Los testimonios ofrecidos por varios testigos en el cuarto día de audiencias por el caso Sepur Zarco, corroboraron que en varias comunidades de El Estor, Izabal, hubo, al menos, tres destacamentos militares, en donde se cometieron crímenes de guerra contra mujeres y hombres q’eqchís, entre l982 y 1983.
Las y los testigos que el Tribunal de Mayor Riesgo A escuchó este jueves 4 de febrero, dijeron haber estado detenidos en los destacamentos conocidos como Tinajas, Pataxte y Sepur Zarco.
El ejército había negado la existencia de estos lugares, sin embargo, las mujeres y hombres que contaron su historia en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmaron que hubo destacamentos en donde los hombres de varias comunidades fueron detenidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente, mientras otros obligados a trabajar y las mujeres violadas y esclavizadas sexualmente.
Muchas otras mujeres fueron desparecidas y también ejecutadas extrajudicialmente, como es el caso de Dominga Coc, junto con sus hijas de 3 y 2 años, en 1982, en el destacamento de Sepur Zarco.
“Mi yerno me contó que les hicieron mucho daño. A ella la lastimaron en su cuerpo porque la violaron”, contó doña Julia Coc, su madre al tribunal. “Vengo a decir la verdad, no a mentir. Vengo a declarar sobre la ejecución de mi hija y de mis nietas, porque fue grande el sufrimiento de mi hija cuando estuvo en el destacamento”, aseguró la valiente testigo que cuidó a su yerno enfermo, luego de que éste escapara del destacamento de Pataxte, donde también estuvo detenida su hija.
Dominga fue ejecutada a la orilla de un riachuelo cercano al destacamento militar, según el relato de doña Julia. Un excomisionado militar, de nombre Miguel Maas -ya fallecido-, le confesó a la madre de Julia, que su hija fue llevada al río por los soldados y, a la orilla del río la obligaron a cavar una fosa que sirvió como su tumba y la de sus hijas.
Doña Julia presenció la exhumación de las osamentas de su hija y nietas y reconoció los cabellos y la ropa. “Dentro de la fosa estaban sus huesos y su cabello y un rollo de hilo, que era de su ropa. Ahí encontraron los calzoncitos de mis nietas”, narró la sobreviviente.
En el cuarto día de audiencias el tribunal escuchó los relatos de cuatro testigos hombres, además de doña Julia. Todos fueron obligados por los soldados a realizar trabajos de patrullaje, en supuesto búsqueda de “delincuentes”. Los testigos aseguraron que “nunca” vieron a quienes los militares consideraban los delincuentes.
“Estuve mucho tiempo en Tinajas, después me llevaron a Sepur Zarco, ahí nos obligaron a trabajar”, dijo don Marcos Tut, de 76 años. Durante el tiempo en que realizó trabajos forzados, don Marcos dijo: “Nosotros estábamos en las garitas, hacíamos turnos en las entradas para que no entraran los guerrilleros. Ahí mirábamos cuando entraban y salían las mujeres a las que les hicieron daño”.
Las historias de don Domingo Tzup, Domingo Choc, Vicente Choc y Domingo Coc, son desgarradoras. Todos aseguraron haber sido obligados a trabajar en el destacamento de Sepur Zarco. Todos fueron testigos de la detención de sus familiares: suegros, padres, hermanos, vecinas y otros civiles de comunidades aledañas.
Todos los testigos tienen en común haber pertenecido a una de las familias que realizaban gestiones para la titulación de la tierra en que vivían desde hacía mucho tiempo. Además, las tierras en que habitaban se ubicaban en el Valle del Polochic, una zona rica naturalmente, donde la represión fue brutal.
De acuerdo con Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), las autoridades locales fueron cómplices del despojo de tierra que también sufrieron las poblaciones q’eqchís de la región. “Estos hechos se enmarcan en una región donde muchos terratenientes se fueron apropiando de grandes cantidades de tierra que la municipalidad de Panzós, Alta Verapaz, les facilitaba”.
La querellante asegura que el caso de Sepur Zarco es evidencia de que la represión contra las comunidades del Valle del Polochic, fue una estrategia que el ejército desarrolló en complicidad con finqueros y autoridades locales, ya que los esposos de las 11 mujeres sobrevivientes, eran parte del grupo de comunitarios que gestionaba la titulación de sus tierras en el desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agrícola, (INTA).
De la sobrevivencia a la ciudadanía
“Las voces de las mujeres testigas tienen mucha más fuerza. Si el caso Sepur Zarco demuestra algo es la valentía de las mujeres, no solo de las que denuncian, sino de todas las que acompañan el proceso”, comentó Ada Valenzuela, representante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, organización querellante.
La activista considera que el caso de Sepur Zarco es una oportunidad para que toda la sociedad aprenda. En especial, afirma, para que la juventud se forme.
Las mujeres rompieron el silencio después de más de 30 años de haber sufrido todo tipo de violación a su dignidad y humanidad. Todavía la herida sigue viva y entre sollozos y lágrimas las y los testigos cuentan su verdad, con valentía recuerdan a toda una sociedad y al mundo, que el dolor y el horror provocado por la guerra no deben ser olvidados.
“Todos los testigos han narrado hechos que cazan. Es difícil que alguien luego de escucharlo no se conmueva o dude de la verdad de los sobrevivientes”, dijo la querellante.
Barrios consideró que: “Para los testigos no es fácil hablar de tanto dolor que han vivido. Pero es un momento importante para que se escuche su verdad desde su propia voz. Es trascendental que vengan ante un tribunal y expongan desde su propia voz lo que les pasó. Es un acto de dignidad para las mujeres y los hombres”, señaló.
Antes y después de las declaraciones las y los testigos tienen acompañamiento y atención psicosocial. “Creo que también la sociedad guatemalteca debe responder a los testimonios, porque si no nos afecta lo que estas personas narran, con tanto dolor que marcó la guerra también necesitamos ese acompañamiento. No puede ser que no nos sorprendamos y que seamos indiferentes”, dijo Barrios.
Las querellantes consideran que el juicio de Sepur Zarco también permite conocer una verdad que ha estado ahí siempre. Las organizaciones que acompañan a las sobrevivientes consideran que para sanar “debemos saber lo que pasó y buscar los mecanismos para resarcir a las víctimas y para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en ningún contexto con la niñez y adolescencia de este país”.
Finalmente, Barrios explicó que las mujeres sobrevivientes tienen la oportunidad de formarse como ciudadanas. “En ese transcurrir, las mujeres se han formado en el ejercicio de su ciudadanía que es un aspecto importante del acceso a la justicia. Ellas controlan lo que está sucediendo en esta sala de audiencias. El fin de la justicia es que las víctimas transiten a sobrevivientes y de allí a ser sujetas de derechos”, concluyó.
Por equipo de Comunicación MTM
