Category: Legal

MTM pide la pena máxima para acusados en caso Hogar Virgen de la Asunción

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La abogada de MTM expuso sus conclusiones en el debate por el caso Hogar Seguro. (Foto: Meme Solano/Ruda)

Luego de ocho años de que un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción le arrebatara la vida a 41 niñas y dejara a 15 con heridas graves, el juicio contra los acusados que se ha prolongado por más de un año ha llegado a su fase de conclusiones. Como parte de ello, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) solicitó las penas máximas para los responsables.

Jenny López, abogada de MTM, pidió que las siete personas acusadas enfrenten la pena máxima por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas, tal como lo solicitó la Fiscalía. Sin embargo, en cuanto al delito de maltrato contra personas menores de edad, el Ministerio Público pidió 2 años de prisión y López la pena máxima que constituye cinco años.

Además de la condena de los sindicados, la representante de MTM también pidió valorar una sentencia de reparación digna y transformadora para las sobrevivientes y la familia de las víctimas.

Las penas solicitadas se detallan de la siguiente manera:

Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social.

Maltrato contra personas menores de edad: 5 años por cada víctima (280 años)
Incumplimiento de deberes: 4 años
Abuso de autoridad: 5 años
Homicidio culposo: 8 años
Lesiones culposas: 2 años
TOTAL: 299 años

Santos Torres, exdirector del hogar Virgen de la Asunción.

Maltrato contra personas menores de edad: 5 años por cada víctima (280 años)
Incumplimiento de deberes: 4 años
Abuso de autoridad: 5 años
Homicidio culposo: 8 años
Lesiones culposas: 2 años
TOTAL: 299 años

Harold Flores, exprocurador de niñez de la Procuraduría General de la Nación.

Maltrato contra personas menores de edad: 5 años por cada víctima (280 años)
Incumplimiento de deberes: 4 años
Homicidio culposo: 8 años
Lesiones culposas: 2 años
TOTAL: 294 años

Brenda Chamán, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato

Maltrato contra personas menores de edad: 5 años por cada víctima (280 años)
Incumplimiento de deberes: 4 años
Homicidio culposo: 8 años
Lesiones culposas: 2 años
TOTAL: 294 años

Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos

Incumplimiento de deberes: 4 años
TOTAL: 4 años

Luis Pérez Borja, ex subcomisario de la Policía Nacional Civil

Maltrato contra personas menores de edad: 5 años por cada víctima (280 años)
Abuso de autoridad: 5 años
TOTAL: 285 años

Lucinda Marroquín, ex subinspectora de PNC

Maltrato contra personas menores de edad: 5 años por cada víctima (280 años)
Homicidio culposo: 8 años
Lesiones culposas: 2 años
TOTAL: 290 años

Se instala plaqueta para dignificar la memoria de Chelsiry

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El 29 de abril 2025, se realizó un acto protocolario en el Parque de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, en memoria de Chelsiry Hernández Escalante.

El objetivo del acto protocolario fue recordar la vida de Chelsiry y develar una plaqueta en su honor. Esta acción cumplió con una de las medidas de reparación digna y transformadora dictadas por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Femicidio de Guatemala.

El pasado 29 de abril 2024, el Tribunal condenó a 33 años de prisión a Edgar Leonel Marroquín Barrera por el femicidio de Chelsiry ocurrido el 4 de febrero 2020.

Paula Barrios, coordinadora general de MTM, explicó que la medida busca que el caso no se olvide y que así no se repita. Barrios también hizo un llamado a las autoridades a implementar medidas para que las niñas y adolescentes de Ciudad Quetzal puedan disfrutar de una vida libre de violencia.

Hombre es condenado a 26 años de prisión por violar a su hijastra

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Este 8 de noviembre, un Tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio de Guatemala condenó a 26 años y 8 meses de prisión a Pablo César Monzón Ixpanel por el delito de violación sexual con agravación de la pena.

