Author: mtmadmin

A un año de la Histórica Sentencia condenatoria en el caso Sepur Zarco

Ha transcurrido un año de esa sentencia histórica que marcó un precedente por ser el primer caso de violencia sexual perpetrada durante el conflicto interno que se juzga como crimen de guerra en Guatemala y el primer caso de esclavitud doméstica y sexual que se juzga en la historia como delito internacional en un Tribunal de Justicia Nacional.

La valentía de las abuelas q´eqchi´ fue y sigue siendo evidente y reconocida a nivel nacional y mundial, tomaron la gran decisión de avanzar en el camino hacia la justicia formal, durante el juicio permanecieron en  la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad se han empoderado y ha tomado liderazgo en sus propias comunidades.

El 2 de marzo de 2016 por unanimidad declaró con lugar la petición de reparación digna; las medidas de reparación van encaminadas a que se cumpla con el derecho a la educación, salud, recreación y dotación de servicios básicos en las comunidades y en las viviendas de las víctimas.

También que con el apoyo de familiares, se continúe con la investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y comunidades vecinas.

Un año después, la perseverancia de las abuelas Q´eqchi´  ha inyectado fuerza a quienes acompañamos este proceso de  búsqueda de justicia, hoy  reafirmamos nuestro compromiso y lucha para exigir a los entes del Estado cumplan con la deuda histórica que  se tiene con las abuelas, a través del cumplimiento de las medidas de reparación Transformadora para las valientes mujeres de Sepur Zarco, sus familias y sus comunidades.

Tras la sentencia de reparación en el caso  Sepur Zarco, se han realizado mesas interinstitucionales con la participación de entes de gobierno, Ministerio Público Procuraduría General de la Nación Fondo de Tierras, Registro de Información Catastral RIC, entre otras, y varias instituciones han mostrado su voluntad política por cumplir con el mandato judicial.

El próximo 26 de febrero se inaugurará la Unidad Móvil de Salud en la Comunidad de Sepur Zarco, un primer paso por el cumplimiento de una reparación transformadora.

La Voz y la lucha de las abuelas de Sepur Zarco siguen y seguirá presente.

 Antecedentes:

Por más de 30 años 11 mujeres q´eqchi´ tuvieron que esperar para ver sentenciados a quienes son los responsables de violación sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de las sobrevivientes, así como los responsables de desaparición forzada en contra de siete hombres esposos de las sobrevivientes y del asesinato de una madre y sus dos pequeñas hijas.

Después de 20 días de audiencia desarrolladas durante el Juicio Sepur Zarco llevado a cabo en el mes de febrero de 2016,  El tribunal de Mayor Riesgo A dictó 120 años de prisión inconmutables para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y 240 años de prisión para el comisionado militar Heriberto Valdez Asig, acusados de delitos de deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchi´, asesinato de tres mujeres madre y sus dos hijas y de la desaparición forzada de siete hombres (esposos de las mujeres sobrevivientes).

Los juzgadores establecieron que Heriberto Valdez Asig es responsable del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer encuadrando su conducta en el delito de desaparición forzada, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables.

 Esteelmer Francisco Reyes Girón  es responsable como autoridad del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus dos hijas las niñas Anita y Hermelinda Coc Set,

 

por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada asesinato es decir 90 años de prisión inconmutables.

Tanto Reyes Girón como Valdez Asig el tribunal los señaló de responsables como autoridades de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida y la integridad de la población de Sepur Zarco especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Maaz, María Bá Caal, Manuela Bá, Felisa Cuc, Vicenta Col Pop, Margarita Chub Choc, Cecilia Caal, Magdalena Pop, Carmen Xol Ical, Demesia Yat, Dominga Coc. Y sus hijas Anita Set Coc y Hermelinda Coc. Por tal delito se le impuso a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables.  

El  Ministerio de Educación incurrió en la omisión de denuncia en contra del servidor público Javier Antonio de León Monteros quien se desempeñaba en el cargo de maestro de primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta, Las Colinas 1,2 y 3, ubicada en la Aldea Lo de Mejía en San Juan Sacatepéquez.

De León Monteros  por varios años cometió acoso y hostigamiento sexual en su manifestación física en contra de varias de sus alumnas, sin que autoridades educativas denunciaran tales hechos cometidos por el servidor público.

