Category: Sepur Zarco

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y las organizaciones querellantes pidieron al Tribunal de Mayor Riesgo A, contralor de caso Sepur Zarco, que imponga penas de 1,290 y 340 años de prisión inconmutables a los acusados, Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdez Asig, respectivamente.

 El caso Sepur Zarco llegó a su etapa final luego de 17 audiencias. La Fiscalía de Derechos Humanos y las organizaciones querellantes, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y la colectiva Jalok U, presentaron sus conclusiones finales en el debate oral y público que inició el 1 de febrero de este año. Los abogados de la defensa presentarán sus alegatos finales el jueves 25 de febrero, por lo que el tribunal podría dictar sentencia el viernes 26 de febrero.

 Luego de que los abogados de la defensa de los dos acusados renunciaran a 16 de sus testigos, la jueza presidenta del tribunal, Yassmin Barrios, pidió a los sujetos procesales que se prepararan para la etapa final del juicio, donde se ofrecen las argumentaciones sobre la plataforma jurídica, la plataforma fáctica y sobre la prueba pericial.

 La fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público MP considera que Esteelmer Francisco Reyes Girón, es autor responsable de crímenes de guerra delitos cometidos contra los deberes de humanidad como lo relaciona el artículo 378 del Código Penal en su forma de esclavitud sexual esclavitud doméstica en su forma violencia sexual.

 Por los delitos cometidos por  Reyes Girón la Fiscalía pidió que se le imponga 360 años de prisión por el delito de violencia sexual de 12 mujeres, 360 años por el delito de esclavitud sexual de 12 mujeres, 360 años de prisión por el delito de esclavitud doméstica en contra de 12 mujeres todas ellas q´eqchis.

Asimismo solicitó 60 años de prisión  por los delitos contra los deberes de humanidad atentado en contra de la dignidad de la persona especialmente tratos humillantes y degradantes con las niñas Anita y Herlinda Set Coc;  y por los delitos de asesinato en agravio de Dominga Coc y sus dos hijas Anita Set Coc y Herlinda Set Coc 150 años de prisión, siendo un total de 1290 años de prisión solicitados para el coronel Reyes Girón.

 En cuanto al excomisionado Valdez Asig la fiscalía solicitó que se condene a un total de 340 años de prisión inconmutables,  280 años por desaparición forzada de siete hombres y 60  años por la violación sexual de dos mujeres.

 La abogada Jennifer Bravo, representante de Mujeres Transformando el Mundo -MTM-, organización querellante solicito para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón 1,230 años de prisión por los siguientes delitos:

 Por delitos de deberes contra la humanidad en su forma violencia sexual como crimen de guerra en contra de 12 mujeres q´eqchis  360 años de prisión,  330 años de prisión por  el delito de deberes contra la humanidad en su forma de esclavitud sexual como crimen de guerra en contra de 11 mujeres y 330 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad en su forma de esclavitud doméstica en contra de 11 mujeres.

 Asimismo Bravo solicitó 150 años de prisión por tres delitos de asesinato, por dos delitos de atentado contra la dignidad de las niñas Anita y Herlinda Set Coc 60 años de prisión solicitando un total de 1,230 años de prisión para Reyes Girón

 Para el comisionado militar Valdez Asig, la abogada Bravo se sumó a la petición del Ministerio Público, solicitando un total de 340 años de prisión.

 Asimismo pidió que el Estado de Guatemala sea formalmente demandado, como autor de los hechos imputados a los militares Reyes Girón y Valdez Asig.

 La pena debería ser establecida de acuerdo a la peligrosidad de los acusados, los antecedentes penales, el novel del delito (expropiación de la tierra) y la extensión e intensidad del daño causado así como las circunstancias atenuantes y agravantes, según la abogada Bravo.

 En el caso específico del crimen de esclavitud debe considerarse el control del movimiento de las personas sometidas a la esclavitud, el control del entorno físico, el control psicológico, la duración del sometimiento a la esclavitud, así como el control de la sexualidad y el trabajo forzado, de acuerdo con la exposición de los querellantes, todas las características referidas se cumplieron en el destacamento militar, en los años de 1982 y 1983.

 Las abogadas y el abogado querellante refirieron también que debe considerarse autores a los dos imputados. En el caso de Reyes Girón, porque era el jefe del destacamento miliar y su responsabilidad consiste en que tuvo efectivo control sobre sus subordinados, además, porque sabía o debió saber que sus subordinados estaban cometiendo un crimen, y no tomó medidas razonables y efectivas para evitarlo o castigarlos. “Y porque como resultado de tales acciones o inacciones, el crimen fue cometido”, expuso Bravo.

 Los querellantes reiteraron que el caso Sepur Zarco representa una posibilidad de justicia reparadora para las 11 mujeres q’eqchís sobrevivientes.