Monzón fue encontrado culpable de abusar sexualmente a su hijastra de 14 años en 2016. La víctima fue agredida en varias ocasiones por el acusado, quien aprovechaba los momentos en los que la adolescente estaba sola en su casa.

Sin embargo, la víctima decidió huir a la casa de su abuela, al estar allí empezó a sentirse mal. Al ir al doctor, se enteró que estaba embarazada. Con mucha dificultad pudo decirle a su abuela que había sido violada y que el padre del el bebé era su padrastro. De inmediato, ambas denunciaron la agresión en el Ministerio Público.

Cabe destacar que tanto la víctima, como sus dos hermanos (un niño y una niña) permanecen en custodia de su abuela, debido a que un Juzgado de Niñez determinó que los tres eran víctimas de agresiones físicas y verbales de parte de su madre.

El tribunal también emitió una sentencia de reparación digna y transformadora en favor de la joven, que ha sido acompañada de forma integral por el equipo de Mujeres Transformando el Mundo.

Policías señalados por el caso Hogar Seguro continuarán en prisión preventiva

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Los agentes de la Policía Nacional Civil enfrentarán juicio junto a otros sindicados en enero 2023. (Foto: Asier Vera)

El juez suplente del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Sergio Flores, resolvió mantener en prisión preventiva a Lucinda Marroquín y a Luis Armando Pérez Borja, ambos integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En el caso de Marroquín, quien ocupaba el cargo de subinspectora de la PNC, el juez consideró que existe la “grave sospecha” de que testigos, peritos y otros acusados brinden una declaración falsa. Mientras que a Pérez Borja, se le negó el arresto domiciliar debido a que su rango como subcomisario, representa peligro de obstaculización de averiguación de la verdad al tener la posibilidad de influir en otros agentes que serán llamados a declarar durante el juicio.

La resolución del juzgador responde a los argumentos presentados por el Ministerio Público, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y otras organizaciones que participan en el proceso penal, en representación de las víctimas y sus familias.

Se prevé que ambos enfrenten debate oral y público a partir del 9 de enero 2023. Marroquín por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas y Pérez Borja por maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.

Cabe destacar que el pasado 5 de octubre, el equipo de MTM también acudió a Sala Cuarta de Apelaciones para participar en una audiencia de recusación planteada por la ex Subsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a que no se logró integrar el órgano jurisdiccional en mención.

Cinco años han transcurrido desde que 41 niñas murieron y 15 resultaron con lesiones graves debido a un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Hombre es condenado a 19 años de prisión por violar a su sobrina en Sacatepéquez

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El pasado 7 de julio, el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez condenó a 19 años de prisión a José Factor Hernández López, por el delito de violación sexual con agravación de la pena.

Hernández fue encontrado culpable de abusar sexualmente de su sobrina política de 15 años en 2019.

La joven, que ha sido acompañada de forma integral por el equipo de Mujeres Transformando el Mundo, experimentó maternidad forzada a consecuencia del hecho.

CC acepta amparo por rechazo de antejuicio contra Jimmy Morales

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La solicitud de antejuicio fue presentada como parte del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite la solicitud de amparo en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que presentamos por la resolución emitida en relación al antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La resolución de la CSJ, que no fue unánime, evidencia una violación a los derechos humanos de las víctimas al negar la posibilidad de investigar la responsabilidad del exgobernante en las decisiones tomadas en torno al incendio que provocó la muerte de 41 niñas que permanecían bajo el resguardo del Estado.

La Corte refiere la falta de prueba contra Morales; sin embargo, MTM individualizó más de 25 indicios que respaldan la solicitud de antejuicio, tal como se cita en los votos disidentes de las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila.

Cabe destacar que no era necesario que el expresidente ejecutara las acciones de forma física aunque intelectualmente y de mando sí lo hiciera ya que, según la teoría del dominio, la intervención de él, habría tenido incidencia en las decisiones tomadas por las fuerzas de seguridad, debido a su alta investidura.

