A dos años de la sentencia Sepur Zarco

 

En el marco del segundo aniversario de la emisión de la Sentencia del Caso Sepur Zarco, Mujeres Transformando el Mundo –MTM- realizó una serie de acciones con el fin de conmemorar esta fecha.

 

El 21 de febrero de manera conjunta con el Ministerio Público y ONU Mujeres se entregó a las 14 abuelas del caso, el medallón Naxjolomi, que en q’eqchi’ significa la que encabeza, la que dirige, la autoridad, desde ese momento las abuelas liderarán las gestiones que se realicen a nivel de la capital y comunitario para que al corto y mediano plazo, las 16 medidas de reparación transformadora dictadas por el tribunal sean una realidad.

 

Posteriormente el 22 de febrero se realizó el lanzamiento público del audiovisual “El Camino hacia la Justicia, Caso Sepur Zarco” y exposición itinerante del mismo, como un primer resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación y MTM. En esa actividad se entregó copia del audiovisual a los representantes de las instituciones responsables del cumplimiento de las medidas de reparación transformadora, a organizaciones de la sociedad civil y personas invitadas.

 

La conmemoración se cerró el domingo 25 de febrero, con una caminata que inició en la comunidad Los Ángeles Pencalá y culminó en Sepur Zarco.

 

Durante el trayecto de la caminata las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer la Exposición Itinerante del caso, la que se montó en la única construcción formal con la que cuenta Sepur Zarco.

 

La actividad culminó con los actos conmemorativos organizados por las y los comunitarios y con los mensajes de apoyo y solidaridad de la Coordinadora General de MTM Paula Barrios y la representante de ONU Mujeres Adriana Quiñones, quienes aprovecharon la ocasión para nuevamente de manera simbólica entregar a las abuelas el medallón Naxjolomi.

 

 

 

Sepur Zarco: la historia de los abusos sexuales contados en un cómic

Publicación de PLAZA PÚBLICA: Durante el juicio, sus rostros permanecieron ocultos. Resguardaron su identidad con largos y coloridos perrajes que apenas dejaban ver sus manos y pies. Meses después de que sus abusadores fueron condenados, las mujeres de Sepur Zarco aceptaron descubrirse para ser retratadas y figurar como las protagonistas de una historieta, en la que se cuentan sus memorias.

La imagen de las mujeres con sus rostros cubiertos, pero con las manos alzadas, en señal de triunfo, circuló por el mundo. Consiguieron que se reconocieran los crímenes que sufrieron durante la guerra y que se condenara a dos militares por la esclavitud sexual de la que fueron víctimas. Pero las mujeres de Sepur Zarco le temen al olvido.

Por eso varias organizaciones que las acompañaron en el proceso judicial trabajan en la difusión de su historia. La Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg), por ejemplo, eligió publicar un cómic titulado La luz que vuelve.

El texto está dirigido a estudiantes de educación media. La primera edición, de 2 mil ejemplares fue financiada por Suecia y se presentó a mediados de septiembre con el aval del Ministerio de Educación. En 38 páginas se hace un resumen con viñetas y apuntes históricos de la lucha campesina por la tenencia de la tierra, el conflicto armado interno y la desaparición forzada de varios líderes comunitarios. Así como los abusos y la esclavitud sexual y doméstica que les causaron los soldados del destacamento militar que se ubicó en Sepur Zarco, El Estor, Izabal, en 1982.

El texto es de Pablo Sigüenza Ramírez y las ilustraciones de Daniel Morales. Tuvo un costo de Q60 mil, incluyendo los grupos focales y la impresión de los dos mil ejemplares. Unamg espera distribuirlo en institutos de la ciudad capital y del aréa de El Estor y Panzos, pero están a la espera de que el Ministerio de Educación les facilite reuniones con maestros para enseñarles cómo implementarlo en el aula. Tienen también proyectado traducirlo a idiomas mayas, aunque aún no cuentan con fondos para ello.

En toda la historieta, las mujeres quekchíes son las protagonistas. Se habla del Ejército, pero no están representados en las ilustraciones. Solo un hombre, que contribuyó con su peritaje ante el Tribunal, está retratado en uno de los recuadros.

Esa ausencia de figuras masculinas tiene una explicación. “Nuestra intención era visibilizar la valentía de las mujeres, para romper la visión machista y ponerlas como protagonistas de la historia”, detalla Ada Valenzuela, directora ejecutiva de la Unamg.

Un diálogo entre Lucía y su madre, Isabel, sobre la ausencia de la abuela que ha viajado a la capital para acudir al juicio, es el hilo conductor de todo este relato, que concluye con una reflexión sobre el abuso sexual, para que los jóvenes identifiquen si han sido víctimas o causantes de estos vejámenes.

El libro indica que la justicia ha traído luz a las vidas de las víctimas, sin embargo, en la realidad todavía hace falta que recorran un largo trecho para que puedan percibir la plenitud de la justicia.

El largo camino de la justicia

Aunque el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdéz Asig, condenados a 120 y 240 años de cárcel, están cumpliendo la condena inconmutable que les impuso en 2016 el Tribunal A de Mayor Riesgo, la sentencia del caso Sepur Zarco todavía no está firme.

La defensa de los acusados ha presentado tres apelaciones para revertir el proceso hasta la etapa inicial del juicio y que este sea conocido por otro Tribunal. Aunque ninguna ha prosperado, todavía les queda recurrir a la casación ante la Corte Suprema de Justicia, para solicitar la anulación de la sentencia.