 Reparación debe ser moral y económica

Este miércoles 24 de febrero también se presentó un peritaje económico, a cargo del experto Rafael Eduardo Bran Paiz, quien explicó al tribunal que la reparación material y moral debe contemplar los daños causados por la persecución, violación sexual y desaparición forzada de varias de las mujeres sobrevivientes.

 “El dolor no puede medirse , por lo que para fijarse la reparación moral deben tenerse criterios de justicia y equidad propuestos por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales de Derechos Humanos”, dijo el perito.

 Esta es la primera vez que un tribunal nacional juzga crímenes de guerra en sus modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica.

Por Equipo de Comunicación MTM

El tribunal de Mayor Riesgo A dictó 120 años de prisión inconmutables para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y 240 años de prisión para el comisionado militar Heriberto Valdéz Asig, acusados de delitos de deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchis, asesinato de tres mujeres madre y sus dos hijas y de la desaparición forzada de siete hombres (esposos de las mujeres sobrevivientes).

Los juzgadores establecieron que Heriberto Valdez Asig es responsable del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer encuadrando su conducta en el delito de desaparición forzada, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables.

 Esteelmer Francisco Reyes Girón  es responsable como autoridad del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus dos hijas las niñas Anita y Hermelinda Coc Set, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada asesinato es decir 90 años de prisión inconmutables.

Tanto Reyes Girón como Valdez Asig el tribunal los señaló de responsables como autoridades de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida y la integridad de la población de Sepur Zarco especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Maaz, María Bá Caal, Manuela Bá, Felisa Cuc, Vicenta Col Pop, Margarita Chub Choc, Cecilia Caal, Magdalena Pop, Carmen Xol Ical, Demesia Yat, Dominga Coc. Y sus hijas Anita Set Coc y Hermelinda Coc. Por tal delito se le impuso a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables.  

Los juzgadores expresaron que creen firmemente que reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justica es un derecho que asiste a las víctimas. Haciendo conciencia que el tipo de hechos no debe volver a repetirse.

Jassmin Barrios presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, al dar lectura a la sentencia dijo que la desaparición forzada es un delito que se proyecta en el tiempo y en el espacio se dice que es forzada porque precisamente no existe voluntad de parte de la víctima; las víctimas eran campesinos que fueron separados de sus hogares teniendo en común estar gestionando la tierra de sus comunidades.

Al señalar los delitos de deberes contra la humanidad dijo que  el daño ocasionado es de carácter irreparable, se dañó el tejido social de toda una población y sus efectos son perceptibles para toda la sociedad guatemalteca,

Asimismo señaló que el profanar el cuerpo de las mujeres también constituyó una profanación para la comunidad y se convirtió a las mujeres en objetivo de guerra para lograr la aniquilación de quienes consideraban sus enemigos.

En cuanto al delito de desaparición forzada la juzgadora dijo que el dolor que experimentan los familiares trasciende el tiempo y el espacio, el dolor y la aflicción al no tener conocimiento del paradero  de los seres queridos es fuerte porque no se logra cerrar las heridas existentes.

El Tribunal citó a los sujetos procesales para el 4 de marzo de 2016 a las 15:00 horas para la lectura íntegra de la sentencia y tomando en cuenta que es un fallo de carácter condenatorio y que existe el derecho de la reparación digna de las víctimas, el Tribunal citó a los sujetos procesales para el 2 de marzo de 2016 a las 8:30 en el nivel 15 de la Torre de Tribunales a la audiencia de reparación de las víctimas.

En declaraciones a diferentes medios de comunicación la representante de Mujeres Transformando el Mundo Paula Barrios, expresó que el Caso Sepur Zarco, representa un hecho trascendental e histórico  no solo para el país centroamericano  sino  a nivel mundial, porque es el primer juicio contra personas vinculadas con las fuerzas armadas delimitando las modalidades de violencia Sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, que se cometieron delitos contra los deberes de humanidad establecidos en el artículo 378 del Código Procesal Penal.

20 días de audiencias

Día a día durante los 20 días que duró la audiencia las 11 mujeres q´eqchi´ víctimas de violencia sexual esclavitud sexual y doméstica por parte del ejército de Guatemala en tiempo del conflicto armado interno, se presentaban a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, quienes se hacía acompañar del equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo MTM (quienes por varios años tuvieron a su cargo toda la estrategia legal), también eran acompañados por representantes del Ministerio Público y representantes legales de MTM, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemalteca UNAMG y de la representante de la Colectiva Jalok U, querellantes en el caso.

Todo el tiempo sus rostros permanecieron cubiertos mientras transcurrían los días y veían pasar a testigos quienes narraron ante el tribunal lo que vivieron ellos y sus familias. Permanecieron todo el tiempo en sus lugares (al lado derecho de la Sala de Vistas) muy raras veces tomaban agua, y en más de una ocasión se observó que sus  manos las llevaban a sus rostros para secarse las lágrimas que brotaban al escuchar y ver lo que se desarrollaba ante el Tribunal.