Rechazamos la existencia de un interés político o la búsqueda de la desestabilización del país, así como otros ataques mencionados por parte de los magistrados en contra de los representantes de MTM. Prueba de ello es que la querella fue planteada después de que Jimmy Morales concluyera su período presidencial.

Entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil mantuvo en constante represión y en condiciones infrahumanas a 56 niñas y a 43 niños en las afueras del Hogar Seguro durante nueve horas. De acuerdo a lo indicado por los mismos agentes de seguridad del Estado, la orden provenía del entonces presidente Morales y su asesor, Abel Beltetón.

Diferentes indicios demuestran que Morales y Beltetón, no solo estaban informados de lo que acontecía en el hogar ubicado en San José Pinula, sino que habrían girado instrucciones para reprimir, reconcentrar y encerrar a las y los adolescentes.

Lo anterior descarta un carácter espurio de la solicitud de antejuicio que califica lo ocurrido como una grave violación a los Derechos Humanos, que obliga a cumplir las garantías fundamentales de memoria, verdad y justicia, que comprende la investigación de hechos que presentan características de tortura, pues en caso contrario podría configurar la aquiescencia que compromete la responsabilidad internacional del Estado d Guatemala si se deja en impunidad.

¡Una vez más, exigimos justicia por las 56 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción!

Huehuetenango: Juzgado liga a proceso a señalado de violar a niña de 12 años

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El Juzgado de Femicidio de Huehuetenango ligó a proceso penal a Jaime José Gómez Mendoza, de 39 años, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Gómez, señalado de abusar sexualmente de una niña de 12 años, también deberá permanecer en prisión preventiva durante la investigación debido al riesgo que representa para la víctima a quien amenazó en más de una ocasión con un arma de fuego.

Un año de espera

La denunciante fue violada en múltiples ocasiones. Algunas de las agresiones sexuales ocurrieron, incluso, después de haber presentado la denuncia contra el sindicado, quien era su vecino.

Lo anterior responde al retardo del caso. La denuncia fue interpuesta a principios de 2020; sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tardó meses en trasladar al Ministerio Público los resultados de la evaluación que efectuó a la víctima en febrero del año pasado.

El equipo de Mujeres Transformando el Mundo ha dado acompañamiento psicológico y legal a la adolescente y su familia, con el propósito de ayudarla a recorrer el camino hacia la justicia y a recuperar su proyecto de vida.

Frenan derecho de acceso a la justicia a niña de 12 años

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La justicia, que debe ser pronta y cumplida, es un derecho constitucional para todos los guatemaltecos. Sin embargo, vemos con preocupación cómo esta garantía ha sido vedada a una niña de 12 años, víctima de violencia sexual.

La adolescente de Huehuetenango ha esperado ocho meses para que el Ministerio Público inicie la investigación y solicite la orden de captura en contra de su agresor.

De acuerdo a la Fiscalía, el retado responde a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no ha trasladado los resultados de la evaluación que efectuó a la víctima en febrero del año en curso.

La adolescente fue violada en múltiples ocasiones por un vecino, quien al encontrarla sola en la calle, la obligaba a ingresar a su vehículo para abusar sexualmente de ella.

El proceso para que la víctima rompiera el silencio fue difícil debido a que su agresor la amenazaba con un arma de fuego, argumentando que si hablaba mataría a su mamá. De esa cuenta, lamentamos que los órganos de justicia no respondan de forma oportuna.

Este viernes presentamos una denuncia en la PDH ante esta violación al derecho que la niña tiene de acceder a la justicia.

Hacemos un llamado a las autoridades del Inacif y Ministerio Público a acelerar el procedimiento y a investigar qué hay detrás del retardo malicioso del caso.