Hasta que esa etapa se supere, las víctimas no pueden exigir la reparación individual por daños y perjuicios. A Reyes se le ordenó pagar Q500 mil a cada sobreviviente que participó en el juicio, mientras que a Valdéz se le impuso una cuota de Q250 mil para cada familia de los siete hombres que él ayudó a desaparecer en 1982.

La defensa rechazó esas cifras desde que fueron impuestas, bajo el argumento de que sus clientes no tenían capacidad de pago. Mientras esto se dilucida, la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) se ha enfocado en seguirle el paso al Estado, para que cumpla con las “medidas de reparación transformadora” que estableció el Tribunal.

Hay 16 asignaciones para el Organismo Ejecutivo, para las autoridades locales y para los querellantes del proceso. Todas, enfocadas en restituir los derechos y “corregir las condiciones de vulnerabilidad… para que las víctimas no sean devueltas a la misma situación estructural de violencia y discriminación”, se lee en la síntesis de la sentencia elaborada por MTM.

Paula Barrios, directora ejecutiva de esta agrupación, describe que desde hace poco más de un año se instalaron cuatro mesas específicas para dar seguimiento a estas obligaciones: la de acceso a la tierra, porque la población todavía no tiene propiedad sobre los terrenos en los que vive. Un histórico reclamo que terminó con la desaparición forzada de varios hombres y los abusos a las mujeres de Sepur Zarco.

La de cultura y educación, para que, entre otras cosas, mejore la infraestructura actual de los establecimientos, inicie la construcción de un instituto, se traduzca la sentencia a idiomas mayas y se elabore un documental sobre la vida de las víctimas y su búsqueda de justicia. Y por último, la de salud, para que se construya un centro de atención en la comunidad y brinden atención médica y psicológica permanente a las víctimas.

Esta es la primera vez que una sentencia emitida a nivel nacional abarca todos estos aspectos. Barrios refiere que se compara con las que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque “obliga al Estado a trabajar por las comunidades”.

Aunque según Barrios hay buena disposición de los ministerios de Educación y Salud para cumplir con las obligaciones que les han impuesto, la falta de certeza jurídica de la tierra les obliga a frenar varios proyectos.

A menos que los terrenos estén a nombre del Estado, no se puede iniciar con la construcción del centro de salud ni el instituto para diversificado. Los actuales propietarios, cuenta Barrios, se han sentado a negociar, pero “no se ha establecido un monto favorable” para la venta.

 “Esto (la regulación de la propiedad de la tierra para la comunidad) no debe verse como un negocio de empresarios, sino como un fin social, para que el desarrollo llegue a estas comunidades que han estado en el olvido”, concluye Barrios. Al final de cuentas, la disputa por el territorio fue lo que dio paso a los vejámenes en contra de esta población quekchí. Disputa en la que, hasta ahora, el Estado había estado ausente.

 

 

Sepur Zarco: la vida después de una sentencia que se incumple

Publicación de Plaza Pública: Once mujeres de la comunidad de Sepur Zarco denunciaron la esclavitud sexual a la que fueron sometidas por el Ejército, y sus victimarios fueron condenados el año pasado. A finales de los años setenta reclamaron a los soldados por la desaparición de sus esposos, que exigían la propiedad de sus tierras. En respuesta fueron violadas y forzadas a trabajar para los soldados. Cuarenta años después la piedra de Sísifo sigue subiendo: la tierra sigue sin pertenecerles, siguen viviendo la marginación y el olvido estatal, y una niña de 13 años fue violada y embarazada. Una sentencia judicial las respalda, pero aún no logran que el Estado cumpla con entregarles la propiedad.

Sepur Zarco no existe en el mapa. Como muchas comunidades del país, es invisible, incluso en la cartilla geográfica oficial. La aldea está ubicada a casi 400 kilómetros de la capital, en el municipio de El Estor, Izabal. Decimos aldea, aunque oficialmente no está registrada como tal, porque es una finca privada que en papeles le pertenece a ocho personas. Sin embargo, está habitada desde hace más de medio siglo por indígenas quekchíes que la consideran su heredad.

Sin embargo, en 2016 once mujeres de la comunidad lograron llamar la atención, no solo de Guatemala, también a nivel internacional.  Las mujeres consiquieron una sentencia condenatoria contra un teniente coronel y a un excomisionado militar, por los abusos sexuales y delitos contra la humanidad que sufrieron en 1982, la desaparición forzada de siete hombres y el asesinato de una madre y sus dos hijas. Todos estos crímenes fueron cometidos por soldados con el conocimiento y la colaboración de los sentenciados. Además de la condena a 240 y 120 años de prisión para cada uno, emitida en febrero del año pasado, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó al Estado cumplir con la “reparación digna” a las víctimas y a la comunidad. Esto significa que las instituciones gubernamentales deben organizarse para llevar atención médica, oportunidades educativas y, entre otras cosas, resolver el reclamo de tierras que originó la muerte y desolación en el pueblo. Todo indicaba que las autoridades por fin se ocuparían de sus necesidades. 

Ese mandato judicial es la única oportunidad que tiene Sepur Zarco para transformar su realidad. Pero lograr que se cumpla, es otra batalla que deben enfrentar. 

 

La ruta hacia Sepur Zarco es una tragedia

Lo primero que hay que saber de esta comunidad es que es un lugar lejano, aislado y en consecuencia, de difícil acceso. Sus habitantes pagan, literalmente, el precio de su lejanía. Para llegar al centro del municipio, en El Estor, deben hacer un trayecto de casi 80 kilómetros. Empiezan en un picop, pasan por una balsa sobre el río Polochic, en jurisdicción de Panzos, Alta Verapaz, y terminan, con suerte, amontonados en un microbús que los lleva hasta El Estor. Para llegar a la capital harían falta otros 320 kilómetros en la carretera Jacobo Árbenz Guzmán.

