Category: Sepur Zarco

Las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco, fueron sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica de manera sistemática dentro del destacamento militar, en sus alrededores y dentro de sus propias viviendas. El impacto provocado por esos vejámenes sigue vigente en sus vidas actualmente, según peritajes presentados ante el Tribunal de Mayor Riesgo A contralor del caso.

 En la octava jornada de audiencias, la experta en antropología Social, Mayra Barrios Torres, explicó al tribunal que las 15 mujeres q’eqchís víctimas de violencia sexual por parte de los soldados, nombraron de cuatro formas a la violación sexual, en su propio idioma; el más usado fue Muxuk. El término, según la perito, tiene una significación profunda dentro de la cosmogonía q’eqchi’, que significa: “la mujer fue profanada, traspasada, ensuciada”.

 En un sentido más amplio, según el informe, el término Muxuk puede comprenderse como: “profanar lo sagrado, la profanación del altar o profanar el valor espiritual de algo; infringir (la ley o disposición), pasar por encima de la persona de otros sexo”. Asimismo, Barrios concluyó en su peritaje que: “También indica desmerecer. Este término se le vincula (muchas veces) a las relaciones sexuales y a la abstinencia sexual durante la época de la siembra de maíz”.

 La perito también dijo al tribunal que las mujeres q’eqchís tienen su propia interpretación lingüística de los hechos, por lo que un análisis especializado de sus expresiones verbales en su idioma materno también explica los impactos que las violaciones tuvieron en su vida. Por tal razón, “su mundo social y espiritual quedó destruido, quebrantado en todos los ámbitos de su vida”, puntualizó

 La estigmatización hacia las mujeres sigue vigente

 Las 11 mujeres q’eqchís fueron sometidas a violaciones sexuales, esclavitud sexual y doméstica durante períodos de seis y ochos meses. Algunas de ellas también sufrieron estas acciones que dañaron su integridad, durante seis años, período que permaneció el destacamento ubicado en la aldea del mismo nombre, ubicada en El Estor, Izabal.

 Los principales impactos psicológicos y psicosociales en la vida de las mujeres es el miedo, la vergüenza, evitación social, dificultad para conciliar el sueño y concentrarse, re-experimentación de los hechos traumáticos, susto, duelo alterado y desconfianza en las relaciones sociales, de acuerdo con el peritaje psicosocial que realizó Mónica Esmeralda Pinzón.

 La profesional en Psicología Social, con estudios en género, realizó análisis con enfoques étnico y de género, según dijo, porque era preciso comprender los relatos de las mujeres sin excluir elementos culturales propios de la etnia maya q’eqchí y para que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres fueran también visibilizadas en este caso.

 “Las mujeres llevan en si la sensación de estar manchadas por haber sido violadas”, dijo la experta. Además, señaló que el estigma para las mujeres en su comunidad fue otro de los factores con el que tuvieron que cargar, puesto que fueron señaladas como “mujeres de los soldados”. También se les decía que sus hijos eran “hijos de los soldados”, ya que sus esposos ya no estaban con ellas, porque habían sido detenidos, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.

 La perito explicó al tribunal que el impacto fue “un ataque devastador al cuerpo de las mujeres”, pero también fue una agresión psicológica y social, lo cual “lastimó la cultura, la transmisión y reproducción de la cultura maya”. Hechos indudablemente cargados de racismo, de acuerdo con el análisis de la experta.

 Las mujeres q’eqchís también sufrieron el “susto”, uno de los elementos culturales analizados a la luz del enfoque étnico. Pinzón manifestó que dicha expresión puede comprenderse como síntomas y reacciones permanentes en la mente y reacciones de estrés postraumático debido al duelo alterado”.

 La mayoría de mujeres sufre padecimientos físicos crónicos producto de los vejámenes sufridos. Una de ellas falleció recientemente, pero ofreció su declaración en calidad de prueba anticipada, por lo que su historia será escuchada. Otra de las consecuencias de los crímenes sufridos por las mujeres, es que se niegan a rehacer su vida en pareja, porque sufren el temor de  ser violentadas nuevamente.

 Finalmente, la experta recomendó al Estado que cumpla con el principio de reparación integral adoptado por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que debe haber compensación material, legal, psicológica, individual y colectiva. Debe haber restitución, indemnización y garantías de no repetición de los hechos para las mujeres.

