Francisco Esteelmer Reyes girón y 9 con el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

 La fiscalía y las querellantes también presentarán pruebas materiales relacionadas con el área de Sepur Zarco, en El Estor, Izabal, así como con la finca Tinajas, de Panzós, Alta Veraapaz. Entre las pruebas se hallan osamentas, ropa y otros objetos asociados.

 Por Equipo de Comunicación MTM

 

“El por qué de la violencia, fue la reacción de la élite terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses, ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras”, concluyó el experto en sociología política y militar, Héctor Rosada Granados, en su dictamen pericial que presentó en la novena jornada de audiencias del caso Sepur Zarco.

 Rosada Granados fue propuesto como perito por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, por medio de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, del Ministerio Público (MP). El experto, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la institución militar en Guatemala y América Latina, ofreció las conclusiones de su peritaje sobre el contexto sociológico-militar de 1982 y 1983, años en que se  cometieron delitos de lesa humanidad contra 11 mujeres  q’eqchís. (Catalogados como crímenes de guerra y elemento constitutivo de genocidio)

 El experto también testificó que en la comunidad de Sepur Zarco, ubicada en El Estor Izabal, no hubo actividad guerrillera durante el conflicto armado. Según dijo, su afirmación se sustenta en las consultas que hizo a “los dos bandos”. Rosada  Granados posee amplia experiencia y antiguas relaciones con excomandantes guerrilleros y altos mandos del ejército, debido a su trabajo como negociador de los Acuerdos de Paz y por las investigaciones que ha realizado durante su carrera como investigador social.

 “Altos mandos de la guerrilla me garantizaron que no hubo acercamiento a ese lugar (Sepur Zarco”, expresó Rosada, en relación a la tesis que afirma que los destacamentos militares se ubicaron en zonas donde la guerrilla tenía presencia y actividades de coordinación con poblaciones locales.

 El “Modus operandi”

 Rosada también explicó al tribunal que los operativos tácticos usados en Sepur Zarco fueron parte de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecutó el ejército durante el enfrentamiento armado en Guatemala.

 En su dictamen, Rosada narró cómo se desarrollaba dicho plan táctico militar en áreas consideradas por el ejército “en conflicto interno”, como lo fue Sepur Zarco. Tal situación derivaba, de acuerdo con el perito, de la denuncia que alguien de la comunidad hacía sobre la presunta presencia guerrillera. En este caso “el conflicto generó diferencias entre la élite y campesinos”, dijo.

 Luego de la denuncia, el ejército se ubicaba el lugar, se establecía el operativo militar para el control, que implicaba el seguimiento y captura del sujeto implicado; en este caso, los campesinos que gestionaban la titulación de la tierra, de acuerdo con Rosada.

 “Había torturas públicas para implantar el terror”, además de observación y patrullajes permanentes en el lugar, como ocurrió en varias comunidades de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, donde se ubicaron varios destacamentos militares que cumplieron dichas funciones.

 “Se capturaba a pobladores con violencia, preferentemente a las mujeres. Las llegaban a buscar cuando los esposos ya no estaban (porque los había detenido), y (los soldados) se imponían como los esposos. Así se da el proceso de esclavitud sexual”, explicó el perito.

 En Sepur Zarco, además de ser violadas sexualmente y esclavizadas sexual y laboralmente, las mujeres fueron obligadas a lavar la ropa y cocinar la comida de la tropa. También fueron forzadas “a bailar para los soldados para destruir el contexto de la comunidad”.

 Los perpetradores de la violencia sistemática contra las mujeres q’eqchís fueron los militares, pero también “los miembros del equipo de los perpetradores: comisionados militares y sus colaboradores, jefes de patrulla y patrulleros”, concluyó el perito.

 Por Equipo de Comunicación

“Gracias por acompañarnos compañeras y compañeros, en este momento me siento muy contenta y nos sentimos apoyadas de parte de ustedes,  gracias por acompañarnos en la búsqueda de la  justicia; sabemos que la justicia que estamos buscando es difícil pero hay que buscarla”.

 “Estoy muy contenta sabemos que no estamos solas con el apoyo de ustedes vamos a salir adelante, estamos buscando y cumpliendo nuestros derechos como mujeres pero también estamos diciendo la verdad,  estamos en la búsqueda que nos escuchen y que también llegue la justicia que nosotros estamos buscando. Muchas gracias y gracias por acompañarnos”.

 Mensaje emitido por una mujer sobreviviente de Sepur Zarco, quien tomó la palabra en representación de las valientes mujeres en actividad sostenida el pasado fin de semana.

 Once días han transcurrido en que las mujeres valientes heroínas como muchos las han denominado, se dirigen cada mañana al Palacio de Justicia, con su rostro cubierto suben las gradas hasta dirigirse al tercer nivel donde se ubica la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

 Al lado derecho de la Sala de Vistas se ubican las sillas en donde las valientes mujeres antes de la hora citada por la Jueza Jassmin Barrios permanecen sentadas. Las sobrevivientes con atención han presenciado el desarrollo de las audiencias, los peritajes, la narración de los testigos y  el testimonio que ellas mismas dieron como anticipo de prueba.

 Carencias en el sistema de Justicia

 Durante el Juicio Sepur Zarco, a las sobrevivientes se les ha negado el que puedan  escuchar el desarrollo de las audiencias en su propio idioma, a pesar de que Guatemala es un país multilingüe, al sistema de  justicia no  le interesa la traducción simultánea para garantizar que todo guatemalteco o guatemalteca presencie y escuche las audiencias en su idioma materno.