El día 20 la Sala de Vistas fue abarrotada por hombres y mujeres que se solidarizaron con las mujeres valientes, al escuchar la sentencia condenatoria la sala vibro de aplausos y de alegría al ver que se hacia justicia para las mujeres históricas de Sepur Zarco.

Antecedentes:

11 mujeres q´eqchis por más de 30 años tuvieron que esperar para ver sentenciados a quienes son los responsables de violación sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de las sobrevivientes, así como los responsables de desaparición forzada en contra de siete hombres esposos de las sobrevivientes y del asesinato de una madre y sus dos pequeñas hijas.

Para que las mujeres sobrevivientes de violencia y esclavitud sexual durante el Conflicto Armado Interno (CAI) accedieran a la justicia, por muchos años fueron acompañadas de manera psicosocial por organizaciones que integran la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Y por más de seis años el equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo las acompañó para que el sueño de estar ante un tribunal fuera una realidad.

 En el mes de septiembre del año 2011 se presentó la primera querella penal por los delitos “Contra los deberes de Humanidad y Genocidio” del “Caso Sepur Zarco” nombre que lleva el proceso penal, de la cual Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas son querellantes adhesivos. El caso es colectivo iy fue impulsado  por 15 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, esclavitud doméstica y esclavitud sexual en el destacamento militar y 5 Hombres sobrevivientes de Tortura, hechos ocurridos en 1982 en el marco del Conflicto Armado Interno guatemalteco.

Por. Equipo de Comunicación MTM

Después de llevarse a cabo la audiencia de Reparación Digna para las sobrevivientes de Sepur Zarco, tomando como base los Convenios y Tratados sobre Derechos Humanos, La Constitución Política de la República de Guatemala y el contenido del artículo 124 del Código Procesal Penal el cual establece Derecho a la reparación digna.

El Tribunal presidido por la Jueza  Iris Yassmin Barrios,  tomando en cuenta los dictámenes periciales y prueba producida en el debate, por unanimidad declara con lugar la petición de reparación digna solicitada por las víctimas a través de las instituciones que actúan como Querellantes Adhesivas, en la siguiente forma:

En reparación individual  a las Mujereas Víctimas, el Tribunal fija la cantidad de Quinientos mil quetzales, para cada una de las víctimas (en total 11 mujeres q´eqchis) dicha cantidad la deberá pagar el acusado Esteelmer Francisco Reyes Girón en concepto de daños y perjuicios a las víctimas.

En relación a la reparación individual a las víctimas de desapariciones forzadas, el Tribunal fija la cantidad de doscientos cincuenta mil quetzales para cada una de las víctimas (en total 7 hombres), el total lo deberá pagar el acusado Heriberto Valdez Asig, en concepto de daños y perjuicios a los familiares de las víctimas objeto de desaparición. 

Asimismo el tribunal  ordenó al Ministerio Público que continúe con la investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y comunidades vecinas, lo que deberá realizarse con la colaboración de los familiares de las víctimas.

Ordenó al Ministerio de Salud Pública para que a mediano plazo construya e instale un Centro de Salud tipo “A” En la comunidad Sepur Zarco con todas las medicinas necesarias

Asimismo ordenó al Ministerio de Educación que se mejore la infraestructura de las  escuelas de educación primaria de las comunidades San Marcos, Poonbaac,  La Esperanza y Sepur Zarco. También ordenó que se instale un establecimiento de Educación Media Bilingüe  que garantice el derecho a la educación de niñas adolescentes y mujeres, asimismo que otorgue becas de estudio en los tres niveles de educación para la población de Sepur Zarco.

También al Ministerio de Educación el Tribunal ordena que en los programas de estudio y libros de texto se incluya lo relacionado al caso de las Mujeres de Sepur Zarco.

Al Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura el Tribunal ordena la elaboración de un documental que se refiera al caso de las  Mujeres de Sepur Zarco. También ordena a ambos ministerios que la sentencia del caso de Sepur Zarco sea traducida a los veinticuatro  Idiomas mayenses.

Y al Ministerio de Cultura y Deportes ordena realice proyectos culturales dirigidos  a las mujeres de Sepur Zarco.

Que a través de los Comités de  Desarrollo de Sepur Zarco, San Marcos, La Esperanza y Poonbaac, se realicen las gestiones necesarias para  dotación  de servicios básicos en las comunidades y en las viviendas de las víctimas

El Tribunal ordena que las instituciones que actúan como Querellantes Adhesivas, inicien el trámite ante las autoridades respectivas, para que se reconozca el día veintiséis de febrero como Día de las Víctimas de  Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica. Asimismo les ordena que  realicen las gestiones necesarias ante el Congreso de la República, en relación a la Ley de Desaparición Forzada.