 En la octava jornada de audiencias en la Sala de Vistas, donde se juzga al coronel Esteelmer Francisco  Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig, también acusado de los delitos de desaparición forzada y asesinato, el tribunal escuchó, además de los peritajes de Pinzón y Barrios, dos análisis antropológicos forenses.

 Ambos peritajes determinaron que, debido a la posición en que fueron encontradas las osamentas, “la inhumación fue realizada por personas no allegadas a las víctimas”. Además, que “las fracturas que afectan … son compatibles con proyectil de arma de fuego”.

  Por Equipo de Comunicación MTM

La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), Mujeres Transformando el Mundo, MTM, Colectiva Jalok U y  Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG, organizaciones querellantes del caso Sepur Zarco presentarán al menos de 26 peritajes, en el  juicio histórico que por primera vez juzga delitos contra los deberes de la humanidad, en las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. El excomisionado militar Heriberto Valdez Asig y el coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón, señalados como responsables de los hechos, también son imputados por los delitos de desaparición forzada y asesinato.

Las pruebas periciales ofrecidas por las querellantes y el MP son fundamentales para que el Tribunal de Mayor Riesgo A conozca el contexto histórico, cultural, social y político que atravesaba Guatemala en los años en los que se cometieron los delitos. Los hechos que juzga el tribunal fueron cometidos entre 1982 y 1983, contra poblaciones indígenas q’eqchís, en varios destacamentos militares asentados en municipios de Izabal y Alta Verapaz.

 Uno de los peritajes principales está a cargo de la doctora en Antropología Social, profesora y autora de varios libros, la argentina Rita Laura Segato. La experta ofrecerá al tribunal su interpretación sobre la victimización de las mujeres desde una perspectiva de género y hermenéutica antropológica.

 Dichos crímenes de guerra son considerados parte de un conjunto de acciones  que ocurrieron por órdenes superiores militares, lo que descarta el argumento sobre el “descontrol o desborde” de la tropa, según la explicación de la experta. La perito expondrá al tribunal sobre los vejámenes cometidos contra las mujeres q’eqchís como estrategias conocidas como las “nuevas formas de guerra en el cuerpo de las mujeres”.

 Otro de los peritajes analizará los crímenes de género ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala. El informe fue elaborado por Paola Soria Montañez, abogada con experiencia en litigios en materia de discriminación por género frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 La experta interpretará los hechos ante el tribunal desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

 Las querellantes y la fiscalía buscan que el tribunal comprenda el impacto cultural que los hechos atroces tuvieron en la vida de las mujeres y hombres q’eqchí de Sepur Zarco. Por tal razón, presentará un análisis a cargo de la antropóloga social guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj

 También fue propuesta para esta etapa procesal la doctora Marta Elena Casaús Arzú quien ofrecerá un peritaje sobre racismo para el caso Sepur Zarco. Uno de los  planteamientos centrales de la experta es que el racismo es un elemento fundamental para comprender la violencia sexual en contra de las mujeres mayas, durante el conflicto armado en Guatemala. La doctora Casaús, fue perito durante el juicio por Genocidio en 2013.

 Las declaraciones de las y los sobrevivientes evidenciaron que la mayoría de las víctimas de Sepur Zarco fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente cuando realizaban trámites para la titulación de la tierra de varias comunidades. Por tal razón, varios peritajes buscan explicar el contexto socio-histórico de los años 1982 y 1983, para que el tribunal comprenda que las acciones militares no fueron estrategias para combatir al enemigo, sino crímenes cometidos contra poblaciones civiles no combatientes.

 Uno de estos peritajes fue elaborado por el doctor Héctor Rosada Granados, politólogo especializado en Sociología Política y licenciado en Antropología Social, quien expondrá su peritaje sobre el contexto sociológico-militar, en el caserío Sepur Zarco, Finca San Miguel, de El Estor Izabal, ente los años 1982 y 1983.

 El peritaje busca confirmar que el temor de los propietarios de las fincas, frente a los reclamos de titulación de tierra de los pobladores organizados en comités protierra, fue el disparador de la violencia que el ejército descargó en su contra.

