A un Año de la Histórica Sentencia condenatoria caso Sepur Zarco

A un año de la Histórica Sentencia condenatoria en el caso Sepur Zarco

Ha transcurrido un año de esa sentencia histórica que marcó un precedente por ser el primer caso de violencia sexual perpetrada durante el conflicto interno que se juzga como crimen de guerra en Guatemala y el primer caso de esclavitud doméstica y sexual que se juzga en la historia como delito internacional en un Tribunal de Justicia Nacional.

La valentía de las abuelas q´eqchi´ fue y sigue siendo evidente y reconocida a nivel nacional y mundial, tomaron la gran decisión de avanzar en el camino hacia la justicia formal, durante el juicio permanecieron en  la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad se han empoderado y ha tomado liderazgo en sus propias comunidades.

El 2 de marzo de 2016 por unanimidad declaró con lugar la petición de reparación digna; las medidas de reparación van encaminadas a que se cumpla con el derecho a la educación, salud, recreación y dotación de servicios básicos en las comunidades y en las viviendas de las víctimas.

También que con el apoyo de familiares, se continúe con la investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y comunidades vecinas.

Un año después, la perseverancia de las abuelas Q´eqchi´  ha inyectado fuerza a quienes acompañamos este proceso de  búsqueda de justicia, hoy  reafirmamos nuestro compromiso y lucha para exigir a los entes del Estado cumplan con la deuda histórica que  se tiene con las abuelas, a través del cumplimiento de las medidas de reparación Transformadora para las valientes mujeres de Sepur Zarco, sus familias y sus comunidades.

Tras la sentencia de reparación en el caso  Sepur Zarco, se han realizado mesas interinstitucionales con la participación de entes de gobierno, Ministerio Público Procuraduría General de la Nación Fondo de Tierras, Registro de Información Catastral RIC, entre otras, y varias instituciones han mostrado su voluntad política por cumplir con el mandato judicial.

El próximo 26 de febrero se inaugurará la Unidad Móvil de Salud en la Comunidad de Sepur Zarco, un primer paso por el cumplimiento de una reparación transformadora.

La Voz y la lucha de las abuelas de Sepur Zarco siguen y seguirá presente.

 Antecedentes:

Por más de 30 años 11 mujeres q´eqchi´ tuvieron que esperar para ver sentenciados a quienes son los responsables de violación sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de las sobrevivientes, así como los responsables de desaparición forzada en contra de siete hombres esposos de las sobrevivientes y del asesinato de una madre y sus dos pequeñas hijas.

Después de 20 días de audiencia desarrolladas durante el Juicio Sepur Zarco llevado a cabo en el mes de febrero de 2016,  El tribunal de Mayor Riesgo A dictó 120 años de prisión inconmutables para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y 240 años de prisión para el comisionado militar Heriberto Valdez Asig, acusados de delitos de deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchi´, asesinato de tres mujeres madre y sus dos hijas y de la desaparición forzada de siete hombres (esposos de las mujeres sobrevivientes).

Los juzgadores establecieron que Heriberto Valdez Asig es responsable del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer encuadrando su conducta en el delito de desaparición forzada, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables.

 Esteelmer Francisco Reyes Girón  es responsable como autoridad del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus dos hijas las niñas Anita y Hermelinda Coc Set,

 

por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada asesinato es decir 90 años de prisión inconmutables.

Tanto Reyes Girón como Valdez Asig el tribunal los señaló de responsables como autoridades de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida y la integridad de la población de Sepur Zarco especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Maaz, María Bá Caal, Manuela Bá, Felisa Cuc, Vicenta Col Pop, Margarita Chub Choc, Cecilia Caal, Magdalena Pop, Carmen Xol Ical, Demesia Yat, Dominga Coc. Y sus hijas Anita Set Coc y Hermelinda Coc. Por tal delito se le impuso a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables.  

Omisión de denuncia por parte del MINEDUC conllevó a que maestro Violara a niña de quinto grado

El  Ministerio de Educación incurrió en la omisión de denuncia en contra del servidor público Javier Antonio de León Monteros quien se desempeñaba en el cargo de maestro de primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta, Las Colinas 1,2 y 3, ubicada en la Aldea Lo de Mejía en San Juan Sacatepéquez.