Se ordena a la Municipalidad de El Estor,  que en el plazo de un año, se construya un monumento que represente la búsqueda de justicia de las Mujeres de Sepur Zarco

El Tribunal ordena al Ministerio de la Defensa Nacional que en los cursos de formación militar, se incluyan  cursos de derechos humanos de las Mujeres y legislación de prevención de la Violencia contra la Mujer.

Se ordena al Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación, que se coordine lo relativo a la seguridad de las  integrantes de las organizaciones Querellantes, Equipo legal, las víctimas y sus familiares, debiendo enviarse los oficios correspondientes.

Tomando en cuenta que el peritaje histórico registral aporta información que existen los expedientes tramitados ante el Instituto de Transformación Agraria -INTA-, que fueron iniciados por las personas desaparecidas, el Tribunal ordena que se continúe con su trámite ante la institución estatal que actualmente corresponde.

La resolución del Tribunal en la audiencia de Reparación Digna, se da después de haber finalizado el juicio Sepur Zarco en donde se condenó a 120 años de prisión inconmutables al coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón por los Delitos contra los Deberes de la Humanidad y asesinato, y a 240 años de prisión inconmutables al comisionado Heriberto Valdez Asig por los delitos de Desaparición Forzada y Delitos de Deberes contra la Humanidad.

Paula Barrios de la coordinación general de Mujeres Transformando el Mundo -MTM-mostró satisfacción por la resolución del Tribunal lo cual  catalogó como relevante ya que garantiza el cambio de vida de las niñas y adolescentes de las comunidades aledañas a Sepur Zarco,  “con las medidas de reparación acogidas por el tribunal se está garantizando que esas circunstancias cambien  y que las mujeres tengan acceso a educación vivienda y salud lo cual  abrirá muchas puertas para el futuro de Sepur Zarco y para Guatemala”, refirió Barrios. 

Por Comunicación/Mujeres Transformando el Mundo

 

Los testimonios ofrecidos por varios testigos en el cuarto día de audiencias por el caso Sepur Zarco, corroboraron que en varias comunidades de  El Estor, Izabal, hubo, al menos, tres destacamentos militares, en donde se cometieron crímenes de guerra contra mujeres y hombres q’eqchís, entre l982 y 1983.

 Las y los testigos que el Tribunal de Mayor Riesgo A escuchó este jueves 4 de febrero, dijeron haber estado detenidos en los destacamentos conocidos como Tinajas, Pataxte y Sepur Zarco.

 El ejército había negado la existencia de estos lugares, sin embargo, las mujeres y hombres que contaron su historia en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmaron que  hubo destacamentos en donde los hombres de varias comunidades fueron detenidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente, mientras otros obligados a trabajar y las mujeres violadas y esclavizadas sexualmente.

 Muchas otras mujeres fueron desparecidas y también ejecutadas extrajudicialmente, como es el caso de Dominga Coc, junto con sus hijas de 3 y 2 años, en 1982, en el destacamento de Sepur Zarco.

 “Mi yerno me contó que les hicieron mucho daño. A ella la lastimaron en su cuerpo porque la violaron”, contó doña Julia Coc, su madre al tribunal. “Vengo a decir la verdad, no a mentir. Vengo a declarar  sobre la ejecución de mi hija y de mis nietas, porque fue grande el sufrimiento de mi hija cuando estuvo en el destacamento”, aseguró la valiente testigo que cuidó a su yerno enfermo, luego de que éste escapara del destacamento de Pataxte, donde también estuvo detenida su hija.

 Dominga fue ejecutada a la orilla de un riachuelo cercano al destacamento militar, según el relato de doña Julia. Un excomisionado militar, de nombre Miguel Maas  -ya fallecido-, le confesó a la madre de Julia, que su hija fue llevada al río por los soldados y, a la orilla del río la obligaron a cavar una fosa que sirvió como su tumba y la de sus hijas.

 Doña Julia presenció la exhumación de las osamentas de su hija y nietas y reconoció los cabellos y la ropa. “Dentro de la fosa estaban sus huesos y su cabello y un rollo de hilo, que era de su ropa. Ahí encontraron los calzoncitos de mis nietas”, narró la sobreviviente.

 En el cuarto día de audiencias el tribunal escuchó los relatos de cuatro testigos hombres, además de doña Julia. Todos fueron obligados por los soldados a realizar trabajos de patrullaje, en supuesto búsqueda de “delincuentes”. Los testigos aseguraron que “nunca” vieron a quienes los militares consideraban los delincuentes.

 “Estuve mucho tiempo en Tinajas, después me llevaron a Sepur Zarco, ahí nos obligaron a trabajar”, dijo don Marcos Tut, de 76 años. Durante el tiempo en que realizó trabajos forzados, don Marcos dijo: “Nosotros estábamos en las garitas, hacíamos turnos en las entradas para que no entraran los guerrilleros. Ahí mirábamos cuando entraban y salían las mujeres a las que les hicieron daño”.