La mayor parte del camino es de una terracería que, según el estado del tiempo, se convierte en un lodazal o en una polvareda amarillenta con zanjas y montículos imposibles de evadir. El transporte no abunda. Es común ver que los picops van sobrecargados con gente, animales y mercadería. Y que los microbuses llevan pasajeros en los techos y colgados de las puertas.

Lo dificultoso del trayecto es un hecho aceptado con resignación. El problema es que la mayoría de los pobladores no puede darse el lujo de viajar con frecuencia. Para ir y volver de El Estor hay que tener Q80 por persona solo para el transporte. A la gente le resulta más barato (Q30) y menos complicado ir y volver de Panzos.

En ambos casos las tarifas son casi imposibles de cubrir, porque la mayoría de la población percibe ingresos que no superan los Q50 diarios por persona. El dato surge de una encuesta realizada en 2016 por Mujeres Transformando el Mundo (MTM), una de las organizaciones que apoya a las víctimas en su búsqueda de justicia.

Lo grave de esta situación es cuando ocurren las emergencias. En una comunidad cercana hay una ambulancia del Ministerio de Salud, pero el enfermero, que a la vez es el conductor responsable del carro, no puede hacer los viajes gratis. El gobierno no le surte de gasolina, ni llantas o lubricantes. En una ocasión la desesperación lo llevó a cruzar la ambulancia sobre un puente, para obstaculizar el paso de los camiones cargados con la semilla de la palma de una finca cercana. Lo que buscaba era que le ayudaran a comprar llantas nuevas para el vehículo y lo logró. En menos de 24 horas la empresa Naturaceites le entregó cuatro neumáticos y un estetoscopio.

Para evitar los bloqueos que perjudican su negocio, la empresa de aceite de palma acepta fungir algunos deberes que corresponden al Estado. Por ejemplo, ofrece asistencia prenatal a mujeres embarazadas, paga el servicio de energía de algunas viviendas y ha colaborado con materiales para que se construya un salón comunal.

Lo que no atiende son las emergencias que necesitan un traslado hacia el hospital de Santa Catalina La Tinta, otro municipio de Alta Verapaz que está a 30 kilómetros de Panzos o 17 kilómetros de Telemán, una aldea de este municipio verapacense. En esos casos, el enfermero que labora para el sistema de salud pública, acepta hacer los viajes a cualquier hora del día o la noche, siempre y cuando los necesitados tengan los Q200 para el combustible de la ambulancia. Los padres de los niños por nacer cubren ese gasto con la venta de un cerdo que crían a lo largo de la gestación.

La falta de caminos en buen estado también afecta el desarrollo comercial del área y el progreso educativo de sus habitantes. Es difícil que un cartón de huevos sobreviva el recorrido, o que los jóvenes tengan los recursos suficientes para salir todos los días a estudiar el diversificado. En Sepur Zarco solo se imparte el ciclo básico.

El 3 de octubre Plaza Pública realizó la travesía hacia la comunidad. El trayecto se hizo en dos horas y media, desde El Estor. En esa ocasión el desbordamiento del Polochic había creado una laguna profunda que impedía que los vehículos pudieran llegar hasta la balsa, en jurisdicción de Panzos. Dos lancheros de la comunidad La Playa, de ese municipio, cobraban Q10 por trasladar personas y Q15 por llevar motocicletas de un lado a otro lado de la inundación. Moscas voluptuosas, del tamaño de una moneda de 10 centavos pululaban sobre las aguas, la maleza y las personas sudorientas. En esa zona la temperatura promedio es superior a los 30 grados centígrados.

“No queremos bolsas de agua, queremos un puente”, dijo uno de los balseros cuando notó que una cámara grababa su actividad. “Nos han ofrecido el puente, pero no han hecho nada” reclamaba.

 

Como los carros no podían pasar, la alternativa era llegar a Teleman y cruzar el río Tinajas, en jurisdicción de El Estor. Pero el puente había colapsado y no había señas de que alguna institución llegara a repararlo. Los aguaceros habían provocado que el afluente aumentara, sin embargo, la necesidad de cruzar obligaba a motoristas y conductores de picops a enfrentar la corriente.

Mientras los foráneos dudaban al ver el caudal, los conductores habituales asumían con naturalidad la desgracia. Colocaban la doble tracción y se sumergían sin miedo con pasajeros y carga. Casi la mitad del carro quedaba bajo el agua. A paso lento, 100 metros se cruzaban en una curva irregular para evadir lo más profundo. Eran 40 segundos de tensión hasta emerger. Al salir nadie se detenía a analizar los daños. Desde ahí seguía el trayecto, unos minutos más hasta encontrar el pueblo o salir de él.

Tierra, salud, educación

En Sepur Zarco viven 1,419 personas. Ese es el registro más actualizado que existe, a partir del censo que elaboró MTM.

Lo primero que se nota al llegar a la comunidad es la soledad de las calles. El silencio es tan marcado que parece un pueblo fantasma. Las casas son todas de madera con techo de paja o lámina y muchas están incrustadas entre la maleza o en pequeñas cordilleras. Los habitantes no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, sanitarios o desagües. Por eso no extraña que las diarreas y vómitos sean los males que aquejan a la mayoría. En casi todas las casas hay una radio, pero están lejos del uso de internet. En el pueblo solo funciona la red de telefonía Tigo.

