Frenan derecho de acceso a la justicia a niña de 12 años

La justicia, que debe ser pronta y cumplida, es un derecho constitucional para todos los guatemaltecos. Sin embargo, vemos con preocupación cómo esta garantía ha sido vedada a una niña de 12 años, víctima de violencia sexual.

La adolescente de Huehuetenango ha esperado ocho meses para que el Ministerio Público inicie la investigación y solicite la orden de captura en contra de su agresor.

De acuerdo a la Fiscalía, el retado responde a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no ha trasladado los resultados de la evaluación que efectuó a la víctima en febrero del año en curso.

La adolescente fue violada en múltiples ocasiones por un vecino, quien al encontrarla sola en la calle, la obligaba a ingresar a su vehículo para abusar sexualmente de ella.

El proceso para que la víctima rompiera el silencio fue difícil debido a que su agresor la amenazaba con un arma de fuego, argumentando que si hablaba mataría a su mamá. De esa cuenta, lamentamos que los órganos de justicia no respondan de forma oportuna.

Este viernes presentamos una denuncia en la PDH ante esta violación al derecho que la niña tiene de acceder a la justicia.

Hacemos un llamado a las autoridades del Inacif y Ministerio Público a acelerar el procedimiento y a investigar qué hay detrás del retardo malicioso del caso.

Mujeres denuncian a minera por violencia sexual

El efecto transformador de la ley está estrechamente vinculado al acceso a la justicia. De esa cuenta, once mujeres presentaron hoy una querella en contra de Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- por la violencia sexual a la que fueron sometidas durante un desalojo en 2007.

El caso

La compañía minera es señalada de incurrir en tortura sexual y delitos contra los deberes de humanidad .

Desde 2005, la comunidad Lote Ocho, de El Estor, Izabal, enfrentó conflictos por la propiedad de la tierra con CGN, en ese entonces propiedad de Skye Resources, esto llevó a una serie de desalojos en enero de 2007. En ese contexto, once mujeres fueron violadas en grupo por las fuerzas de seguridad pública y elementos de seguridad de la minera.

La Recomendación no. 33 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) establece que el acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos sus derechos. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, por lo que se hace un llamado a los órganos judiciales a guardar la independencia al conocer la querella en mención.

Así también, se recuerda que el Estado debe proteger los derechos humanos de las mujeres antes, durante y después de un conflicto, a fin de garantizar que ellas se integren en todos los procesos de consolidación de la paz, según la Recomendación 30 de la Cedaw, que recoge la opinión de las mujeres de Lote Ocho.

Demanda en Canadá

En Canadá, las once mujeres han emprendido una demanda contra Hudbay Minerals Inc., una empresa minera con sede en Toronto, que compró un año después del desalojo, Skye Resources, entonces subsidiaria de CGN.

Durante la demanda en curso, se ha demostrado, por medio de correos electrónicos, como CGN emprendió una campaña para generar miedo en los habitantes de Lote Ocho y otras 18 comunidades indígenas, con el fin de expulsarles de una franja de tierra en la que la empresa no tiene derecho para explotar.

Es lamentable que, más de dos décadas después de la firma de la Paz en Guatemala, aún se atente contra el cuerpo de las mujeres en las pugnas de tierra, tal como ocurrió durante el conflicto armado interno.

En tanto que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post-conflicto, está por llegar a su vigésimo aniversario.

La unidad y la paz es fundamental en el recorrer hacia la justicia, por lo que las mujeres de Lote Ocho cuentan con el apoyo y respaldo de las Abuelas de Sepur Zarco y las diversas organizaciones de sociedad civil que firman este documento.

Se presenta ampliación de querella contra Jimmy Morales y Abel Beltetón por tortura

Como parte de las acciones en el caso Hogar Virgen de la Asunción, Mujeres Transformando el Mundo presentó una ampliación de la querella de tortura planteada contra el exmandatario Jimmy Morales Cabrera y el exasesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Carlos Abel Beltetón.
La solicitud, que fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, señala a Morales y Beltetón por tortura, entre otros delitos vinculados a la tragedia que acabó con la vida de 41 niñas.
Indicios
Según el Código Penal, comete tortura quien “por orden o con la autorización de autoridades del Estado”, inflija intencionalmente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona con la finalidad de obtener información o intimidarle.
Entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil mantuvo, en constante represión y en condiciones infrahumanas, a las 56 niñas y a 43 jóvenes en las afueras del Hogar Seguro durante nueve horas. De acuerdo a lo indicado por los mismos agentes, la orden provenía del entonces presidente Morales y el asesor Beltetón.
Diferentes indicios demuestran que Morales y Beltetón, no solo estaban informados de lo que acontecía en el hogar ubicado en San José Pinula, sino que habrían girado instrucciones para reprimir a las y los adolescentes.
Lo anterior descarta un carácter espurio de la querella, por lo que se solicitó al juez Rodolfo Laynes, empezar un proceso de antejuicio contra Morales e iniciar la persecución penal en contra de Beltetón
En el documento, que observa el hecho como una grave violación a los Derechos Humanos, que obliga a cumplir las garantías fundamentales de memoria, verdad y justicia, se descarta un interés político debido a que, entre otros aspectos, Morales ya no funge como presidente de Guatemala.