Las historias de don Domingo Tzup, Domingo Choc, Vicente Choc y Domingo Coc, son desgarradoras. Todos aseguraron haber sido obligados a trabajar en el destacamento de Sepur Zarco. Todos fueron testigos de la detención de sus familiares: suegros, padres, hermanos, vecinas y otros civiles de comunidades aledañas.

 Todos los testigos tienen en común haber pertenecido a una de las familias que realizaban gestiones para la titulación de la tierra en que vivían desde hacía mucho tiempo. Además, las tierras en que habitaban se ubicaban en el Valle del Polochic, una zona rica naturalmente, donde la represión fue brutal.

 De acuerdo con Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), las autoridades locales fueron cómplices del despojo de tierra que también sufrieron las poblaciones q’eqchís de la región. “Estos hechos se enmarcan en una región donde muchos terratenientes se fueron apropiando de grandes cantidades de tierra que la municipalidad de Panzós, Alta Verapaz, les facilitaba”.

 La querellante asegura que el caso de Sepur Zarco es evidencia de que la represión contra las comunidades del Valle del Polochic, fue una estrategia que el ejército desarrolló en complicidad con finqueros y autoridades locales, ya que los esposos de las 11 mujeres sobrevivientes, eran parte del grupo de comunitarios que gestionaba la titulación de sus tierras en el desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agrícola, (INTA).

 De la sobrevivencia a la ciudadanía

 “Las voces de las mujeres testigas tienen mucha más fuerza. Si el caso Sepur Zarco demuestra algo es la valentía de las mujeres, no solo de las que denuncian, sino de todas las que acompañan el proceso”, comentó Ada Valenzuela, representante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, organización querellante.

 La activista considera que el caso de Sepur Zarco es una oportunidad para que toda la sociedad aprenda. En especial, afirma, para que la juventud se forme.

 Las mujeres rompieron el silencio después de más de 30 años de haber sufrido todo tipo de violación a su dignidad y humanidad. Todavía la herida sigue viva y entre sollozos y lágrimas las y los testigos cuentan su verdad, con valentía recuerdan a toda una sociedad y al mundo, que el dolor y el horror provocado por la guerra no deben ser olvidados.

 “Todos los testigos han narrado hechos que cazan. Es difícil que alguien luego de escucharlo no se conmueva o dude de la verdad de los sobrevivientes”, dijo la querellante.

 Barrios consideró que: “Para los testigos no es fácil hablar de tanto dolor que han vivido. Pero es un momento importante para que se escuche su verdad desde su propia voz. Es trascendental que vengan ante un tribunal y expongan desde su propia voz lo que les pasó. Es un acto de dignidad para las mujeres y los hombres”, señaló.

 Antes y después de las declaraciones las y los testigos tienen acompañamiento y atención psicosocial. “Creo que también la sociedad guatemalteca debe responder a los testimonios, porque si no nos afecta lo que estas personas narran, con tanto dolor que marcó la guerra también necesitamos ese acompañamiento. No puede ser que no nos sorprendamos y que seamos indiferentes”, dijo Barrios.

 Las querellantes consideran que el juicio de Sepur Zarco también permite conocer una verdad que ha estado ahí siempre. Las organizaciones que acompañan a las sobrevivientes consideran que para sanar “debemos saber lo que pasó y buscar los mecanismos para resarcir a las víctimas y para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en ningún contexto con la niñez y adolescencia de este país”.

 Finalmente, Barrios explicó que las mujeres sobrevivientes tienen la oportunidad de formarse como ciudadanas. “En ese transcurrir, las mujeres se han formado en el ejercicio de su ciudadanía que es un aspecto importante del acceso a la justicia. Ellas controlan lo que está sucediendo  en esta sala de audiencias. El fin de la justicia es que las víctimas transiten a sobrevivientes y de allí a ser sujetas de derechos”, concluyó.

 Por equipo de Comunicación MTM

“Fui reclutado forzosamente por el ejército en la zona militar de Puerto Barrios, Izabal. Recibí el entrenamiento “Tigre” por 90 días”, así comienza su declaración el primer testigo protegido propuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, en el quinto día de audiencias por el caso de Sepur Zarco.

 El testigo narró que su tropa relevó al pelotón comandado por el entonces subteniente  Esteelmer Francisco Reyes Girón, debido a los abusos que esta cometía contra la población civil. “Cuando llegamos nos enteramos que hubo cambios por el trato que recibía la gente. La tropa había abusado de la gente. A las mujeres las usaban para la servidumbre. Hubo violaciones de las tropas”, declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, por medio de videoconferencia.