Desde la sentencia las mujeres de Sepur Zarco aguardan a que las condiciones de su pueblo cambien. El Tribunal ordenó 15 medidas de “reparación digna” en beneficio de las víctimas y la comunidad.

El ministerio de Salud debe construir un centro de salud, y el Ministerio de Educación (Mineduc), reparar las instalaciones de las escuelas de primaria, facilitar becas de estudios para jóvenes, instalar un instituto bilingüe para bachillerato e incluir en sus cursos de estudio la historia de lo que sucedió en la comunidad. Ni el centro de salud ni el instituto se pueden construir en este momento, porque las tierras son propiedad privada y el Estado solo puede edificar en terrenos públicos.

El Mineduc no ofreció detalles del cumplimiento de los otros compromisos que le asignaron. Lo único que se sabe es que la entidad autorizó a la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg) la publicación e impresión de dos mil ejemplares del cómic “La luz que vuelve”. Un texto que, en 38 páginas, resume con viñetas y apuntes históricos la lucha campesina por la tenencia de la tierra, el conflicto armado interno y la desaparición forzada de varios líderes comunitarios. El texto será distribuido entre estudiantes del nivel básico de Sepur Zarco y comunidades aledañas.

 

Mientras tanto, el proceso de legalización de las tierras está de nuevo en pausa. María Luisa Rivera Castellanos, Alma América Morales Valladares viuda de Botran, Venancio Botran Lancho, Carmen Ana Botran Lancho de Alejos, Aurora Inocencia Valdizan Botran de Herrera, Ana Margarita Valdizan Botran de Gutiérrez, Olga Valdizan Botran de Gutiérrez y María del Carmen Valdizan Botran, que figuran como los dueños legales de Sepur Zarco, le aseguraron a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que tienen disposición de vender. Pero no han dicho a qué precio.

La SAA informó que al recibir la propuesta económica realizarán su propio avalúo y después elevarán la información al Organismo Ejecutivo, porque no se sabe cómo o de qué entidad saldrán los fondos para hacer la compra. Si no se puede comprar a través del Fondo de Tierras, podría hacerse a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Programa Nacional de Resarcimiento o del Fondo Indígena. Sepur Zarco es un terreno de 29 caballerías, 46 manzanas y 2,939 varas cuadradas.

Cronología del reclamo de tierras

La finca donde se ubica Sepur Zarco pertenece a ocho personas. Es un terreno privado que el Estado debe adquirir para entregar en propiedad a las familias, de acuerdo con la sentencia. Los líderes comunitarios informaron que en 1964, aproximadamente, ocuparon la finca Sepur Zarco, ubicada en El Estor Izabal. Afirmaron que eran hijos de mozos colonos que habían trabajado para los propietarios de la finca. Por nacer en el lugar, adujeron el derecho sobre el inmueble.

2007 se abrió el caso en la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)
2009 La SAA realizó un análisis jurídico y un estudio técnico, en el que se confirmó que había traslapes con las fincas San José Panorama, China Migro y San Miguel Cotoxja. Se estableció que había otros conflictos con las fincas China Pancala y Manguito II. A través de un acta, entre todas las comunidades que residen en esas fincas, se logró un consenso para resolver los traslapes.
2014 la SAA logró comunicación con María Luisa Rivera Castellanos, identificada como representante de los propietarios de la finca. Ella aseguró que están anuentes a vender.
2016 una sentencia en favor de las mujeres que denunciaron abusos sexuales y esclavitud doméstica, contempla que el Estado debe garantizarles el derecho a la tierra, entre otros.
2016 se identificó que existía un usufructo vitalicio sobre una de las copropietarias y un embargo precautorio sobre la finca, los cuales ya fueron resueltos en el Registro General de la Propiedad.
2017 Los copropietarios tienen pendiente trasladar la “carta de oferta” con la cifra que han establecido para la venta de la finca Sepur Zarco al Estado. 

 

La lucha de las mujeres

En julio de 1982 el Ejército instaló un destacamento de recreo para los soldados en Sepur Zarco. Según los testimonios recogidos por MTM, los pobladores que no huyeron fueron obligados a construir la nueva sede militar con los materiales de sus casas, las iglesias y la cooperativa.

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El 25 de agosto de ese año, durante la fiesta patronal de Panzos, desaparecieron varios hombres. Las mujeres de la comunidad y poblados próximos al destacamento pedían información de sus esposos, pero a cambio sufrieron violaciones sexuales y fueron obligadas a cumplir turnos de trabajos domésticos durante varios meses. 

Rosario Xo, de 57 años, una de las mujeres que denunció los abusos sexuales y la desaparición de su esposo, sueña con el momento en que le asignen un lugar dónde vivir. Actualmente está como huésped de su hermana en la comunidad San Marcos. “No hemos visto nada desde que ganamos el juicio”, se queja. “Queremos el centro de salud, que todo sea más accesible. Necesitamos verlo ahora que estamos vivas”, expresa a través de un traductor.

La mayoría de mujeres son ancianas. Las más jóvenes tienen 57 años, y están aquejadas por diversas enfermedades. Su condición económica es precaria, como la del resto de la población.

MTM no las ha dejado solas. Su directora ejecutiva, Paula Barrios, está preocupada porque se cumplan las medidas de reparación que, acentúa, son “transformadoras” en beneficio de la niñez y juventud, porque en las condiciones actuales “no tienen oportunidad de hacer un proyecto de vida”.

En la actualidad, los jóvenes solo pueden aspirar a un trabajo en los campos de palma de Naturaceites, que están a un par de kilómetros de la comunidad. Incluso si se gradúa del diversificado, un joven no puede conseguir empleo con facilidad.