 Entre las pruebas que se presentarán al Tribunal de Mayor Riesgo A, se encuentran 34 testimoniales, 16 pruebas documentales relacionadas con el coronel Francisco Esteelmer Reyes girón y 9 con el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

 La fiscalía y las querellantes también presentarán pruebas materiales relacionadas con el área de Sepur Zarco, en El Estor, Izabal, así como con la finca Tinajas, de Panzós, Alta Veraapaz. Entre las pruebas se hallan osamentas, ropa y otros objetos asociados.

 Por Equipo de Comunicación MTM

 

“El por qué de la violencia, fue la reacción de la élite terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses, ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras”, concluyó el experto en sociología política y militar, Héctor Rosada Granados, en su dictamen pericial que presentó en la novena jornada de audiencias del caso Sepur Zarco.

 Rosada Granados fue propuesto como perito por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, por medio de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, del Ministerio Público (MP). El experto, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la institución militar en Guatemala y América Latina, ofreció las conclusiones de su peritaje sobre el contexto sociológico-militar de 1982 y 1983, años en que se  cometieron delitos de lesa humanidad contra 11 mujeres  q’eqchís. (Catalogados como crímenes de guerra y elemento constitutivo de genocidio)

 El experto también testificó que en la comunidad de Sepur Zarco, ubicada en El Estor Izabal, no hubo actividad guerrillera durante el conflicto armado. Según dijo, su afirmación se sustenta en las consultas que hizo a “los dos bandos”. Rosada  Granados posee amplia experiencia y antiguas relaciones con excomandantes guerrilleros y altos mandos del ejército, debido a su trabajo como negociador de los Acuerdos de Paz y por las investigaciones que ha realizado durante su carrera como investigador social.

 “Altos mandos de la guerrilla me garantizaron que no hubo acercamiento a ese lugar (Sepur Zarco”, expresó Rosada, en relación a la tesis que afirma que los destacamentos militares se ubicaron en zonas donde la guerrilla tenía presencia y actividades de coordinación con poblaciones locales.

 El “Modus operandi”

 Rosada también explicó al tribunal que los operativos tácticos usados en Sepur Zarco fueron parte de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecutó el ejército durante el enfrentamiento armado en Guatemala.

 En su dictamen, Rosada narró cómo se desarrollaba dicho plan táctico militar en áreas consideradas por el ejército “en conflicto interno”, como lo fue Sepur Zarco. Tal situación derivaba, de acuerdo con el perito, de la denuncia que alguien de la comunidad hacía sobre la presunta presencia guerrillera. En este caso “el conflicto generó diferencias entre la élite y campesinos”, dijo.

 Luego de la denuncia, el ejército se ubicaba el lugar, se establecía el operativo militar para el control, que implicaba el seguimiento y captura del sujeto implicado; en este caso, los campesinos que gestionaban la titulación de la tierra, de acuerdo con Rosada.

 “Había torturas públicas para implantar el terror”, además de observación y patrullajes permanentes en el lugar, como ocurrió en varias comunidades de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, donde se ubicaron varios destacamentos militares que cumplieron dichas funciones.

 “Se capturaba a pobladores con violencia, preferentemente a las mujeres. Las llegaban a buscar cuando los esposos ya no estaban (porque los había detenido), y (los soldados) se imponían como los esposos. Así se da el proceso de esclavitud sexual”, explicó el perito.

 En Sepur Zarco, además de ser violadas sexualmente y esclavizadas sexual y laboralmente, las mujeres fueron obligadas a lavar la ropa y cocinar la comida de la tropa. También fueron forzadas “a bailar para los soldados para destruir el contexto de la comunidad”.

 Los perpetradores de la violencia sistemática contra las mujeres q’eqchís fueron los militares, pero también “los miembros del equipo de los perpetradores: comisionados militares y sus colaboradores, jefes de patrulla y patrulleros”, concluyó el perito.

 Por Equipo de Comunicación

“Gracias por acompañarnos compañeras y compañeros, en este momento me siento muy contenta y nos sentimos apoyadas de parte de ustedes,  gracias por acompañarnos en la búsqueda de la  justicia; sabemos que la justicia que estamos buscando es difícil pero hay que buscarla”.

 “Estoy muy contenta sabemos que no estamos solas con el apoyo de ustedes vamos a salir adelante, estamos buscando y cumpliendo nuestros derechos como mujeres pero también estamos diciendo la verdad,  estamos en la búsqueda que nos escuchen y que también llegue la justicia que nosotros estamos buscando. Muchas gracias y gracias por acompañarnos”.