 El testigo, un militar retirado, estuvo aproximadamente durante cuatro meses en el destacamento de Sepur Zarco; ahí se enteró de las atrocidades cometidas contra la población civil. “Un día llegan siete mujeres de Semococh a buscar a sus esposos… Habían sido asesinados en Sepur Zarco señalados de ser guerrilleros. El señor Esteelmer los convocó y ya no se supo de ellos”, explicó.

 En su relato, el testigo contó que el destacamento de Sepur Zarco tenía bajo su control al menos a 17 comunidades de El Estor, Izabal, lo que implicaba la presencia militar para patrullaje y búsqueda de combatientes guerrilleros, extremo que nunca confirmaron. “Los militares necesitaban controlar las comunidades, por eso nombraron comisionados”, dijo.

 Reconoció también que los destacamentos de Tinajas, ubicado en la finca del mismo nombre y el de Sepur Zarco, coordinaban acciones, tal como lo indicaron anteriormente la mayoría de testigos escuchados por el tribunal.

 “Hubo violaciones de la tropa del señor Esteelmer”

 En la quinta jornada de audiencias también se escuchó a dos sobrevivientes por medio de video, quienes ofrecieron su declaración en septiembre de 2012, en calidad de anticipo de prueba. Las dos mujeres relataron haber sido víctimas de violencia sexual continuada durante la permanencia de la tropa comandada por Reyes Girón.

 Una de las mujeres sobrevivientes describió al tribunal que cuando su esposo fue detenido ilegalmente  por los militares en el destacamento de Tinajas- en 1982, fue a buscarlo, pero en vez de informarle del paradero del detenido, la obligaron a quedarse en el lugar y la violaron en repetidas ocasiones, sin importarles que estuviera embarazada.

 La sobreviviente también contó que los soldados la violaron en su casa y en los caminos de la comunidad. Además, abusaron de ella cuando iba al río a lavarles la ropa. “Yo tenía mucho miedo… ellos me agarraron por la fuerza y me violaron. No me acuerdo cuantos fueron, quedé muy dañada de mi cuerpo; sangraba mucho”, dijo la testigo

 La narración de las sobrevivientes que han ofrecido su declaración por medio de la prueba anticipada, y de los otros testigos, coinciden con el relato ofrecido por el testigo protegido quien dijo: “Hubo violación sexual y abusos a los derechos de la mujer. Cuando las mujeres iban a lavar al río los soldados las perseguían”. También señaló: “Los vecinos nos manifestaron que los soldados no patrullaban sino que solo andaban acosando a las mujeres y chupando”.

 Hasta el quinto día de audiencias el Tribunal de Mayor Riesgo A, escuchó a 17 testigos de manera presencial y cinco en videoconferencia. El lunes 8 de febrero se reanudará el debate oral y público. Se tiente previsto que la semana del 8 al 12, las y los peritos propuestos por el MP y las querellantes sean escuchados.

 Por Equipo de comunicación MTM

 

“Los relatos tienen credibilidad clínica; son propios de víctimas de tortura y persecución”, concluyó la psiquiatra forense Karen Peña Juárez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), esta mañana en su declaración al Tribunal de Mayor Riesgo A. La experta ofreció en la segunda semana de audiencias por el caso Sepur Zarco, las conclusiones del peritaje que realizó en 2012, a 18 sobrevivientes.

El Caso Sepur Zarco juzga al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig y al coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón, por los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica cometida contra 11 mujeres q’eqchís, entre 1982 y 1983, en El Estor, Izabal.

La experta del Inacif fue contundente cuando dijo al tribunal que “las evaluadas no tienen la capacidad de fabular los hechos”, además, aseveró: “es improbable que exista una ganancia [para las sobrevivientes], porque se enfrentan a sus victimarios y volverán a vivir los hechos”. El tribunal escuchó además, a dos peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que dieron a conocer conclusiones de las investigaciones históricas y antropológicas en relación al caso.

Las secuelas

La experta del Inacif aseguró que “existe relación directa entre el abuso continuado y el deterioro de la calidad de vida” de las sobrevivientes. Las mujeres de Sepur Zarco fueron sometidas a seis y ocho meses de violaciones sexuales sistemáticas y al trabajo forzado, dentro y en los alrededores del destacamento. Otras sufrieron los vejámenes hasta por seis años; una de ellas quedó embarazada y sufrió un aborto.

Una de las sobrevivientes narró que fue violada “un día sí y un día no”, por los mismos cinco soldados durante seis meses. Hechos tuvieron impactos fuertes en la vida de las sobrevivientes y de la comunidad, según explicó la perito. “Sufren de estrés psicológico continuado, hubo ruptura del tejido social y pérdida de familiares”, ilustró al tribunal.

Las y los sobrevivientes también sufrieron lesiones corporales graves que en la actualidad  les provocan molestias. “Padecen hipertensión, osteoartritis, dolores crónicos de espalda, temor, recuerdos constantes de lo vivido, porque la experiencia fue catastrófica y extraordinaria”, dijo la experta.