Eliseo, por ejemplo, a sus 21 años tuvo que regresar a vivir al pueblo después de cuatro años de trabajar en la capital. Su último empleo fue como vendedor ambulante de pollos. Recapacitó, dice, y resolvió que eso no era lo que quería hacer el resto de su vida. Ahora, asegura, “tengo una meta que cumplir”. Quiere graduarse de bachiller para aplicar a una plaza como policía. Este año concluirá tercero básico en el instituto vespertino de Sepur Zarco.

Al terminar sus estudios volverá a la capital. Quizá encuentre un empleo como ayudante de almacén. Necesita un salario que le ayude a cubrir los gastos de los estudios y de un cuarto en donde pueda vivir.

Si no sale de Sepur Zarco, no podrá cumplir su meta. La situación de las mujeres jóvenes es más difícil y predecible. Casarse, tener hijos, atender el hogar.

El maestro Everardo Choc, un mil usos en el instituto, –imparte los cursos de matemáticas, ciencias naturales, artes plásticas, física y contabilidad a 166 alumnos– reconoce que entre la población todavía existe la creencia de que la educación solo puede ser aprovechada por los hombres. “Las mujeres se casan jóvenes y no llegan más allá de tercero básico”, explica.

Esa es la realidad que la sentencia de Sepur Zarco, pretende transformar.

 

La niña del vientre que crece

Después del juicio de las 11 mujeres que denunciaron la desaparición de sus esposos y los abusos sexuales y la servidumbre doméstica, se esperaría que no ocurran más vejámenes. Que las lecciones del pasado sirvan para construir un futuro mejor, pero la realidad es distinta a lo que se espera.

En abril de 2017 el ministerio de Salud asignó de forma provisional una clínica móvil con dos enfermeros, para que la población pudiera obtener asistencia y medicina gratuita. Gracias a esa clínica, se descubrió que una niña de 13 años estaba embarazada. La pequeña, de ojos grandes, cabello oscuro hasta los hombros, que viste andrajos, hizo la fila el 30 de agosto, cuando los doctores cubanos llegaron para realizar una jornada médica.

Los vecinos ya habían notado que su vientre crecía. Le preguntaban pero ella nunca respondía. Aura, la enfermera, convenció a la pequeña para que se subiera a la camilla, se levantara la blusa y se dejara revisar. Le midieron el vientre y calcularon que llevaba cuatro meses de gestación.

Aura empezó a escribir los datos de la paciente y le creó una ficha médica. Le entregaron un blíster de pastillas prenatales que a la semana siguiente devolvió vacío. No se sabe quién fue el abusador, pero hay varios sospechosos. La niña vive de la caridad de los vecinos del pueblo. Cuentan que su madre tiene casi una decena de hijos que atender y ella, la niña embarazada, le resulta difícil de controlar. En la clínica sospechan que tiene una enfermedad mental. No retiene información, no responde a las preguntas. Ella está presente, pero su mente está en otro lugar.

“Ella hace lo que quiere, llega sin invitación a las casas, se queda a comer y solo se devuelve a su casa a dormir”, son algunas de las quejas contra ella. La enfermera y otras mujeres sospechan que en una de esas visitas alguien se aprovechó de su inocencia y la dejó embarazada. No se sabe si la niña comprende su condición. Cuando encuentra una banca de madera, sin reservas se recuesta boca abajo.

Ramos Sub, el alcalde o presidente (así le llaman, porque es la máxima autoridad en ese lugar) dirige el Consejo Comunitario de Desarrollo. Reunió a las demás autoridades para plantear la situación de la niña. “No es justo que la mamá de la muchacha se haga cargo sola del niño”, dice. El caso es más serio de lo que piensa. La niña fue abusada sexualmente, y la ley Contra la Violencia Sexual estipula que se le debe dar acompañamiento legal, médico y protección estatal para evitar que los abusos se repitan.

Nada de eso ha sucedido. MTM ha tomado el caso y se ha topado con un Estado que no ofrece opciones para niñas abusadas, embarazadas y con discapacidad. La única solución que plantean es trasladarla a un hogar en Cobán en los próximos meses. Mientras, la pequeña de ojos grandes, cabello negro y mirada perdida camina sola por las calles. Su embarazo es de alto riesgo debido a su edad. El enfermero que maneja la única ambulancia de los alrededores, dice que no podría tener un parto natural debido a su edad y constitución física, porque eso pondría en peligro su vida. Su futuro está en riesgo.

 

Olvidar el pasado

Aunque las 11 mujeres ahora sonríen y tienen un semblante más animado, todavía hace falta que el Estado les provea atención médica y psicológica. Porque ¿cómo se supera una violación, o más bien las violaciones repetitivas y la desaparición de un ser querido?

A Matilde Sub, de 57 años, todavía se le humedecen lo ojos con facilidad cuando recuerda. Ese ardor que producen las lágrimas resulta contagioso.

Aunque no quisiera recordar, es inevitable. La herida no está del todo sanada, porque su esposo nunca apareció. La ausencia y el recuerdo de los meses que pasó en la montaña, del sufrimiento de los niños que no tenían qué comer, es una herida que todavía supura.

Le duele mucho más que la reparación que merecen y que se ha ordenado judicialmente sea tan tardada. Sin embargo, ahora se puede quejar sin miedo a represalias.

