Oficialmente quedan instaladas las mesas de discusión y elaboración de propuestas donde se abordará “La Construcción de una Política Pública de reparación integral y transformadora por violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada a niñas y adolescentes”.
Las mesas serán integradas por las diputadas Sandra Morán, Alejandra Carrillo, Eva Monte, Mujeres Transformando el Mundo -MTM-, instancias de Estado y organizaciones de sociedad civil; que muestran su preocupación por el incremento de la violencia y violación sexual en niñas y adolescentes.
Vemos la urgente necesidad de trabajar en una propuesta de política pública de reparación integral y transformadora por violencia sexual, embarazo y maternidad forzada a niñas y adolescentes, por ello nuestra meta es que en dos meses se tenga la propuesta final para luego presentarla al organismo ejecutivo para su aprobación.
Otra de las temáticas que se abordarán en las mesas instaladas son las reformas legales que viabilicen la efectiva reparación integral a sobrevivientes de violencia sexual. Así como la educación sexual y reproductiva en el marco de la violencia sexual.
Es preocupante el incremento de embarazos y maternidad forzada en niñas y adolescentes de diferentes partes del país la cuales en su mayoría los embarazos en niñas y adolescentes están relacionados con violencia sexual.
Según datos que revelan diferentes medios de comunicación en cinco meses del presente año, más de 450 menores de edad se encuentran en estado de gestación. En nuestro país, las niñas y adolescentes se tienen que enfrentar a grandes situaciones que impiden cumplir con sus proyectos de vida, porque deben de enfrentarse a un embarazo forzado a temprana edad y a una maternidad durante sus años de niñez y adolescencia.
Nuestra preocupación porque no existen políticas desde el Estado para garantizar el derecho a la vida plena de las niñas adolescentes, jóvenes y mujeres adultas; a pesar de que existen principios y directrices básicos sobre reparación establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el año 2005; donde establece las obligaciones de los estados de prevenir violaciones, investigar, perseguir y castigar a perpetradores, proveer acceso afectivo a la justicia para las víctimas y brindar reparación total lo cual incluye: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repartición.
Derivado de la ausencia de una reparación integral, se encuentra una enorme carga para la víctima, por la manutención y cuidado de los nacidos a consecuencia de una violación sexual, misma que limita a las niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia a recuperar su proyecto de vida, ya que las mismas se ven limitadas al no poder solventar económicamente la subsistencia de ella y de su menor hijo o hija.
Siendo el Estado de Guatemala responsable de manera solidaria, ya que una de las características de dicha responsabilidad es que ambos son obligados principales (agresor-Estado) para garantizar una efectiva reparación, ya que se da por la comisión de un hecho delictivo en el caso del agresor y la omisión del Estado para cumplir con su deber de proteger la vida, la integridad y seguridad de las niñas y adolescentes que diariamente enfrentan la violencia sexual.
Por lo anterior la urgente necesidad de reformas legales que viabilicen la efectiva reparación integral a sobrevivientes de violencia sexual, una Política Pública de reparación integral a sobrevivientes de violencia sexual, así como la implementación de la educación sexual y reproductiva en el marco de la violencia sexual. Ver galería de fotos