 Mensaje emitido por una mujer sobreviviente de Sepur Zarco, quien tomó la palabra en representación de las valientes mujeres en actividad sostenida el pasado fin de semana.

 Once días han transcurrido en que las mujeres valientes heroínas como muchos las han denominado, se dirigen cada mañana al Palacio de Justicia, con su rostro cubierto suben las gradas hasta dirigirse al tercer nivel donde se ubica la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

 Al lado derecho de la Sala de Vistas se ubican las sillas en donde las valientes mujeres antes de la hora citada por la Jueza Jassmin Barrios permanecen sentadas. Las sobrevivientes con atención han presenciado el desarrollo de las audiencias, los peritajes, la narración de los testigos y  el testimonio que ellas mismas dieron como anticipo de prueba.

 Carencias en el sistema de Justicia

 Durante el Juicio Sepur Zarco, a las sobrevivientes se les ha negado el que puedan  escuchar el desarrollo de las audiencias en su propio idioma, a pesar de que Guatemala es un país multilingüe, al sistema de  justicia no  le interesa la traducción simultánea para garantizar que todo guatemalteco o guatemalteca presencie y escuche las audiencias en su idioma materno.

 Y Aún la infraestructura del Palacio de Justicia no está al servicio del ciudadano que busca justicia, prueba de ello es lo que las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco han vivido los once días de audiencias.  Al llegar la hora en que la jueza que dirige el Tribunal de Mayor Riesgo A anuncia receso para ingerir alimentos, las mujeres se levantan  y se dirigen hacia afuera de la Sala de Vistas (lado derecho) donde en un pequeño pasillo deben ingerir sus alimentos (unas de pie, otras sentadas),  y luego esperar a que llegue la hora de retornar a la Sala.

En muy raras ocasiones una que otra mujer se levanta para hacer uso del servicio sanitario que se ubica del lado exterior de la Sala de Vistas, la sorpresa es que en más de una ocasión los servicios sanitarios se han encontrado con llave, esta situación hace a que las sobrevivientes deban caminar al segundo o primer nivel a ubicar otro servicio sanitario.

 La demanda es  que el sistema de justicia garantice la infraestructura y la logística para que las sobrevivientes de Sepur Zarco gocen de su derecho a estar en el juicio con las condiciones dignas y adecuadas.

 Por Equipo de Comunicación MTM

Diecisiete testigos presenciales, un testigo protegido y 11 anticipos de prueba por medio de videos, fueron presentados ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, que juzga delitos contra los deberes de la humanidad como crímenes de guerra  en el caso Sepur Zarco.

 La Fiscalía de Derechos Humanos y las organizaciones querellantes, buscan acreditar la responsabilidad en la comisión de los delitos de violación sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, así como asesinato y desaparición forzada, a los imputados, el coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

 El 1 de febrero se inauguró el debate oral y público en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De acuerdo con la abogada Jennifer Bravo, de la organización querellante Mujeres Transformando el Mundo (MTM), desde el primer día de audiencias, la defensa de los imputados ha buscado suspender el proceso. “El abogado solicitó amparo provisional para que suspendiera el debate porque aparentemente tenía una enemistad con las juezas”, recordó.

 Los imputados se abstuvieron de pronunciarse ante el tribunal, sin embargo, Bravo explica que lo pueden hacer en cualquier etapa del debate oral y público.

 Las pruebas objetadas por la defensa

 Durante los 11 días de audiencias, la defensa ha objetado en relación a los anticipos de prueba que las mujeres sobrevivientes ofrecieron el 24, 25 y 26 de septiembre de 2012, ante el juez de Primera Instancia, Miguel Ángel Gálvez. En ese entonces, el juzgador decidió que  las mujeres no volvieran a declarar en un tribunal, para evitar su revictimización. “El juez consideró que ellas cumplieron con los requerimientos para declarar en un órgano jurisdiccional penal”, dijo Bravo.