Mariano Mez, un líder comunitario de Sepur Zarco, cuenta que su padre y su hermano colaboraban con alimentos a la guerrilla a finales de la década de 1970. En una ocasión regresaban del campamento insurgente cuando se detuvieron a comer un pedazo de sandía en las cercanías de un río. Un grupo de soldados los vieron y dispararon sin darles oportunidad de hablar. Su hermano vivió para contar la tragedia, aunque el sonido de los disparos le provocó sordera en uno de sus oídos.

Su madre, una mujer de 90 años que fue testigo en favor de las 11 mujeres durante el juicio, porque también fue obligada a la servidumbre doméstica en otro campamento militar, obligó  a todos sus hijos a volver al pueblo. No creía que pudieran sobrevivir en la montaña, así que regresaron con la resolución de vivir o “que los soldados nos acaben”. De esos años difíciles quedan la memoria y dos fotografías pegadas en la pared de madera de la casa en donde viven. Una es de Mariano Mez Chub, asesinado el 11 de agosto de 1983 y otra de Mariano Mez, hijo, con un fusil en el regazo. Un recordatorio de su breve paso por el movimiento guerrillero.  

Aunque los hechos del pasado se están juzgando, todavía hace falta que la comunidad comprenda la importancia del juicio y las consecuencias que les traerá.

A finales de septiembre la comunidad participó en una reunión conciliadora en donde un grupo de señoras pidió disculpas por haber desmentido, sin argumentos, el testimonio de las 11 víctimas que participaron en el juicio.

Las señoras fueron invitadas a un programa de televisión en VEA canal, en la capital, para contar “la otra versión” de los hechos. No se sabe quién las convenció para rebatir a sus compañeras, pero la intención era clara: restarle responsabilidad al teniente coronel Esteelmer Reyes y al excomisonado militar Heriberto Valdéz Asig, que fueron condenados y están obligados a pagar un resarcimiento económico a cada víctima y sus familias.

Después de las disculpas, la reunión terminó en abrazos y armonía. Las 11 mujeres aseguran que en sus testimonios dijeron la verdad. Saben que tienen que enfrentar oposición, pero no están dispuestas a retractarse.

Matilde Sub reconoce que “muchos hubieran querido participar (en el juicio), pero tuvieron miedo”. Ella, en cambio venció el temor y habló. Ahora forma parte de la colectividad Jalok U´ (rostro transformado en quekchí), en conjunto con las otras diez víctimas que denunciaron.

Ese colectivo ha sido premiado y nominado a distinciones nacionales e internacionales.

En 2016 recibieron la Orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera, que entregó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). En octubre de 2017 fueron nominadas al Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

En Jalok U´, doña Matilde ha descubierto que su voz cuenta. Que su testimonio no fue poca cosa y que puede marcar la ruta para que otros delitos sexuales cometidos durante el conflicto armado, también sean juzgados. Incluso, el impacto de su testimonio ha logrado que dentro de su comunidad se les reconozca con voz y poder de decisión. Un legado que, se esperaría, pueda alcanzar a sus nietas.

Mientras arman los planes de emprendimiento económico junto a MTM, para que puedan cambiar su estilo de vida, doña Matilde concluye con una reflexión que aprendió en su vejez:  “Tenemos derecho a buscar o quejar por justicia. Cuando fui a reclamar por mi esposo no me dieron el derecho. Ahora en adelante ya no podemos recibir los abusos de los hombres”. 

 

Ley de Protección a la Niña

Guatemala ha evolucionado en el marco de la protección a los Derechos de la Niñez y adolescencia, siendo signataria de Tratados y suscrita a convenciones y conferencias en donde ha asumido el compromiso de erradicar conductas discriminatorias por razón de género.

Sin embargo los esfuerzos realizados no permiten garantizar la protección total a los derechos de las niñas, particularmente a vivir libre de violencia sexual, problema que enfrentan miles anualmente, delito que además del daño físico y psicológico, conlleva en muchos casos un embarazo y una maternidad forzada, circunstancia que agravan las condiciones vitales de las niñas y adolescentes.

Toda niña y adolescente tiene el derecho a desarrollarse en torno a su proyecto de vida y que este se construye mediante un proceso permanente de toma de decisiones y reflexiones, aspiraciones y capacidades acordes a la edad y condiciones que tienen que garantizárseles.

En la actualidad miles de niñas han sido víctimas de violencia y violación sexual,  datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- revelan que de enero a agosto se realizaron más de 2 mil 700 exámenes médicos por delitos sexuales a niñas y adolescentes.

Según datos del Registro Nacional de Personas RENAP y monitoreo del OSAR, de enero a julio de 2017, se registraron más de mil 200 inscripciones de nacimientos de madres entre 10 y 14 años de edad.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, Más de un millón de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en América Latina y el Caribe y una de cada cuatro ha contraído matrimonio antes de los 18 años.

Con el objetivo  de contribuir a que el Estado proteja la dignidad, la libertad, la igualdad y la integridad de toda niña y adolescente para garantizar su proyecto de vida, se presentó  La Ley de Protección a la niña, que  tiene por objeto  restituir los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas que a consecuencia de ello enfrentan un embarazo forzado y maternidad forzada, por medio de acciones interinstitucionales que permitan alcanzar la reparación digna y transformadora, creando y promoviendo las condiciones para garantizar  su proyecto de vida.

Toda niña debe ser protegida por medio de acciones interinstitucionales que permitan alcanzar la reparación digna y transformadora creando y promoviendo las condiciones adecuadas para garantizar su proyecto de vida, ya que la finalidad de la Ley es Contribuir a que el Estado proteja la  dignidad, la libertad, la igualdad y la integridad de toda niña y adolescente para garantizar su proyecto de vida.