Aunque autoridades educativas recibieron denuncia de varios padres de familia y alumnos, las autoridades educativas únicamente se limitaron a cambiar al profesor a otros establecimientos educativos, permitiendo con eso a que otras niñas fueras víctimas de violencia sexual.

Esa omisión de denuncia por parte del Ministerio de Educación también permitió que el servidor público violara a una de sus alumnas de quinto grado (año 2011 la niña contaba con 11 años de edad).

La alumna rompió el silencio en diciembre del año 2013, quien en su declaración relató que De León Monteros durante todo el ciclo escolar 2011 (de enero a octubre) aprovechándose de darle clases de refuerzo de matemática durante los recreos, el maestro le tocaba los pechos y las piernas, la abrazaba, la besaba. Y en octubre de ese mismo año la llevó a un salón de clase abandonado y la violó.

Aunque el Ministerio de educación tenía conocimiento de los antecedentes del servidor público desde el año 2001, nunca realizó la denuncia correspondiente ni lo puso a disposición para ser investigado, dando lugar a que por más de diez años el profesor tuviera acceso a cientos de sus alumnas y aunque varias veces fue denunciado por padres de familias, el Ministerio de Educación nunca accionó en su contra, sino que solamente se limitó a sanciones administrativas (cambiarlo de establecimiento).

Después de que varias niñas denunciaran que el profesor “las tocado en sus pechos, las sentaba en las piernas, les metía la mano en la falda”, la sanción para el profesor fue trasladarlo a la Escuela Oficial Urbana Mixta Villa Lobos 1. Y según procedimientos administrativos “aclarada la situación del profesor”, regresó a la escuela donde oficialmente estaba  nombrado, (Escuela Oficial Rural Mixta, Las Colinas 1,2 y 3, ubicada en la Aldea Lo de Mejía en San Juan Sacatepéquez.)

Continuaron las denuncias por parte de padres de familia y alumnos Padres de familia y alumnos quienes solicitaron que el profesor De León Monteros ya no impartiera clases en dicha escuela de primaria por los antecedentes en su contra.  Nuevamente autoridades educativas se limitaron a separarlo del cargo dentro de la escuela y lo dejaron a disposición de la dirección educativa según fue para resguardar la integridad física del servidor público y la salud emocional de las y los alumnos.

En ningún momento el Ministerio de Educación accionó en contra del servidor público aunque tuvo conocimiento de que varias niñas eran víctimas de acoso,  y hostigamiento sexual y agresión sexual por parte del maestro De León Monteros.

Aunque el Ministerio de educación desde el año 2012 cuenta con un protocolo de identificación atención y referencia de Casos de Violencia dentro del sistema educativo Nacional, el cual en su apartado Ruta de Referencia y Contra referencia Interna y Externa para la Atención y derivación de casos de acoso y hostigamiento sexual, en su acción 5 señala: “El director debe conformar una junta disciplinaria de conformidad al  acuerdo 1-2011 y debe notificar a la Dirección de Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos para iniciar el proceso de destitución”,  las autoridades no siguieron el protocolo establecido.

Javier Antonio de León Monteros es acusado por los delitos de Agresión Sexual con agravación de la pena y con circunstancias especiales de agravación en forma continuada y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

A través del litigio estratégico Mujeres Transformando el Mundo acompaña a la alumna víctima de violación sexual, hasta el momento se han desarrollado dos audiencias y se espera que este viernes 3 de febrero de 2017; se presenten conclusiones y se dicte sentencia contra del servidor público quien por muchos años se desempeñó como maestro de primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta, Las Colinas 1,2 y 3, ubicada en la Aldea Lo de Mejía en San Juan Sacatepéquez.

La Tercera audiencia se desarrollará en el Tribunal Segundo Pluripersonal de Femicidio ubicado en la zona 10 capitalina.

Organizaciones integrantes de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas de Guatemala por el Acceso a la Justicia en Conferencia de prensa demandaron al Congreso de la República aprobar en el primer trimestre del año la legislación que permita el desarrollo del país en materia de justicia.

Las representantes demandaron la urgencia y pronta reforma constitucional y de la legislación ordinaria para el cambio del sistema de justicia y se logre la independencia judicial, el acceso efectivo a la justicia y al fortalecimiento institucional para eliminar los altos niveles de impunidad y corrupción que han prevalecido en el país.