De acuerdo con la perito, que además de haber entrevistado a los 18 sobrevivientes, realizó exámenes mentales y físicos, “la mayoría de personas que evalué tienen una visión de vida de acuerdo a esa experiencia catastrófica”.

Debido a que la violencia generalizada y sexual sistemática a la que los militares sometieron a las mujeres y hombres de Sepur Zarco, todas las sobrevivientes se sentían decaídas, según la psiquiatra forense. “Cuando las entrevisté [en 2012] las vi bastante desnutridas, su calidad de vida es muy mala”, explicó.

Asimismo, recomendó que las víctimas reciban cuidado integral de su salud, apoyo económico y material para una vida digna.

 

Por Equipo de Comunicación MTM

Las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco, fueron sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica de manera sistemática dentro del destacamento militar, en sus alrededores y dentro de sus propias viviendas. El impacto provocado por esos vejámenes sigue vigente en sus vidas actualmente, según peritajes presentados ante el Tribunal de Mayor Riesgo A contralor del caso.

 En la octava jornada de audiencias, la experta en antropología Social, Mayra Barrios Torres, explicó al tribunal que las 15 mujeres q’eqchís víctimas de violencia sexual por parte de los soldados, nombraron de cuatro formas a la violación sexual, en su propio idioma; el más usado fue Muxuk. El término, según la perito, tiene una significación profunda dentro de la cosmogonía q’eqchi’, que significa: “la mujer fue profanada, traspasada, ensuciada”.

 En un sentido más amplio, según el informe, el término Muxuk puede comprenderse como: “profanar lo sagrado, la profanación del altar o profanar el valor espiritual de algo; infringir (la ley o disposición), pasar por encima de la persona de otros sexo”. Asimismo, Barrios concluyó en su peritaje que: “También indica desmerecer. Este término se le vincula (muchas veces) a las relaciones sexuales y a la abstinencia sexual durante la época de la siembra de maíz”.

 La perito también dijo al tribunal que las mujeres q’eqchís tienen su propia interpretación lingüística de los hechos, por lo que un análisis especializado de sus expresiones verbales en su idioma materno también explica los impactos que las violaciones tuvieron en su vida. Por tal razón, “su mundo social y espiritual quedó destruido, quebrantado en todos los ámbitos de su vida”, puntualizó

 La estigmatización hacia las mujeres sigue vigente

 Las 11 mujeres q’eqchís fueron sometidas a violaciones sexuales, esclavitud sexual y doméstica durante períodos de seis y ochos meses. Algunas de ellas también sufrieron estas acciones que dañaron su integridad, durante seis años, período que permaneció el destacamento ubicado en la aldea del mismo nombre, ubicada en El Estor, Izabal.

 Los principales impactos psicológicos y psicosociales en la vida de las mujeres es el miedo, la vergüenza, evitación social, dificultad para conciliar el sueño y concentrarse, re-experimentación de los hechos traumáticos, susto, duelo alterado y desconfianza en las relaciones sociales, de acuerdo con el peritaje psicosocial que realizó Mónica Esmeralda Pinzón.

 La profesional en Psicología Social, con estudios en género, realizó análisis con enfoques étnico y de género, según dijo, porque era preciso comprender los relatos de las mujeres sin excluir elementos culturales propios de la etnia maya q’eqchí y para que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres fueran también visibilizadas en este caso.

 “Las mujeres llevan en si la sensación de estar manchadas por haber sido violadas”, dijo la experta. Además, señaló que el estigma para las mujeres en su comunidad fue otro de los factores con el que tuvieron que cargar, puesto que fueron señaladas como “mujeres de los soldados”. También se les decía que sus hijos eran “hijos de los soldados”, ya que sus esposos ya no estaban con ellas, porque habían sido detenidos, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.

 La perito explicó al tribunal que el impacto fue “un ataque devastador al cuerpo de las mujeres”, pero también fue una agresión psicológica y social, lo cual “lastimó la cultura, la transmisión y reproducción de la cultura maya”. Hechos indudablemente cargados de racismo, de acuerdo con el análisis de la experta.

 Las mujeres q’eqchís también sufrieron el “susto”, uno de los elementos culturales analizados a la luz del enfoque étnico. Pinzón manifestó que dicha expresión puede comprenderse como síntomas y reacciones permanentes en la mente y reacciones de estrés postraumático debido al duelo alterado”.

 La mayoría de mujeres sufre padecimientos físicos crónicos producto de los vejámenes sufridos. Una de ellas falleció recientemente, pero ofreció su declaración en calidad de prueba anticipada, por lo que su historia será escuchada. Otra de las consecuencias de los crímenes sufridos por las mujeres, es que se niegan a rehacer su vida en pareja, porque sufren el temor de  ser violentadas nuevamente.