 

Guatemala 03 de noviembre de 2017

 

 

 

 

 

 

#LeydeProtecciónalaNiña

 

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Exigimos Justicia para Carla Reyes

La falta de políticas de Estado para garantizar el derecho a la seguridad de toda persona, ésta se agudiza aún más en ciertos grupos vulnerables como lo es la Comunidad LGBTI (Lesbianas Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), que sufren diferentes tipos de violencia quedando en un nivel de impunidad su investigación y sanción.

Durante el 2016, la Unidad contra Delitos de Discriminación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) registró 25 denuncias de la comunidad LGBT y hasta febrero de 2017 registraban 1 denuncia. Estas denuncias legitiman el nivel de impunidad que se ha generado hacia ciertos grupos vulnerables.

Por otro, se hace necesario evidenciar la discriminación durante el proceso que se ejecuta en el caso de Carla Reyes, puesto que durante la etapa de  investigación y de etapa intermedia el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios Izabal, negó el cambio de la calificación jurídica del delito de homicidio al delito de femicidio solicitado por la  Asociación Mujeres Transformando el Mundo, quienes fungen como querellantes en el proceso, esta negación instó  a la interposición de dos acciones constitucionales de amparo mismas que fueron declaradas sin lugar.

El 30 de agosto 2017, dio inicio el debate oral y público, donde alrededor de 7 audiencias ya han sido diligenciadas el proceso, este  jueves 1 de noviembre se lleva a cabo la audiencia de continuación de debate, en donde se emitirá las conclusiones en contra de Julio Arnoldo Morán Rivera, acusado del delito de Homicidio, en contra de  Carla Reyes -Carlos Humberto Reyes García- con  quien en ese entonces mantenía una relación formal con Morán Rivera.

Para Roberto Galindo de la Asociación Alli de Puerto Barrios Izabal,  significa un paso importante en que se lleve a la justicia el asesinato de una de sus compañeras de la Diversidad Sexual, además se sienta un precedente importante tanto para el departamento como a nivel nacional.

Galindo indicó que en la actualidad el sistema de justicia es débil e indiferente a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, ya que existen otros casos de integrantes de la comunidad que viven violencia pero por temor y por falta de respuesta a una justicia pronta  no se registran las denuncias formales.

El representante de la Asociación Alli indicó que los derechos humanos son iguales para todas y todos sin embargo quienes tienen identidad de género diferente al que la sociedad está acostumbrada son más vulnerables a la violación a sus derechos. Señaló que exigen políticas públicas de Estado para garantizar sus derechos.

Las demandas históricas de la comunidad LGTBI giran en torno al respeto, igualdad, acceso al derecho de la familia, a su identidad de género, apoyo en cobertura de gastos por enfermedades, entre otras demandas.

Para Mujeres Transformando el Mundo -MTM- ha sido un reto, puesto que el proceso penal como tal carece de enfoque de derechos humanos y especialmente de la Comunidad LGBTI, por esa razón para –MTM- consideramos que debe nombrarse el cruel femicidio hacia la vida de Carla Reyes.

Buscamos justicia para Carla Reyes, quien en el marco de las relaciones desiguales de poder fue brutalmente asesinada por su conviviente, por ellos seguimos exigiendo justicia.

Exigimos una vida sin violencia para las niñas y niños

En la actualidad la mayoría de la niñez y adolescencia en Guatemala vive sin una protección integral. 

Datos revelan que en los últimos meses se han incrementado los casos de diferentes tipos de violencia en contra la niñez y adolescencia.

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- revelan que cada día mueren 2 niños y niñas promedio por causa de la violencia, 40 niños quedan huérfanos de algunos de sus padres, se reportan 31 casos de maltrato infantil y 23 abusos sexuales.

Según fuentes oficiales sólo de enero a junio de 2017 se registran 1,138 inscripciones de nacimientos  de madres entre 10 a 14 años de edad, significa que se ha incrementado la violación sexual hacia niñas y adolescentes que están teniendo un embarazo forzado y una maternidad forzada.                                                                                                                                                                        

En el año 2016, Guatemala como país figuraba en el cuarto lugar a nivel latinoamericano y el noveno a nivel mundial con mayores niveles de desigualdad, debido a la concentración de riquezas en pocas manos y al aumento de la pobreza, según lo reveló el Banco Mundial.

Aunque Guatemala cuenta con leyes a favor de la niñez y ha ratificado convenios internacionales para proteger y garantizar una vida integral para la niñez y adolescencia hasta el momento existe poca voluntad política para invertir y garantizar  los derechos fundamentales de todo niño, niña y adolescente.

En el marco del 1 de octubre Día en que se celebra la vida de los niños y las niñas, como Asociación Mujeres Transformando el Mundo que velamos por una justicia sensible al género, exigimos:

Políticas e inversión pública encaminadas a garantizar la vida e integridad física y psicológica de todo niño, niña y adolescente.

 

Guatemala, 1 de octubre de 2017

Ante la Amenaza Cierta, Inminente y Determinada

A través de una Acción Constitucional de Amparo presentada la madrugada del lunes  18 de septiembre de 2017 ante la Corte de Constitucionalidad, Mujeres Transformando el Mundo solicitó que el Presidente del Congreso de la República  Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán  se abstengan de modificar, reformar y/o derogar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en relación a la Remoción de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público;  y que la Corte Suprema de Justicia a través del Presidente Nery Medina se abstenga de dar trámite a denuncias espurias y frívolas, que atenten contra la función autónomo de la Fiscal General.