Asimismo que de forma expresa se reconozca en el artículo 203 constitucional, la facultad que les asiste a las legítimas autoridades indígenas de aplicar justicia de acuerdo con el derecho propio de los pueblos indígenas de Guatemala, la justicia debe impartirse con base en los principios rectores de oralidad, publicidad, celeridad, unidad, inmediación equidad, economía procesal; el acceso irrestricto a las garantía del debido proceso como fundamentales en toda dinámica judicial o administrativa.

Las representantes señalaron que el Congreso de la República tiene una deuda con las mujeres y los pueblos indígenas, en necesario  que Guatemala aplique y garantice los principios de paridad, alternancia entre mujeres y hombres, proporcionalidad e inclusión de los pueblos indígenas para lograr una mayor participación política de las mujeres en todos los niveles asimismo como la adecuada representación de pueblos indígenas.

El Decreto 26-2016, vigente a partir de junio de 2016, obvió varias reformas necesarias para la verdadera democracia representativa por lo que es necesario aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos presentada por el Presidente del Organismo Ejecutivo, producto de un proceso democrático abierto que tomó en cuenta las propuestas de los sectores de la sociedad.

Además  exigieron la aprobación de la iniciativa de Ley 4981 Iniciativa que dispone aprobar Convenio sobre El Trabajo Decente para Las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, con el objetivo de garantizar sus derechos. 

Al Organismo Ejecutivo manifestaron su preocupación por la reducción de la cobertura territorial de la Secretaria Presidencia de la Mujer -SEPREM- al disminuir al personal que laboraba en las cabeceras departamentales y programar que lo harán a nivel regional, lo que es un retroceso. Por ello exigieron al Organismo Ejecutivo realizar las acciones pertinentes para el fortalecimiento de la institucionalidad que promueve el avance de las mujeres en vez de debilitarlas, así como el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidades.

Entre las organizaciones que integran la Alianza de Mujeres Y Mujeres Indígenas de Guatemala por el Acceso a la Justicia están: Moloj, Atradomsa, Mujeres Transformando el Mundo, Alas de Mariposa, ConverMujer.

 

 

Este 26 de enero se llevó a cabo audiencia de notificación de resolución de amparo 5101-2016, en la que la Corte de Constitucionalidad -CC- ordenó a Juez de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Huehuetenango, que señale audiencia para que admita Peritaje Cultural como medio de prueba en proceso que se lleva en contra de Andrés Pérez Ramírez por el delito de Violación con agravación de la pena.

Esta orden emitida por la -CC- se da después de que Mujeres Transformando el Mundo        -MTM- quien actúa como querellante interpusiera una acción Constitucional de Amparo después de que el Juez de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Huehuetenango en resolución emitida el 26 de julio de 2016, rechazó determinados medios de prueba ofrecidos por la parte querellante como lo es un Peritaje cultural con Enfoque de género sobre la violencia sexual analizando los hechos y su impacto en la vida de las agraviadas, como víctimas colaterales, las mujeres Mam a la luz de patrones culturales y el marco jurídico guatemalteco, peritaje que viene a sumar a la contextualización de la forma en que se cometieron los delitos de violación en contra de dos mujeres jóvenes.

En su resolución la -CC- señala: “que la autoridad objetada al emitir el acto señalado como agraviante, vulneró el debido proceso en agravio de la amparista, debiendo la autoridad judicial emitir una nueva decisión respecto del medio de prueba aludido”

Como querellantes de una de las víctimas, superamos una vez más los obstáculos para que se cumpla con el debido proceso y se haga justicia, ya que con este amparo un órgano superior le ordena a un Juez que pueda señalar audiencia donde debe de discernirle el cargo a la perita Ana Cecilia Mérida quien elaborará el peritaje cultural.

En la audiencia llevada a cabo este martes 26 de enero también se sustituyó la defensa del acusado Andrés Pérez Ramírez.

Los hechos por los que se acusa a Andrés Pérez Ramírez  ocurrieron  el 27 de enero de 2007, en el caserío Che Cruz de la Aldea Tojlate del Municipio de Colotenango del departamento de Huehuetenango.

