Este 5 de junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una condena en contra del Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Fátima, una niña que sobrevivió a la violencia sexual reiterada por parte de un profesor, y que fue forzada a continuar con el embarazo y la maternidad producto de violación. Esta decisión, que fue posible gracias al litigio iniciado en 2019 por el Movimiento Son Niñas, No Madres, reafirma un principio fundamental: ninguna niña debe ser forzada a enfrentar un embarazo y una maternidad no deseada.
En su condena, el Comité destacó que al forzar a Fátima a mantener un embarazo con el que explícitamente manifestó no querer continuar, el Estado violó sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, a recibir información, y a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, resaltó que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, educativos y profesionales de las niñas, y restringe gravemente su derecho a una vida digna.
El Comité reconoció también que la violencia sexual, el embarazo y la maternidad forzada que Fátima tuvo que enfrentar le causaron un sufrimiento extremo, que incluyeron intentos de suicidio. Asimismo, que la negativa del Estado a prestarle los servicios de salud reproductiva a los que tenía derecho constituyeron trato cruel e inhumano, y una forma de discriminación basada en estereotipos sobre la función reproductiva de la mujer.
El Comité también establece medidas de no repetición para evitar que ocurran otros casos como el de Fátima, una decisión especialmente relevante dado el preocupante panorama guatemalteco en materia de embarazo infantil. Las cifras son contundentes: entre 2018 y 2024, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) documentó más de 14.000 partos en niñas de 10 a 14 años (un promedio de 2.000 partos por año). La tendencia se mantiene, como lo evidencia el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), que entre enero y marzo de 2025 documentó 556 nacimientos en niñas del mismo rango de edad.
Entre las medidas que el Comité le exigió al Estado de Guatemala están:
- Garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes.
- Emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral.
- Crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial.
- Crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazos forzados para diseñar políticas públicas efectivas.
- Capacitar obligatoriamente al personal de salud, justicia y educación en temas de género, niñez y derechos humanos.
La decisión del caso Fátima se suma a condenas previas contra Ecuador y Nicaragua (casos Norma, Lucía y Susana, enero 2025) y contra Perú (caso Camila, 2023 ante el Comité de Derechos de la Niñez).
“Con la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso de Fátima, todas las sobrevivientes representadas por el movimiento Son Niñas, No Madres, han obtenido justicia ante organismos internacionales. Esta condena constituye un precedente fundamental en la protección de los derechos humanos de niñas víctimas de violencia sexual y reafirma la responsabilidad del Estado de Guatemala en garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la no repetición. Este es un momento no solo para celebrar y reconocer este avance, sino para que el Estado guatemalteco dé inicio, sin dilación, al cumplimiento de las recomendaciones, adoptando medidas estructurales que impidan que ninguna niña sea forzada a ser madre”, expresó el movimiento Son Niñas, No Madres.
“Con la decisión del caso Fátima, las Naciones Unidas han reconocido algo que no podemos seguir ignorando: ninguna niña en este mundo debe ser forzada jamás a convertirse en madre. Nuestras niñas nacieron para aprender, para jugar, para soñar con futuros brillantes—no para maternar ni cargar con las consecuencias de la violencia. La maternidad forzada es una forma de tortura. Así lo ha establecido la ONU. Es deber de los Estados actuar en consecuencia para erradicar la violencia sexual, asegurar servicios de salud esenciales y garantizar la protección de los derechos de las niñas, incluido el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida. Hoy, en honor a la valentía de Fátima, le recordamos al mundo entero una verdad fundamental: Son niñas, no madres”, señaló Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
“Cada condena no solo es una reivindicación para las niñas que sobrevivieron a estas violencias, y que por años esperaron justicia de parte de los sistemas judiciales de sus países, sino también un faro de esperanza para miles que aún enfrentan un panorama de desprotección luego de sobrevivir a un evento tan doloroso como la violación. Con esta condena ratificamos el poder que tienen las voces de las sobrevivientes, la importancia de la lucha colectiva, y la urgencia de los abordajes integrales para prevenir que ninguna otra niña deba abandonar su infancia por una maternidad forzada”, señala Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de PPG, una de las organizaciones fundadoras del movimiento.
Esta decisión es un hito en la garantía de los derechos humanos, no solo en el ámbito local, sino también a nivel global, pues obliga a Guatemala y a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a modificar su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que ninguna niña enfrente embarazos o maternidades forzadas.
El Movimiento Son Niñas, No Madres hace un llamado urgente al Estado guatemalteco a cumplir con sus obligaciones internacionales e implementar todas las medidas necesarias para que ninguna niña tenga que ser forzada a renunciar a sus sueños y proyectos de vida para asumir una maternidad forzada.
La historia de Fátima
Fátima era una niña de bajos recursos socioeconómicos de Guatemala. Entre 2009 y 2010, cuando tenía 13 años fue violada por un profesor que, paradójicamente, había sido funcionario del organismo encargado de proteger la niñez, y posteriormente fue obligada a continuar con el embarazo resultante del abuso. El sistema falló completamente: el personal de salud la culpabilizó por su embarazo y la justicia no ha logrado capturar a su agresor.
Durante el embarazo, tras hostigamientos del personal educativo, Fátima se vio forzada a abandonar la escuela. Cuando quiso regresar, condicionaron su reingreso a la escuela a que ésta contrajera matrimonio. Luego, a pesar de que ocupaba el primer lugar de rendimiento académico en el instituto, no le permitieron llevar la bandera en el desfile de las fiestas porque “qué iba a decir la sociedad de que había una niña embarazada en el instituto”. La
niña y su familia tuvieron que buscar acompañamiento legal para poder volver a estudiar.
A raíz de la violencia sexual y el embarazo no deseado, Fátima tuvo ideas suicidas. En el sistema de salud fue maltratada por el personal médico que la culpó de la violencia sexual sufrida.
Actualmente, Fátima aún enfrenta las graves consecuencias de la violencia sexual, de una maternidad forzada y de no haber obtenido justicia y reparación en su caso. Ella desea que a ninguna niña se le arrebate su infancia.
Sobre el movimiento Son Niñas, No Madres
Son Niñas, No Madres, es un movimiento latinoamericano a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas que ha liderado el innovador litigio estratégico de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las organizaciones colitigantes son el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood
Global (Global), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador) y Promsex (Perú), que realizaron una estrategia de litigio en conjunto, de alcance internacional, para evitar que estos casos vuelvan a repetirse y generar las reparaciones correspondientes. Busca informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas.
El movimiento fue fundado por PPG, Amnistía Internacional, el Grupo de Información para la Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) con el objetivo de informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas. Son niñas, no madres, hoy está conformado por más de una decena de organizaciones de toda la región de las Américas para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro.