La labor de la Fiscal General Thelma Aldana ha sido en fiel cumplimiento de la ley actuando bajo los parámetros que la misma establece, circunstancias que pueden no ser del agrado de quienes se ven involucrados  en procesos penales quienes a través de estas acciones pretenden debilitar la función del Ministerio Público y desestabilizar la seguridad ciudadana.

Por lo que Mujeres Transformando el Mundo SOLICITA en calidad de urgencia al máximo Tribunal Constitucional que otorgue Amparo Provisional y con ello evitar el diligenciamiento de denuncias espurias y actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, por parte de la población guatemalteca y los mismos funcionarias y funcionarios  públicos, a quienes el ejercicio de la función de la Fiscal General toque sus intereses particulares y pretendan iniciar  denuncias que atente contra la autonomía y el estricto cumplimiento de las leyes.

En el año 2016 la CIDH recomendó al Estado de Guatemala “adoptar medidas necesarias para que la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, pueda desarrollar sus actividades como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos. Ya que la lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. 

Reconocimiento a la labor de juezas y magistradas

La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la justicia en Guatemala, reconoció la labor de juezas y magistradas por su valioso aporte para el acceso a la justicia de las  mujeres en Guatemala, dicho reconocimiento se realizó durante el foro: Magistradas y Juezas aportado a la buena gobernanza en el País.

Entre las magistradas y juezas que fueron reconocidas por su trabajo están: Delia Marina Dávila Salazar, María Eugenia Morales Aceña, Silvia Verónica García Molina, Iris Yassmin Barrios y Ericka Lorena Aifan.

Durante la actividad se enfatizó la lucha que realizaron mujeres y hombres para que se reconociera el derecho de las féminas en la participación al igual que los hombres. Sin embargo aún se sigue negando la participación de las mujeres en espacios políticos y de toma de decisión. Ver galería de fotos

“La participación de la mujer en general sigue siendo limitada a pesar de que somos el 51% de la población en general y para las mujeres indígenas, mayas, garífunas, afro descendientes y xincas es aún más limitada la participación”. Señaló Ana Silvia Monzón ponente en el foro donde fueron homenajeadas las juezas y magistradas.

Asimismo recordó que fue hasta 1991 que fue electa la primera diputadas indígena Licda. Ana María Xujá. “Las mujeres queremos, exigimos y merecemos más.  Si somos la mitad de la población debemos estar representadas en igual medida, si aportamos con nuestro trabajo desde la casa, la fábrica, la oficina, el comercio, el campo, esto se debe reconocer y valorar”. Enfatizó.

Por su parte las representantes de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, señalaron que es fundamental continuar la lucha por la independencia judicial y por el fortalecimiento del estado de derecho.

Durante el desarrollo de la actividad se entregó reconocimiento a cada jueza y magistrada y se reconoció su trabajo y aporte para el sistema de justicia en el país e indicaron que desde las mujeres organizadas les acompañan en cada reto y en cada desafío y les instaron a continuar forjando el camino para que otras mujeres puedan incursionar en el ámbito de justicia.

Asimismo indicaron que estarán vigilantes del proceso de elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia y en el marco de la transparencia dicha elección sea un acto público para que la ciudadanía pueda observar el proceso.

Nosotras estamos llamadas a unirnos, honrar a nuestras ancestras en este camino, celebrar su valentía y compromiso, hacer un pacto para que avancemos en el conocimiento y ejercicio de nuestra ciudadanía, TODAS, todos los días, en todos los espacios.  Se lo debemos a ellas, a nosotras y a las que vienen.

Convoquémonos a esa alianza, a ese pacto: para desanudar, soltar amarrar apelar a la ternura reivindicar la alegría declarar la autonomía de los cuerpos que ya no admitirán más uniformes liberar la risa encontrarse las miradas juntar las manos para tejer en colectivo para construir para crear para recuperar la dignidad. Ana Silvia Monzón  

Justicia después de 10 años

Dos mujeres víctimas de violación sexual tuvieron que esperar diez  años para que se les  hiciera justicia. Los hechos ocurrieron en el mes de enero del año 2007 en el caserío Che Cruz de la Aldea Tojlate del municipio de Colotenango departamento de Huehuetenango.

Este lunes 11 de septiembre se condenó a 14 años de prisión inconmutables a Andrés Pérez Ramírez por el delito de violación con agravación de la pena.

Durante el proceso se tuvo que enfrentar varios obstáculos en el sistema de justicia por lo que Mujeres Transformando el Mundo como querellante tuvo que interponer amparos uno de ellos fue interpuesto después de que el Juez de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Huehuetenango rechazara determinados medios de prueba ofrecidos.

Una de las pruebas que el juzgador no quería aceptar  fue el peritaje cultural con enfoque de género sobre la violencia sexual analizando los hechos y su impacto en la vida de las agraviadas, como víctimas colaterales, las mujeres a la luz de patrones culturales y el marco jurídico guatemalteco.

Dicho peritaje sumó elementos  de contextualización de la forma en que se cometieron los delitos de violación en contra de dos mujeres jóvenes.

Para Mujeres Transformando el mundo es un reto continuar exigiendo justicia para toda mujer víctima de violencia y violación sexual y superar todos obstáculos que se enfrentan durante los procesos, porque el derecho a la justicia para toda mujer debe ser respetado.

Se tiene previsto que la audiencia de reparación se lleve a cabo el 14 de septiembre y la lectura íntegra de la sentencia el 18 de septiembre de 2017.

Del año 2007 a la presente fecha en Huehuetenango hay más de tres mil denuncias de violencia contra la mujer  y violencia  sexual de las cuales no hay avances significativos en las investigaciones.