 Desde -MTM-  seguiremos velando para que se cumpla con el debido proceso y se haga justicia, porque ningún hecho de violencia y violación sexual en contra de alguna niña, niño, adolescente mujer adulta debe quedar en impunidad.

 

Con nuestro compromiso de trabajar por una Justicia Sensible al Género para que ningún acto de violencia y violencia sexual contra  la mujer quede impune, damos a conocer que después de más de dos años de durar el proceso penal,  este 23 de enero de 2017, se dictó sentencia condenatoria de 41 años de prisión en contra de Julian Suruy  Ixpec de 29 años de edad  (27 años de edad cuando ocurrieron los hechos), acusado de violencia física contra la mujer y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Hechos:

En la comunidad Las Palmas de la Aldea Sacsuy de San Juan Sacatepéquez cuando la niña de doce años  se dirigía al rio, fue víctima mediante violencia física y psicológica de abuso sexual por parte de Julian Suruy (cuñado de la menor); el hecho ocurrió el 15 de junio de 2014, mismo día en que fue interpuesta la denuncia ante los entes correspondientes.

El 7 de agosto de 2014 el agresor cumpliendo con la amenaza que le hiciere a la niña si denunciaba los hechos; llego al domicilio de su suegra (madre de la niña víctima) y la agredió físicamente con arma blanca tipo  machete, ese mismo día alrededor de 200 personas de la comunidad prestaron auxilio a la madre y con apoyo de la comunidad el agresor fue detenido en el Caserío los Guate Aldea Sacsuy del municipio de San Juan Sacatepéquez.

Mujeres Transformando el Mundo se querelló el ocho de agosto del año 2014 y desde entonces ha brindado acompañamiento integral a las víctimas (madre e hija), el juicio iniciò  el juicio 19 de diciembre de 2016. Después de 4 audiencias el Tribunal Segundo Pluripersonal Penal  de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas del Departamento de Guatemala emitió la sentencia correspondiente en los delitos de:

Violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación (29 años de prisión)
Delito de violencia física contra la mujer (12 años de prisión)

El condenado debe cumplir un total de 41 años de prisión por los delitos cometidos en contra de la niña y madre de la niña.

Para MTM es un compromiso continuar exigiendo justicia y que se condene a los actores responsables de truncar los sueños de cualquier niña, adolescente o mujer adulta.

También seguiremos exigiendo una reparación transformadora para toda víctima de violencia sexual y que dicha reparación permita hacer realidad el proyecto de vida de cada niña, niño, adolescente o mujer adulta.

Con el compromiso y convicción de que en Guatemala no debe quedar impune ninguna violación sexual que se cometa en contra de una niña, niño o mujer adulta, -MTM- conformada por un equipo multidisciplinario, en este nuevo año  reafirma que seguirá acompañando de manera integral a las víctimas de violencia sexual.

Repudiamos el incremento de casos de violencia sexual que se registraron el año pasado.  Sólo en los primeros 4 meses del año 2016, el  Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- reportó más de 2 mil 600 violaciones sexuales siendo un promedio de 22 agresiones diarias.

Los datos oficiales de víctimas de violencia sexual, reflejan la falta de políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia sexual. Dicha violencia la sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. (Casa, calle, trabajo, escuela, etc).

El flagelo de la violencia sexual ha alcanzado a cientos de niñas y niños a quienes se les ha interrumpido su niñez ya que en un alto porcentaje a las niñas se les obliga a vivir un embarazo forzado y una maternidad forzada.

Desde Mujeres Transformando el Mundo seguiremos trabajando exigiendo a los entes de justicia que castigue y condene a los autores de violación sexual; y que las víctimas sean reconocidas como sujetas de derechos.

 

                                                                         Guatemala, 16 de enero de 2017

 

 

11 Calle 17-57 Zona 1 Barrio Gerona, Guatemala, Guatemala, C.A.

Teléfono: (502) 2221-3030 

Con la participación de representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos, de mujeres, juventud, feministas entre otras, se realizó desayuno informativo para dar a conocer el proceso que se lleva en el caso Molina Theissen.

Representante de la familia vía skype se dirigió a las y los participantes y agradeció el apoyo y solidaridad para toda la familia Molina Theissen.

 

Se tiene previsto que la próxima audiencia se lleve a cabo el jueves 22 de diciembre de 2016.