 Bravo también recordó que en 2012, durante la etapa de investigación, los abogados defensores que fungían, no realizaron interrogatorio a las declarantes, razón por la cual la defensa de ambos acusados ha reclamado una violación del derecho de defensa de sus patrocinados

 Los abogados Moisés Galindo, Manuel de Jesús García y Fidencia García Orozco de Licardi, también ha objetado en reiteradas ocasiones la ausencia de una cadena de custodia de las pruebas ofrecidas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

 Presentan osamentas por primera vez en un tribunal

 En el séptimo día de audiencias del juicio Sepur Zarco, la Fiscalía y las organizaciones querellantes pidieron al Tribunal de Mayor Riesgo A, que cambiara el orden de recepción de la prueba y permitiera que el perito, Óscar Ixpatá, Arqueólogo Forense, mostrara las osamentas, ropa y otros objetos analizados en su peritaje.

 Ese día, por primera vez en la historia de Guatemala, se expusieron osamentas ante un tribunal. Un total de 38 cajas contenían 52 osamentas, de las cuáles fueron identificados 23 posibles individuos masculinos. Las osamentas fueron exhumadas en Sepur Zarco, en 2011 y en el antiguo destacamento de Tinajas, en 2012. Los restos guardados en las cajas pertenecían a siete hombres originarios de la aldea Semococh, Alta Verapaz, que fueron ejecutados por lo soldados.

 Pruebas finales

 “No solo se ha robustecido el caso con los anticipos de prueba que relatan los hechos –la declaración de las víctimas es la prueba reina, sino con peritajes de gente experta nacional e internacional que ilustra al tribunal sobre los hechos”, aseguró la abogada Jennifer Bravo, de MTM.

 Entre el 16 y el 19 de febrero, la Fiscalía y las organizaciones querellantes presentarán ante el tribunal, nueve dictámenes periciales y dos testimonios presenciales.

 Los peritajes han sustentando los hechos narrados por las sobrevivientes y las y los testigos. Bravo dijo que: “No fue casualidad, la violencia cometida en esa región, la violencia no fue fortuita”. Además, explicó que los peritajes dan mayor credibilidad a los testimonios de las víctimas.

 Entre los peritajes pendientes está el de análisis de estándares internacionales sobre credibilidad en casos de violencia sexual, a cargo del abogado español Arsenio García Cores. También un peritaje cultural de la antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj y un dictamen pericial militar que ofrecerá el militar español retirado Prudencio García.

 Finalmente, un peritaje antropológico con enfoque de género sobre la violencia sexual cometida en Sepur Zarco, realizado por la experimentada antropóloga y profesora argentina, Rita Laura Segato. El último dictamen pericial sobre Arquitectura Forense, lo realizará la arquitecta mexicana Elis Gabriela Mendoza Mejía.

 

Por Equipo de Comunicación MTM

“… Puede considerarse creíble, más allá de toda duda razonable, que las mujeres y hombres fueron víctimas de los crímenes de esclavitud sexual y laboral, tortura sexual, tortura y desplazamiento forzado, entre otros, por parte de militares y miembros de las PAC, durante el conflicto armado interno”, concluyó en su dictamen pericial el jurista español Arsenio García Cores, quien declaró hoy ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, en el caso Sepur Zarco.

 El perito, quien posee al menos 16 años de experiencia en litigio estratégico y determinación de credibilidad, ofreció su peritaje en relación a los estándares  internacionales de credibilidad en casos de violaciones de Derechos Humanos. Entre sus conclusiones también expuso que: “Los testimonios [de las sobrevivientes] son prueba de concordancia corroborativa y confirmativa de los propios hechos vividos y los ajenos que contienen”.

 Los testimonios deben ser valorados positivamente, es decir, considerarse creíbles, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con el estándar penal internacional que exige que los hechos sean demostrados más allá de toda duda razonable, de acuerdo con el experto. 

No existe explicación alternativa de los hechos

 Las mujeres sobrevivientes y los testigos presenciales han reiterado en sus declaraciones ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, que “he venido a decir la verdad de los hechos que vivimos”. El peso de una sociedad racista y patriarcal significó más de 30 años de silencio forzado, debido a los señalamientos y estigma en contra de mujeres y hombres q’eqchís, cuya verdad también fue descalificada.

 El peritaje de García Cores, representa una oportunidad para que un tribunal nacional, un país y el mundo, reconozcan el valor probatorio y la credibilidad irrefutable, de la historia de hombres y mujeres indígenas de la etnia q’eqchí, desde sus propias voces y cosmogonía.

