La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y las organizaciones querellantes pidieron al Tribunal de Mayor Riesgo A, contralor de caso Sepur Zarco, que imponga penas de 1,290 y 340 años de prisión inconmutables a los acusados, Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdez Asig, respectivamente.
El caso Sepur Zarco llegó a su etapa final luego de 17 audiencias. La Fiscalía de Derechos Humanos y las organizaciones querellantes, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y la colectiva Jalok U, presentaron sus conclusiones finales en el debate oral y público que inició el 1 de febrero de este año. Los abogados de la defensa presentarán sus alegatos finales el jueves 25 de febrero, por lo que el tribunal podría dictar sentencia el viernes 26 de febrero.
Luego de que los abogados de la defensa de los dos acusados renunciaran a 16 de sus testigos, la jueza presidenta del tribunal, Yassmin Barrios, pidió a los sujetos procesales que se prepararan para la etapa final del juicio, donde se ofrecen las argumentaciones sobre la plataforma jurídica, la plataforma fáctica y sobre la prueba pericial.
La fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público MP considera que Esteelmer Francisco Reyes Girón, es autor responsable de crímenes de guerra delitos cometidos contra los deberes de humanidad como lo relaciona el artículo 378 del Código Penal en su forma de esclavitud sexual esclavitud doméstica en su forma violencia sexual.
Por los delitos cometidos por Reyes Girón la Fiscalía pidió que se le imponga 360 años de prisión por el delito de violencia sexual de 12 mujeres, 360 años por el delito de esclavitud sexual de 12 mujeres, 360 años de prisión por el delito de esclavitud doméstica en contra de 12 mujeres todas ellas q´eqchis.
Asimismo solicitó 60 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad atentado en contra de la dignidad de la persona especialmente tratos humillantes y degradantes con las niñas Anita y Herlinda Set Coc; y por los delitos de asesinato en agravio de Dominga Coc y sus dos hijas Anita Set Coc y Herlinda Set Coc 150 años de prisión, siendo un total de 1290 años de prisión solicitados para el coronel Reyes Girón.
En cuanto al excomisionado Valdez Asig la fiscalía solicitó que se condene a un total de 340 años de prisión inconmutables, 280 años por desaparición forzada de siete hombres y 60 años por la violación sexual de dos mujeres.
La abogada Jennifer Bravo, representante de Mujeres Transformando el Mundo -MTM-, organización querellante solicito para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón 1,230 años de prisión por los siguientes delitos:
Por delitos de deberes contra la humanidad en su forma violencia sexual como crimen de guerra en contra de 12 mujeres q´eqchis 360 años de prisión, 330 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad en su forma de esclavitud sexual como crimen de guerra en contra de 11 mujeres y 330 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad en su forma de esclavitud doméstica en contra de 11 mujeres.
Asimismo Bravo solicitó 150 años de prisión por tres delitos de asesinato, por dos delitos de atentado contra la dignidad de las niñas Anita y Herlinda Set Coc 60 años de prisión solicitando un total de 1,230 años de prisión para Reyes Girón
Para el comisionado militar Valdez Asig, la abogada Bravo se sumó a la petición del Ministerio Público, solicitando un total de 340 años de prisión.
Asimismo pidió que el Estado de Guatemala sea formalmente demandado, como autor de los hechos imputados a los militares Reyes Girón y Valdez Asig.
La pena debería ser establecida de acuerdo a la peligrosidad de los acusados, los antecedentes penales, el novel del delito (expropiación de la tierra) y la extensión e intensidad del daño causado así como las circunstancias atenuantes y agravantes, según la abogada Bravo.
En el caso específico del crimen de esclavitud debe considerarse el control del movimiento de las personas sometidas a la esclavitud, el control del entorno físico, el control psicológico, la duración del sometimiento a la esclavitud, así como el control de la sexualidad y el trabajo forzado, de acuerdo con la exposición de los querellantes, todas las características referidas se cumplieron en el destacamento militar, en los años de 1982 y 1983.
Las abogadas y el abogado querellante refirieron también que debe considerarse autores a los dos imputados. En el caso de Reyes Girón, porque era el jefe del destacamento miliar y su responsabilidad consiste en que tuvo efectivo control sobre sus subordinados, además, porque sabía o debió saber que sus subordinados estaban cometiendo un crimen, y no tomó medidas razonables y efectivas para evitarlo o castigarlos. “Y porque como resultado de tales acciones o inacciones, el crimen fue cometido”, expuso Bravo.
Los querellantes reiteraron que el caso Sepur Zarco representa una posibilidad de justicia reparadora para las 11 mujeres q’eqchís sobrevivientes.
Reparación debe ser moral y económica
Este miércoles 24 de febrero también se presentó un peritaje económico, a cargo del experto Rafael Eduardo Bran Paiz, quien explicó al tribunal que la reparación material y moral debe contemplar los daños causados por la persecución, violación sexual y desaparición forzada de varias de las mujeres sobrevivientes.
“El dolor no puede medirse , por lo que para fijarse la reparación moral deben tenerse criterios de justicia y equidad propuestos por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales de Derechos Humanos”, dijo el perito.
Esta es la primera vez que un tribunal nacional juzga crímenes de guerra en sus modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica.
Por Equipo de Comunicación MTM
