Policías señalados por el caso Hogar Seguro continuarán en prisión preventiva

Los agentes de la Policía Nacional Civil enfrentarán juicio junto a otros sindicados en enero 2023. (Foto: Asier Vera)

El juez suplente del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Sergio Flores, resolvió mantener en prisión preventiva a Lucinda Marroquín y a Luis Armando Pérez Borja, ambos integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En el caso de Marroquín, quien ocupaba el cargo de subinspectora de la PNC, el juez consideró que existe la “grave sospecha” de que testigos, peritos y otros acusados brinden una declaración falsa. Mientras que a Pérez Borja, se le negó el arresto domiciliar debido a que su rango como subcomisario, representa peligro de obstaculización de averiguación de la verdad al tener la posibilidad de influir en otros agentes que serán llamados a declarar durante el juicio.

La resolución del juzgador responde a los argumentos presentados por el Ministerio Público, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y otras organizaciones que participan en el proceso penal, en representación de las víctimas y sus familias.

Se prevé que ambos enfrenten debate oral y público a partir del 9 de enero 2023. Marroquín por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas y Pérez Borja por maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.

Cabe destacar que el pasado 5 de octubre, el equipo de MTM también acudió a Sala Cuarta de Apelaciones para participar en una audiencia de recusación planteada por la ex Subsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a que no se logró integrar el órgano jurisdiccional en mención.

Cinco años han transcurrido desde que 41 niñas murieron y 15 resultaron con lesiones graves debido a un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

CC acepta amparo por rechazo de antejuicio contra Jimmy Morales

La solicitud de antejuicio fue presentada como parte del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite la solicitud de amparo en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que presentamos por la resolución emitida en relación al antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La resolución de la CSJ, que no fue unánime, evidencia una violación a los derechos humanos de las víctimas al negar la posibilidad de investigar la responsabilidad del exgobernante en las decisiones tomadas en torno al incendio que provocó la muerte de 41 niñas que permanecían bajo el resguardo del Estado.

La Corte refiere la falta de prueba contra Morales; sin embargo, MTM individualizó más de 25 indicios que respaldan la solicitud de antejuicio, tal como se cita en los votos disidentes de las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila.

Cabe destacar que no era necesario que el expresidente ejecutara las acciones de forma física aunque intelectualmente y de mando sí lo hiciera ya que, según la teoría del dominio, la intervención de él, habría tenido incidencia en las decisiones tomadas por las fuerzas de seguridad, debido a su alta investidura.

Rechazamos la existencia de un interés político o la búsqueda de la desestabilización del país, así como otros ataques mencionados por parte de los magistrados en contra de los representantes de MTM. Prueba de ello es que la querella fue planteada después de que Jimmy Morales concluyera su período presidencial.

Entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil mantuvo en constante represión y en condiciones infrahumanas a 56 niñas y a 43 niños en las afueras del Hogar Seguro durante nueve horas. De acuerdo a lo indicado por los mismos agentes de seguridad del Estado, la orden provenía del entonces presidente Morales y su asesor, Abel Beltetón.

Diferentes indicios demuestran que Morales y Beltetón, no solo estaban informados de lo que acontecía en el hogar ubicado en San José Pinula, sino que habrían girado instrucciones para reprimir, reconcentrar y encerrar a las y los adolescentes.

Lo anterior descarta un carácter espurio de la solicitud de antejuicio que califica lo ocurrido como una grave violación a los Derechos Humanos, que obliga a cumplir las garantías fundamentales de memoria, verdad y justicia, que comprende la investigación de hechos que presentan características de tortura, pues en caso contrario podría configurar la aquiescencia que compromete la responsabilidad internacional del Estado d Guatemala si se deja en impunidad.

¡Una vez más, exigimos justicia por las 56 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción!

Se presenta ampliación de querella contra Jimmy Morales y Abel Beltetón por tortura

Como parte de las acciones en el caso Hogar Virgen de la Asunción, Mujeres Transformando el Mundo presentó una ampliación de la querella de tortura planteada contra el exmandatario Jimmy Morales Cabrera y el exasesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Carlos Abel Beltetón.
La solicitud, que fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, señala a Morales y Beltetón por tortura, entre otros delitos vinculados a la tragedia que acabó con la vida de 41 niñas.
Indicios
Según el Código Penal, comete tortura quien “por orden o con la autorización de autoridades del Estado”, inflija intencionalmente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona con la finalidad de obtener información o intimidarle.
Entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil mantuvo, en constante represión y en condiciones infrahumanas, a las 56 niñas y a 43 jóvenes en las afueras del Hogar Seguro durante nueve horas. De acuerdo a lo indicado por los mismos agentes, la orden provenía del entonces presidente Morales y el asesor Beltetón.
Diferentes indicios demuestran que Morales y Beltetón, no solo estaban informados de lo que acontecía en el hogar ubicado en San José Pinula, sino que habrían girado instrucciones para reprimir a las y los adolescentes.
Lo anterior descarta un carácter espurio de la querella, por lo que se solicitó al juez Rodolfo Laynes, empezar un proceso de antejuicio contra Morales e iniciar la persecución penal en contra de Beltetón
En el documento, que observa el hecho como una grave violación a los Derechos Humanos, que obliga a cumplir las garantías fundamentales de memoria, verdad y justicia, se descarta un interés político debido a que, entre otros aspectos, Morales ya no funge como presidente de Guatemala.