 El perito también dijo que para que tales testimonios no fuesen considerados creíbles: “Debería poder ofrecerse una explicación alternativa que sustentara razonablemente, ente otros aspectos, los motivos de desaparición forzada de los cónyuges de las mujeres víctimas, la tortura sexual, la esclavitud sexual y laboral y el desplazamiento forzado los que sobrevivieron estas…”. El experto argumentó que, a su criterio, no existe tal explicación.

García Cores entrevistó a las sobrevivientes y a los testigos de manera individual y colectiva en octubre de 2014. También fundamentó su análisis en los testimonios ofrecidos como prueba anticipada y en los peritajes psicológicos, antropológico cultural y lingüístico, así como en el peritaje sociológico militar que el tribunal conoció esta semana.

 

Por Equipo de Comunicación MTM

Este lunes se llevó a cabo la audiencia número dieciséis del Juicio Sepur Zarco, el cual se desarrolla en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia las cuales iniciaron desde el pasado 1 de febrero.

La solidaridad hacia las mujeres durante este día fue evidente ya que durante la mañana la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presenció el desarrollo de la audiencia al igual que la estadounidense Jody Williams Premio Nobel de la Paz 1997; quienes eran acompañadas por la premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú.

Mientras el tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la jueza Jassmin Barrios escuchaba la declaración de testigos propuestos por la defensa de los acusados, ingresaron a la sala jóvenes y señoritas estudiantes de un colegio privado quienes portando claveles rojos hechos de papel y carteles, hicieron notoria la solidaridad hacia las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco  víctimas de agresiones sexuales y esclavitud doméstica cuando estuvieron cautivas en el destacamento militar de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, entre 1982 y 1986.

Los testigos propuestos por la defensa del acusado coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón, fueron: Julio Cesar López Ligorría, Erick Estuardo Sierra González de 36 años Oficial del ejército quien dijo conocer al teniente coronel Reyes Girón porque estuvo de alta con él en la zona militar N.20  Sierra González en la actualidad ostenta el grado de capitán y el tercero en ser escuchado fue Jorge Alberto Morales Espinosa oficial del ejército con el grado de coronel.

También se escuchó a testigos por parte de los querellantes y Ministerio Público -MP- los cuales fueron presentados ante el tribunal a través de videos como anticipo de prueba. Entre los testigos quien dio su declaración como anticipo de prueba en septiembre de 2012, está Manuel Icó. Durante la reproducción de la prueba el testigo narró  las atrocidades cometidas por miembros del ejército en el destacamento militar Sepur Zarco, “estábamos gestionando la tierra y eso no les pareció (a los soldados) por eso me  lo llevaron amarrado, eran alrededor de 50 soldados”, dijo.

Durante el desarrollo del debate se pudo observar las pruebas documentales presentadas por medio de videos sobre antropología forense y exhumaciones, el Plan Sofía y los listados de patrulleros de los municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz.

Durante la cuarta semana de audiencias del Juicio Sepur Zarco el tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la Jueza Jassmin Barrios, escuchará a los testigos y testigas propuestos por la defensa de los acusados Esteelmeer Francisco Reyes Girón, y Heriberto Valdez Asig.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y las organizaciones querellantes pidieron al Tribunal de Mayor Riesgo A, contralor de caso Sepur Zarco, que imponga penas de 1,290 y 340 años de prisión inconmutables a los acusados, Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdez Asig, respectivamente.

 El caso Sepur Zarco llegó a su etapa final luego de 17 audiencias. La Fiscalía de Derechos Humanos y las organizaciones querellantes, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y la colectiva Jalok U, presentaron sus conclusiones finales en el debate oral y público que inició el 1 de febrero de este año. Los abogados de la defensa presentarán sus alegatos finales el jueves 25 de febrero, por lo que el tribunal podría dictar sentencia el viernes 26 de febrero.

 Luego de que los abogados de la defensa de los dos acusados renunciaran a 16 de sus testigos, la jueza presidenta del tribunal, Yassmin Barrios, pidió a los sujetos procesales que se prepararan para la etapa final del juicio, donde se ofrecen las argumentaciones sobre la plataforma jurídica, la plataforma fáctica y sobre la prueba pericial.