Mujeres denuncian a minera por violencia sexual

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El efecto transformador de la ley está estrechamente vinculado al acceso a la justicia. De esa cuenta, once mujeres presentaron hoy una querella en contra de Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- por la violencia sexual a la que fueron sometidas durante un desalojo en 2007.

El caso

La compañía minera es señalada de incurrir en tortura sexual y delitos contra los deberes de humanidad .

Desde 2005, la comunidad Lote Ocho, de El Estor, Izabal, enfrentó conflictos por la propiedad de la tierra con CGN, en ese entonces propiedad de Skye Resources, esto llevó a una serie de desalojos en enero de 2007. En ese contexto, once mujeres fueron violadas en grupo por las fuerzas de seguridad pública y elementos de seguridad de la minera.

La Recomendación no. 33 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) establece que el acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos sus derechos. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, por lo que se hace un llamado a los órganos judiciales a guardar la independencia al conocer la querella en mención.

Así también, se recuerda que el Estado debe proteger los derechos humanos de las mujeres antes, durante y después de un conflicto, a fin de garantizar que ellas se integren en todos los procesos de consolidación de la paz, según la Recomendación 30 de la Cedaw, que recoge la opinión de las mujeres de Lote Ocho.

Demanda en Canadá

En Canadá, las once mujeres han emprendido una demanda contra Hudbay Minerals Inc., una empresa minera con sede en Toronto, que compró un año después del desalojo, Skye Resources, entonces subsidiaria de CGN.

Durante la demanda en curso, se ha demostrado, por medio de correos electrónicos, como CGN emprendió una campaña para generar miedo en los habitantes de Lote Ocho y otras 18 comunidades indígenas, con el fin de expulsarles de una franja de tierra en la que la empresa no tiene derecho para explotar.

Es lamentable que, más de dos décadas después de la firma de la Paz en Guatemala, aún se atente contra el cuerpo de las mujeres en las pugnas de tierra, tal como ocurrió durante el conflicto armado interno.

En tanto que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post-conflicto, está por llegar a su vigésimo aniversario.

La unidad y la paz es fundamental en el recorrer hacia la justicia, por lo que las mujeres de Lote Ocho cuentan con el apoyo y respaldo de las Abuelas de Sepur Zarco y las diversas organizaciones de sociedad civil que firman este documento.

Se presenta ampliación de querella contra Jimmy Morales y Abel Beltetón por tortura

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Como parte de las acciones en el caso Hogar Virgen de la Asunción, Mujeres Transformando el Mundo presentó una ampliación de la querella de tortura planteada contra el exmandatario Jimmy Morales Cabrera y el exasesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Carlos Abel Beltetón.
La solicitud, que fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, señala a Morales y Beltetón por tortura, entre otros delitos vinculados a la tragedia que acabó con la vida de 41 niñas.
Indicios
Según el Código Penal, comete tortura quien “por orden o con la autorización de autoridades del Estado”, inflija intencionalmente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona con la finalidad de obtener información o intimidarle.
Entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil mantuvo, en constante represión y en condiciones infrahumanas, a las 56 niñas y a 43 jóvenes en las afueras del Hogar Seguro durante nueve horas. De acuerdo a lo indicado por los mismos agentes, la orden provenía del entonces presidente Morales y el asesor Beltetón.
Diferentes indicios demuestran que Morales y Beltetón, no solo estaban informados de lo que acontecía en el hogar ubicado en San José Pinula, sino que habrían girado instrucciones para reprimir a las y los adolescentes.
Lo anterior descarta un carácter espurio de la querella, por lo que se solicitó al juez Rodolfo Laynes, empezar un proceso de antejuicio contra Morales e iniciar la persecución penal en contra de Beltetón
En el documento, que observa el hecho como una grave violación a los Derechos Humanos, que obliga a cumplir las garantías fundamentales de memoria, verdad y justicia, se descarta un interés político debido a que, entre otros aspectos, Morales ya no funge como presidente de Guatemala.