De León Monteros  por varios años cometió acoso y hostigamiento sexual en su manifestación física en contra de varias de sus alumnas, sin que autoridades educativas denunciaran tales hechos cometidos por el servidor público.

Aunque autoridades educativas recibieron denuncia de varios padres de familia y alumnos, las autoridades educativas únicamente se limitaron a cambiar al profesor a otros establecimientos educativos, permitiendo con eso a que otras niñas fueras víctimas de violencia sexual.

Esa omisión de denuncia por parte del Ministerio de Educación también permitió que el servidor público violara a una de sus alumnas de quinto grado (año 2011 la niña contaba con 11 años de edad).

La alumna rompió el silencio en diciembre del año 2013, quien en su declaración relató que De León Monteros durante todo el ciclo escolar 2011 (de enero a octubre) aprovechándose de darle clases de refuerzo de matemática durante los recreos, el maestro le tocaba los pechos y las piernas, la abrazaba, la besaba. Y en octubre de ese mismo año la llevó a un salón de clase abandonado y la violó.

Aunque el Ministerio de educación tenía conocimiento de los antecedentes del servidor público desde el año 2001, nunca realizó la denuncia correspondiente ni lo puso a disposición para ser investigado, dando lugar a que por más de diez años el profesor tuviera acceso a cientos de sus alumnas y aunque varias veces fue denunciado por padres de familias, el Ministerio de Educación nunca accionó en su contra, sino que solamente se limitó a sanciones administrativas (cambiarlo de establecimiento).

Después de que varias niñas denunciaran que el profesor “las tocado en sus pechos, las sentaba en las piernas, les metía la mano en la falda”, la sanción para el profesor fue trasladarlo a la Escuela Oficial Urbana Mixta Villa Lobos 1. Y según procedimientos administrativos “aclarada la situación del profesor”, regresó a la escuela donde oficialmente estaba  nombrado, (Escuela Oficial Rural Mixta, Las Colinas 1,2 y 3, ubicada en la Aldea Lo de Mejía en San Juan Sacatepéquez.)

Continuaron las denuncias por parte de padres de familia y alumnos Padres de familia y alumnos quienes solicitaron que el profesor De León Monteros ya no impartiera clases en dicha escuela de primaria por los antecedentes en su contra.  Nuevamente autoridades educativas se limitaron a separarlo del cargo dentro de la escuela y lo dejaron a disposición de la dirección educativa según fue para resguardar la integridad física del servidor público y la salud emocional de las y los alumnos.

En ningún momento el Ministerio de Educación accionó en contra del servidor público aunque tuvo conocimiento de que varias niñas eran víctimas de acoso,  y hostigamiento sexual y agresión sexual por parte del maestro De León Monteros.

Aunque el Ministerio de educación desde el año 2012 cuenta con un protocolo de identificación atención y referencia de Casos de Violencia dentro del sistema educativo Nacional, el cual en su apartado Ruta de Referencia y Contra referencia Interna y Externa para la Atención y derivación de casos de acoso y hostigamiento sexual, en su acción 5 señala: “El director debe conformar una junta disciplinaria de conformidad al  acuerdo 1-2011 y debe notificar a la Dirección de Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos para iniciar el proceso de destitución”,  las autoridades no siguieron el protocolo establecido.

Javier Antonio de León Monteros es acusado por los delitos de Agresión Sexual con agravación de la pena y con circunstancias especiales de agravación en forma continuada y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

A través del litigio estratégico Mujeres Transformando el Mundo acompaña a la alumna víctima de violación sexual, hasta el momento se han desarrollado dos audiencias y se espera que este viernes 3 de febrero de 2017; se presenten conclusiones y se dicte sentencia contra del servidor público quien por muchos años se desempeñó como maestro de primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta, Las Colinas 1,2 y 3, ubicada en la Aldea Lo de Mejía en San Juan Sacatepéquez.

La Tercera audiencia se desarrollará en el Tribunal Segundo Pluripersonal de Femicidio ubicado en la zona 10 capitalina.