La justicia, que debe ser pronta y cumplida, es un derecho constitucional para todos los guatemaltecos. Sin embargo, vemos con preocupación cómo esta garantía ha sido vedada a una niña de 12 años, víctima de violencia sexual.
La adolescente de Huehuetenango ha esperado ocho meses para que el Ministerio Público inicie la investigación y solicite la orden de captura en contra de su agresor.
De acuerdo a la Fiscalía, el retado responde a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no ha trasladado los resultados de la evaluación que efectuó a la víctima en febrero del año en curso.
La adolescente fue violada en múltiples ocasiones por un vecino, quien al encontrarla sola en la calle, la obligaba a ingresar a su vehículo para abusar sexualmente de ella.
El proceso para que la víctima rompiera el silencio fue difícil debido a que su agresor la amenazaba con un arma de fuego, argumentando que si hablaba mataría a su mamá. De esa cuenta, lamentamos que los órganos de justicia no respondan de forma oportuna.
Este viernes presentamos una denuncia en la PDH ante esta violación al derecho que la niña tiene de acceder a la justicia.
Hacemos un llamado a las autoridades del Inacif y Ministerio Público a acelerar el procedimiento y a investigar qué hay detrás del retardo malicioso del caso.