 Finalmente, la experta recomendó al Estado que cumpla con el principio de reparación integral adoptado por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que debe haber compensación material, legal, psicológica, individual y colectiva. Debe haber restitución, indemnización y garantías de no repetición de los hechos para las mujeres.

 En la octava jornada de audiencias en la Sala de Vistas, donde se juzga al coronel Esteelmer Francisco  Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig, también acusado de los delitos de desaparición forzada y asesinato, el tribunal escuchó, además de los peritajes de Pinzón y Barrios, dos análisis antropológicos forenses.

 Ambos peritajes determinaron que, debido a la posición en que fueron encontradas las osamentas, “la inhumación fue realizada por personas no allegadas a las víctimas”. Además, que “las fracturas que afectan … son compatibles con proyectil de arma de fuego”.

  Por Equipo de Comunicación MTM

La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), Mujeres Transformando el Mundo, MTM, Colectiva Jalok U y  Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG, organizaciones querellantes del caso Sepur Zarco presentarán al menos de 26 peritajes, en el  juicio histórico que por primera vez juzga delitos contra los deberes de la humanidad, en las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. El excomisionado militar Heriberto Valdez Asig y el coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón, señalados como responsables de los hechos, también son imputados por los delitos de desaparición forzada y asesinato.

Las pruebas periciales ofrecidas por las querellantes y el MP son fundamentales para que el Tribunal de Mayor Riesgo A conozca el contexto histórico, cultural, social y político que atravesaba Guatemala en los años en los que se cometieron los delitos. Los hechos que juzga el tribunal fueron cometidos entre 1982 y 1983, contra poblaciones indígenas q’eqchís, en varios destacamentos militares asentados en municipios de Izabal y Alta Verapaz.

 Uno de los peritajes principales está a cargo de la doctora en Antropología Social, profesora y autora de varios libros, la argentina Rita Laura Segato. La experta ofrecerá al tribunal su interpretación sobre la victimización de las mujeres desde una perspectiva de género y hermenéutica antropológica.

 Dichos crímenes de guerra son considerados parte de un conjunto de acciones  que ocurrieron por órdenes superiores militares, lo que descarta el argumento sobre el “descontrol o desborde” de la tropa, según la explicación de la experta. La perito expondrá al tribunal sobre los vejámenes cometidos contra las mujeres q’eqchís como estrategias conocidas como las “nuevas formas de guerra en el cuerpo de las mujeres”.

 Otro de los peritajes analizará los crímenes de género ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala. El informe fue elaborado por Paola Soria Montañez, abogada con experiencia en litigios en materia de discriminación por género frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 La experta interpretará los hechos ante el tribunal desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

 Las querellantes y la fiscalía buscan que el tribunal comprenda el impacto cultural que los hechos atroces tuvieron en la vida de las mujeres y hombres q’eqchí de Sepur Zarco. Por tal razón, presentará un análisis a cargo de la antropóloga social guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj

 También fue propuesta para esta etapa procesal la doctora Marta Elena Casaús Arzú quien ofrecerá un peritaje sobre racismo para el caso Sepur Zarco. Uno de los  planteamientos centrales de la experta es que el racismo es un elemento fundamental para comprender la violencia sexual en contra de las mujeres mayas, durante el conflicto armado en Guatemala. La doctora Casaús, fue perito durante el juicio por Genocidio en 2013.

 Las declaraciones de las y los sobrevivientes evidenciaron que la mayoría de las víctimas de Sepur Zarco fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente cuando realizaban trámites para la titulación de la tierra de varias comunidades. Por tal razón, varios peritajes buscan explicar el contexto socio-histórico de los años 1982 y 1983, para que el tribunal comprenda que las acciones militares no fueron estrategias para combatir al enemigo, sino crímenes cometidos contra poblaciones civiles no combatientes.

 Uno de estos peritajes fue elaborado por el doctor Héctor Rosada Granados, politólogo especializado en Sociología Política y licenciado en Antropología Social, quien expondrá su peritaje sobre el contexto sociológico-militar, en el caserío Sepur Zarco, Finca San Miguel, de El Estor Izabal, ente los años 1982 y 1983.

 El peritaje busca confirmar que el temor de los propietarios de las fincas, frente a los reclamos de titulación de tierra de los pobladores organizados en comités protierra, fue el disparador de la violencia que el ejército descargó en su contra.

 Entre las pruebas que se presentarán al Tribunal de Mayor Riesgo A, se encuentran 34 testimoniales, 16 pruebas documentales relacionadas con el coronel Francisco Esteelmer Reyes girón y 9 con el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

 La fiscalía y las querellantes también presentarán pruebas materiales relacionadas con el área de Sepur Zarco, en El Estor, Izabal, así como con la finca Tinajas, de Panzós, Alta Veraapaz. Entre las pruebas se hallan osamentas, ropa y otros objetos asociados.

 Por Equipo de Comunicación MTM