 Y Aún la infraestructura del Palacio de Justicia no está al servicio del ciudadano que busca justicia, prueba de ello es lo que las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco han vivido los once días de audiencias.  Al llegar la hora en que la jueza que dirige el Tribunal de Mayor Riesgo A anuncia receso para ingerir alimentos, las mujeres se levantan  y se dirigen hacia afuera de la Sala de Vistas (lado derecho) donde en un pequeño pasillo deben ingerir sus alimentos (unas de pie, otras sentadas),  y luego esperar a que llegue la hora de retornar a la Sala.

En muy raras ocasiones una que otra mujer se levanta para hacer uso del servicio sanitario que se ubica del lado exterior de la Sala de Vistas, la sorpresa es que en más de una ocasión los servicios sanitarios se han encontrado con llave, esta situación hace a que las sobrevivientes deban caminar al segundo o primer nivel a ubicar otro servicio sanitario.

 La demanda es  que el sistema de justicia garantice la infraestructura y la logística para que las sobrevivientes de Sepur Zarco gocen de su derecho a estar en el juicio con las condiciones dignas y adecuadas.

 Por Equipo de Comunicación MTM

Diecisiete testigos presenciales, un testigo protegido y 11 anticipos de prueba por medio de videos, fueron presentados ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, que juzga delitos contra los deberes de la humanidad como crímenes de guerra  en el caso Sepur Zarco.

 La Fiscalía de Derechos Humanos y las organizaciones querellantes, buscan acreditar la responsabilidad en la comisión de los delitos de violación sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, así como asesinato y desaparición forzada, a los imputados, el coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

 El 1 de febrero se inauguró el debate oral y público en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De acuerdo con la abogada Jennifer Bravo, de la organización querellante Mujeres Transformando el Mundo (MTM), desde el primer día de audiencias, la defensa de los imputados ha buscado suspender el proceso. “El abogado solicitó amparo provisional para que suspendiera el debate porque aparentemente tenía una enemistad con las juezas”, recordó.

 Los imputados se abstuvieron de pronunciarse ante el tribunal, sin embargo, Bravo explica que lo pueden hacer en cualquier etapa del debate oral y público.

 Las pruebas objetadas por la defensa

 Durante los 11 días de audiencias, la defensa ha objetado en relación a los anticipos de prueba que las mujeres sobrevivientes ofrecieron el 24, 25 y 26 de septiembre de 2012, ante el juez de Primera Instancia, Miguel Ángel Gálvez. En ese entonces, el juzgador decidió que  las mujeres no volvieran a declarar en un tribunal, para evitar su revictimización. “El juez consideró que ellas cumplieron con los requerimientos para declarar en un órgano jurisdiccional penal”, dijo Bravo.

 Bravo también recordó que en 2012, durante la etapa de investigación, los abogados defensores que fungían, no realizaron interrogatorio a las declarantes, razón por la cual la defensa de ambos acusados ha reclamado una violación del derecho de defensa de sus patrocinados

 Los abogados Moisés Galindo, Manuel de Jesús García y Fidencia García Orozco de Licardi, también ha objetado en reiteradas ocasiones la ausencia de una cadena de custodia de las pruebas ofrecidas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

 Presentan osamentas por primera vez en un tribunal

 En el séptimo día de audiencias del juicio Sepur Zarco, la Fiscalía y las organizaciones querellantes pidieron al Tribunal de Mayor Riesgo A, que cambiara el orden de recepción de la prueba y permitiera que el perito, Óscar Ixpatá, Arqueólogo Forense, mostrara las osamentas, ropa y otros objetos analizados en su peritaje.

 Ese día, por primera vez en la historia de Guatemala, se expusieron osamentas ante un tribunal. Un total de 38 cajas contenían 52 osamentas, de las cuáles fueron identificados 23 posibles individuos masculinos. Las osamentas fueron exhumadas en Sepur Zarco, en 2011 y en el antiguo destacamento de Tinajas, en 2012. Los restos guardados en las cajas pertenecían a siete hombres originarios de la aldea Semococh, Alta Verapaz, que fueron ejecutados por lo soldados.

 Pruebas finales

 “No solo se ha robustecido el caso con los anticipos de prueba que relatan los hechos –la declaración de las víctimas es la prueba reina, sino con peritajes de gente experta nacional e internacional que ilustra al tribunal sobre los hechos”, aseguró la abogada Jennifer Bravo, de MTM.

 Entre el 16 y el 19 de febrero, la Fiscalía y las organizaciones querellantes presentarán ante el tribunal, nueve dictámenes periciales y dos testimonios presenciales.

 Los peritajes han sustentando los hechos narrados por las sobrevivientes y las y los testigos. Bravo dijo que: “No fue casualidad, la violencia cometida en esa región, la violencia no fue fortuita”. Además, explicó que los peritajes dan mayor credibilidad a los testimonios de las víctimas.

 Entre los peritajes pendientes está el de análisis de estándares internacionales sobre credibilidad en casos de violencia sexual, a cargo del abogado español Arsenio García Cores. También un peritaje cultural de la antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj y un dictamen pericial militar que ofrecerá el militar español retirado Prudencio García.

 Finalmente, un peritaje antropológico con enfoque de género sobre la violencia sexual cometida en Sepur Zarco, realizado por la experimentada antropóloga y profesora argentina, Rita Laura Segato. El último dictamen pericial sobre Arquitectura Forense, lo realizará la arquitecta mexicana Elis Gabriela Mendoza Mejía.

 

Por Equipo de Comunicación MTM