La Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite la solicitud de amparo en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que presentamos por la resolución emitida en relación al antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La resolución de la CSJ, que no fue unánime, evidencia una violación a los derechos humanos de las víctimas al negar la posibilidad de investigar la responsabilidad del exgobernante en las decisiones tomadas en torno al incendio que provocó la muerte de 41 niñas que permanecían bajo el resguardo del Estado.
La Corte refiere la falta de prueba contra Morales; sin embargo, MTM individualizó más de 25 indicios que respaldan la solicitud de antejuicio, tal como se cita en los votos disidentes de las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila.
Cabe destacar que no era necesario que el expresidente ejecutara las acciones de forma física aunque intelectualmente y de mando sí lo hiciera ya que, según la teoría del dominio, la intervención de él, habría tenido incidencia en las decisiones tomadas por las fuerzas de seguridad, debido a su alta investidura.
Rechazamos la existencia de un interés político o la búsqueda de la desestabilización del país, así como otros ataques mencionados por parte de los magistrados en contra de los representantes de MTM. Prueba de ello es que la querella fue planteada después de que Jimmy Morales concluyera su período presidencial.
Entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil mantuvo en constante represión y en condiciones infrahumanas a 56 niñas y a 43 niños en las afueras del Hogar Seguro durante nueve horas. De acuerdo a lo indicado por los mismos agentes de seguridad del Estado, la orden provenía del entonces presidente Morales y su asesor, Abel Beltetón.
Diferentes indicios demuestran que Morales y Beltetón, no solo estaban informados de lo que acontecía en el hogar ubicado en San José Pinula, sino que habrían girado instrucciones para reprimir, reconcentrar y encerrar a las y los adolescentes.
Lo anterior descarta un carácter espurio de la solicitud de antejuicio que califica lo ocurrido como una grave violación a los Derechos Humanos, que obliga a cumplir las garantías fundamentales de memoria, verdad y justicia, que comprende la investigación de hechos que presentan características de tortura, pues en caso contrario podría configurar la aquiescencia que compromete la responsabilidad internacional del Estado d Guatemala si se deja en impunidad.
¡Una vez más, exigimos justicia por las 56 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción!