 La fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público MP considera que Esteelmer Francisco Reyes Girón, es autor responsable de crímenes de guerra delitos cometidos contra los deberes de humanidad como lo relaciona el artículo 378 del Código Penal en su forma de esclavitud sexual esclavitud doméstica en su forma violencia sexual.

 Por los delitos cometidos por  Reyes Girón la Fiscalía pidió que se le imponga 360 años de prisión por el delito de violencia sexual de 12 mujeres, 360 años por el delito de esclavitud sexual de 12 mujeres, 360 años de prisión por el delito de esclavitud doméstica en contra de 12 mujeres todas ellas q´eqchis.

Asimismo solicitó 60 años de prisión  por los delitos contra los deberes de humanidad atentado en contra de la dignidad de la persona especialmente tratos humillantes y degradantes con las niñas Anita y Herlinda Set Coc;  y por los delitos de asesinato en agravio de Dominga Coc y sus dos hijas Anita Set Coc y Herlinda Set Coc 150 años de prisión, siendo un total de 1290 años de prisión solicitados para el coronel Reyes Girón.

 En cuanto al excomisionado Valdez Asig la fiscalía solicitó que se condene a un total de 340 años de prisión inconmutables,  280 años por desaparición forzada de siete hombres y 60  años por la violación sexual de dos mujeres.

 La abogada Jennifer Bravo, representante de Mujeres Transformando el Mundo -MTM-, organización querellante solicito para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón 1,230 años de prisión por los siguientes delitos:

 Por delitos de deberes contra la humanidad en su forma violencia sexual como crimen de guerra en contra de 12 mujeres q´eqchis  360 años de prisión,  330 años de prisión por  el delito de deberes contra la humanidad en su forma de esclavitud sexual como crimen de guerra en contra de 11 mujeres y 330 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad en su forma de esclavitud doméstica en contra de 11 mujeres.

 Asimismo Bravo solicitó 150 años de prisión por tres delitos de asesinato, por dos delitos de atentado contra la dignidad de las niñas Anita y Herlinda Set Coc 60 años de prisión solicitando un total de 1,230 años de prisión para Reyes Girón

 Para el comisionado militar Valdez Asig, la abogada Bravo se sumó a la petición del Ministerio Público, solicitando un total de 340 años de prisión.

 Asimismo pidió que el Estado de Guatemala sea formalmente demandado, como autor de los hechos imputados a los militares Reyes Girón y Valdez Asig.

 La pena debería ser establecida de acuerdo a la peligrosidad de los acusados, los antecedentes penales, el novel del delito (expropiación de la tierra) y la extensión e intensidad del daño causado así como las circunstancias atenuantes y agravantes, según la abogada Bravo.

 En el caso específico del crimen de esclavitud debe considerarse el control del movimiento de las personas sometidas a la esclavitud, el control del entorno físico, el control psicológico, la duración del sometimiento a la esclavitud, así como el control de la sexualidad y el trabajo forzado, de acuerdo con la exposición de los querellantes, todas las características referidas se cumplieron en el destacamento militar, en los años de 1982 y 1983.

 Las abogadas y el abogado querellante refirieron también que debe considerarse autores a los dos imputados. En el caso de Reyes Girón, porque era el jefe del destacamento miliar y su responsabilidad consiste en que tuvo efectivo control sobre sus subordinados, además, porque sabía o debió saber que sus subordinados estaban cometiendo un crimen, y no tomó medidas razonables y efectivas para evitarlo o castigarlos. “Y porque como resultado de tales acciones o inacciones, el crimen fue cometido”, expuso Bravo.

 Los querellantes reiteraron que el caso Sepur Zarco representa una posibilidad de justicia reparadora para las 11 mujeres q’eqchís sobrevivientes.

 Reparación debe ser moral y económica

Este miércoles 24 de febrero también se presentó un peritaje económico, a cargo del experto Rafael Eduardo Bran Paiz, quien explicó al tribunal que la reparación material y moral debe contemplar los daños causados por la persecución, violación sexual y desaparición forzada de varias de las mujeres sobrevivientes.

 “El dolor no puede medirse , por lo que para fijarse la reparación moral deben tenerse criterios de justicia y equidad propuestos por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales de Derechos Humanos”, dijo el perito.

 Esta es la primera vez que un tribunal nacional juzga crímenes de guerra en sus modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica.

Por Equipo de Comunicación MTM